RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2024, por la que se provee por el sistema de libre designación el puesto de trabajo vacante 27771, anunciado por la convocatoria 97/2024, Resolución de 3 de junio de 2024, de la Dirección General de Función Pública (DOGV 9867, 10.06.2024).

          La persona idónea para el desempeño del puesto de trabajo n.º 27771 con carácter definitivo, dado que ya se encuentra ocupando el puesto en la actualidad cumpliendo las tareas y los objetivos de manera satisfactoria, es el funcionario de carrera Vicente Puchades Martí.

          Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 115 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, y el artículo 62 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell que aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, en virtud de la competencia legalmente conferida,

 

 

RESUELVO

 

          Nombrar a Vicente Puchades Martí, funcionario de carrera del subgrupo A1- 01 con DNI ***3229** como jefe de servicio de Informes y Actividad Parlamentaria, en el puesto de trabajo número 27771, subgrupo A1, sector general (G), nivel competencial nivel 28 y complemento específico E050, adscrito a esta conselleria.

          La toma de posesión se producirá al día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

          Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o bien, recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de València, o ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.