El Departamento de Justicia y Derechos Humanos destina 334.259 " a los Colegios de la Abogacía Vasca para garantizar en 2025 la asistencia jurídica a las personas reclusas (Consejo de Gobierno 13-05-2025)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una partida de 334.258 € para la concesión de una subvención directa a los Colegios de la Abogacía Vasca para financiar el Servicio de Asistencia Penitenciario a personas internas en los centros penitenciarios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa durante el año 2025.
Esta partida, impulsada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos a propuesta de la consejera María Jesús San José, aporta para 2025 la financiación para seguir ofreciendo el servicio de orientación y asistencia legal a las personas reclusas en los centros penitenciarios de Euskadi, en el marco del convenio firmado el 19 de junio 2024 con los Colegios de la Abogacía vasca, que tiene una vigencia hasta 2027.
Un servicio pionero
Euskadi es la única comunidad autónoma que ofrece un servicio de estas características y lo hace desde 1987, cuando se implantó por primera vez en el Centro Penitenciario Bizkaia, en Basauri, tras un acuerdo entre el Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico y el Colegio de Abogados de Bizkaia. La buena evolución del servicio llevó, en 1989, a la firma de acuerdos con los Colegios de la Abogacía de Araba y Gipuzkoa para extender la atención a los centros penitenciarios Araba, en Nanclares de Oca y Gipuzkoa, en Martutene.
El convenio que se firmó en 2024, que tiene cuatro años de duración, estableció por primera vez un marco jurídico para la colaboración entre la Administración Penitenciaria vasca y los colegios de abogacía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Hasta entonces, aunque el servicio llevaba funcionando desde 1987, no existía una base legal que regulara esta colaboración.
