La colaboración público-privada se afianza como palanca clave para ampliar el parque de vivienda asequible en Euskadi

En un contexto marcado por el incremento de los precios del alquiler, la precarización del mercado laboral y la escasez de suelo disponible, el Gobierno Vasco, a través del Observatorio Vasco de la Vivienda y en colaboración con la Universidad del País Vasco, ha presentado un exhaustivo estudio que pone el foco en la colaboración público-privada como una vía necesaria para dar respuesta estructural al déficit de vivienda asequible.

El documento analiza en profundidad los mecanismos actuales de colaboración público-privada, el contexto normativo internacional, estatal y local, y compara las políticas implementadas en Euskadi con modelos de éxito europeos, proponiendo una hoja de ruta para consolidar un modelo vasco propio, orientado por misión y basado en los principios de sostenibilidad, equidad y función social de la vivienda.

En palabras del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, "hoy más que nunca es importante tratar de dotar a Euskadi de nuevos instrumentos de colaboración público-privada para financiar grandes proyectos de vivienda protegida". En ese sentido, ha reconocido que "en muchas ocasiones hemos dicho que la administración sola no va a poder acometer las inversiones que serán necesarias, pero a la vez, la actual es una circunstancia muy propicia para que el Gobierno acuerde, junto a entidades como el Banco Europeo de Inversiones o el ICO, la constitución de un gran fondo social que ayude a apalancar capitales privados que tengan la vocación de permanencia a largo plazo y sean sensibles a la función social de la vivienda protegida", ha destacado Itxaso.

En los últimos meses el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana viene trabajando junto al de Hacienda y Finanzas en la constitución de un nuevo instrumento financiero que reúna estas características y que pueda dar respuesta al desafío que representará la reserva estratégica de suelo que está previsto conformar en esta legislatura. Y es que "uno de los tres grandes pilares de la política de vivienda en el presente mandato, junto a la ley de medidas urgentes y la declaración de zonas tensionadas, será dotar a las instituciones vascas de nuevos instrumentos de financiación a gran escala para poder responder al desafío de inversión que representa la necesidad de recrecer el parque de vivienda protegida al ritmo que fija el Pacto Social por la Vivienda", ha expresado el consejero.

En referencia al informe, Itxaso señala que "los datos hablan por sí solos: en el País Vasco, el 74,8% de las personas inscritas en Etxebide destina más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, superando el umbral considerado como sobreesfuerzo económico. El 33,1% de los arrendatarios supera incluso el 40% de su renta mensual en este gasto, lo que lleva al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana a redoblar sus esfuerzos y avanzar, con mayor ambición, en la búsqueda de soluciones estructurales que permitan recrecer la oferta, al tiempo que protegemos a inquilinos e inquilinas".

El perfil de inquilino afectado por esta realidad es diverso: jóvenes, personas migrantes, familias monoparentales y hogares con ingresos intermedios o bajos. El estudio subraya que el alquiler libre no responde a las necesidades habitacionales actuales, y que el mercado protegido es aún insuficiente en volumen.

Asimismo, el informe destaca la evolución del rol del Estado y las instituciones públicas, pasando de ser reguladores pasivos a actores proactivos en la creación de mercados. Bajo este enfoque del "estado emprendedor", Itxaso defiende que "el sector público debe liderar inversiones estratégicas para generar un ecosistema de vivienda asequible, atrayendo también a agentes privados y del tercer sector mediante fórmulas de corresponsabilidad".

Desde 2021, el Gobierno Vasco ha priorizado la vivienda en alquiler como eje central de su política habitacional. Programas como Bizigune, ASAP, Gaztelagun o la nueva Prestación Económica de Vivienda forman parte de una estrategia integral para asegurar el acceso a la vivienda, ampliar la oferta de alquiler asequible y asegurar su sostenibilidad.

Colaboración público-privada: una estrategia de éxito en el ámbito europeo

El estudio plantea la necesidad de evolucionar del modelo "parasitario", donde el sector privado se beneficia de recursos públicos sin compromisos a largo plazo, hacia un modelo "simbiótico", en el que se comparten riesgos, responsabilidades y beneficios. Entre las fórmulas analizadas destacan los contratos de colaboración entre administración y agentes privados para la construcción y gestión de viviendas con rentabilidad controlada (alquiler asequible), y las entidades mixtas de participación público-privada, donde ambas partes comparten la toma de decisiones.

El informe recoge buenas prácticas internacionales que evidencian el potencial de este tipo de cooperación. En Viena, el 60% de la población reside en viviendas públicas o sociales gestionadas por asociaciones sin ánimo de lucro. En los Países Bajos, las corporaciones de vivienda gestionan más de dos millones de hogares. En Francia, se establecen obligaciones legales para la reserva de vivienda social por parte de los municipios. En el ámbito estatal, destacan modelos como Habitatge Metròpolis Barcelona o SBD Alquiler Social en Sabadell. Ya en Euskadi, en Bilbao, el programa Jóvenes Solidarios facilita el acceso a la vivienda por un alquiler simbólico a cambio de compromiso comunitario. En Vitoria-Gasteiz, se están reutilizando solares vacíos para vivienda colectiva. Y en Donostia-San Sebastián se amplían las bolsas de alquiler asequible y se impulsan ayudas específicas para jóvenes.

El estudio concluye que la clave del éxito no reside solo en firmar acuerdos, sino en generar relaciones de confianza duraderas con inversores, promotores, cooperativas y entidades sociales. Para ello, se propone alinear la normativa con los principios de derechos humanos y sostenibilidad, evaluar las colaboraciones por su impacto social, impulsar modelos alternativos como cooperativas de cesión de uso o Community Land Trusts, e incorporar mecanismos de gobernanza compartida.

La colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado no es una opción secundaria, sino una herramienta estratégica imprescindible para hacer frente a la emergencia habitacional en Euskadi. El informe del Observatorio Vasco de la Vivienda lanza una propuesta ambiciosa: articular un ecosistema de colaboración estable, transparente y comprometido, capaz de garantizar el acceso a una vivienda digna como derecho universal y no como privilegio de mercado. Por ello, el Gobierno Vasco presentaba, el pasado mes de enero, la creación del Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, un órgano consultivo para la participación interinstitucional y multiactor, destinado a analizar, consensuar y proponer políticas innovadoras que den respuesta a los desafíos habitacionales en Euskadi.

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