RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2024, de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por la cual se deja sin efecto la publicación de la corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2024, del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, del informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas en la parcela 97 del polígono 53 del término municipal de Crevillent. Expediente: (3301108) 003/2024/AIA, insertado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9885, de fecha 4 de julio de 2024.

 

 

RESUELVE

 

          Dejar sin efecto la publicación insertada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  número 9885 de fecha 4 de julio de 2024, referente a la corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2024, del director general de Uranismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, del informe de impacto ambiental del proyecto de sondeo para captación de aguas subterráneas en la parcela 97 del polígono 53 del término municipal de Crevillent. Expediente: (3301108) 003/2024/AIA [2024/5926], dado que se ha producido de forma extemporánea al no haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana  la resolución afectada.

          

          Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio u órgano en quien se delegue, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcurridos tres meses desde el día siguiente a la interposición del recurso de alzada sin que éste haya sido resuelto, podrá entenderse desestimado y se podrá interponer un recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, en el plazo de seis meses. El plazo será de dos meses si la resolución es expresa. Todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y en el artículo 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa,