RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2025, de la Dirección General de Personal, por la que se modifica la resolución de 23 de enero de 2024 de la directora general de Personal, por la que se publica, conforme al acuerdo del órgano técnico de selección del concurso-oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de auxiliares de gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat (C2-S01), funcionarios/as de administración general, dependientes de la Conselleria de Sanidad, la relación de aspirantes con la puntuación definitiva obtenida en el proceso selectivo.

          Mediante resolución de la directora general de Personal, conforme al acuerdo del órgano técnico de selección del concurso-oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de auxiliares de gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat (C2-S01), funcionarios o funcionarias de administración general, dependientes de la Conselleria de Sanidad, se publicó la resolución definitiva del concurso-oposición por el orden de puntuación total alcanzada.

          A la vista de exclusiones de aspirantes que afectan a la mencionada resolución de 23 de enero de 2024.

          En uso de la competencia atribuida por el artículo 18 del Decreto 22/2025, de 11 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad,

 

 

RESUELVO

 

          Publicar en el anexo I, de forma íntegra, con las modificaciones correspondientes las citadas exclusiones, el listado definitivo del concurso-oposición, por el orden de puntuación total alcanzada.

 

          La presente resolución pone fin a la vía administrativa y, contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que las personas interesadas puedan hacer uso, en su caso, de cualquier otro que estime procedente.