El Consell aprueba un convenio para que el alumnado de la Universitat de València realice prácticas externas en fiscalías de la Comunitat Valenciana
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- El acuerdo contribuye a mejorar la formación de los y las estudiantes universitarios y facilitar su acceso a las sedes de las fiscalías
El Pleno del Consell ha autorizado un convenio entre la Conselleria de Justicia e Interior, la Universitat de València (UV) y la Fiscalía General del Estado para realizar prácticas externas curriculares y extracurriculares en las sedes de las fiscalías de la Comunitat Valenciana por parte del alumnado matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o máster que imparte la propia universidad.
Por su parte, la Conselleria se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de las fiscalías.
La universidad se compromete a que la persona o personas que ejerzan la tutoría de las prácticas por parte de las fiscalías pueda disfrutar de los derechos correspondientes en el marco de la normativa propia de la universidad que sea de aplicación.
La colaboración que presta la Fiscalía estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del centro donde se realicen las prácticas externas.
Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán las prácticas en las fiscalías.
Con este convenio se contribuye, por un lado, a mejorar y perfeccionar la formación de los y las estudiantes universitarios, se facilita su acceso y conocimiento de las funciones que desempeñan los y las profesionales de la Fiscalía.
Por otro, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 52ª de la Ley General de la Seguridad Social, evitar que la Generalitat, como institución en la que se desarrollan las prácticas, deba asumir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, reflejando expresamente en el convenio que dicha obligación corresponderá a la universidad.
Estas prácticas resultarán de interés para la formación de nuevos profesionales que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia.
El convenio tiene una validez de cuatro años prorrogables.
