La consejera de Justicia y Derechos Humanos apuesta por garantizar los servicios públicos para asegurar el acceso a la Justicia, y una memoria deslegitimadora y crítica
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La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha apostado por garantizar los servicios públicos para la garantía de los derechos esenciales, el acceso a la justicia, a la reinserción, a la libertad y a la seguridad". Se trata, ha dicho, del objetivo del Departamento que dirige para la presente legislatura en la que va a abogar por "una memoria deslegitimadora, crítica e inclusiva que siente las bases de una cultura democrática completa".
San José ha cerrado hoy en el Parlamento Vasco la ronda de comparecencias de los y las consejeras presentando las líneas generales de las políticas que el Departamento que dirige va a desarrollar en la presente legislatura. Con el equipo al completo, entre ellos los viceconsejeros de Justicia y Derechos Humanos, Alfonso Gómez y Alfredo Retortillo, respectivamente, y el director general del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos - Gogora, Alberto Alonso, la consejera ha destacado los tres ejes que marcarán su actuación, "la Justicia incluida la gestión penitenciaria, las víctimas y la memoria".
En este sentido, ha insistido en que "nuestro objetivo es la garantía de los servicios públicos para la garantía de los derechos esenciales, el acceso a la Justicia, a la reinserción, a la libertad y a la seguridad. El derecho a protegerse del delito, a entender y a hacerse entender, a emprender una nueva vida reconociendo la injusticia del daño causado que llevó a alguien a prisión, el derecho a la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas, el derecho a disponer de todas las herramientas y todo el conocimiento académico para que esa memoria sea crítica y rigurosa".
El punto de partida de todo este trabajo debe ser, a su juicio, "disponer de los medios y servicios para conseguir una justicia más accesible, más eficiente y de mayor calidad", reforzando la protección de los colectivos más vulnerables para que el sistema les ayude en el camino.
Tal y como ha detallado San José, "la ambición del área de Justicia y Derechos Humanos es volcarse en la visión social y complementaria de un proceso garantista que abarca desde el acceso a la Justicia a la deslegitimación de los actos que vulneran la ley, con el puente que ejerce la tarea resocializadora de los centros penitenciarios". Se trata, ha añadido, de una tarea en la que "es imprescindible la labor de las personas que prestan el servicio público en todas las áreas, además de personal colaborador y asociaciones del tercer sector", a las que ha expresado su agradecimiento y su compromiso para mejorar esa colaboración en el futuro.
Acompañar a las víctimas
San José ha hecho hincapié en que la inmensa mayoría de la sociedad que cumple con las normas "es la principal beneficiaria de un modelo que le garantiza dos derechos esenciales: a defenderse legalmente a través de la Justicia de cualquier ataque, y a la seguridad gracias a que la intervención sobre la población reclusa evita la reincidencia". No obstante, ha reconocido que "las víctimas deben sentirse acompañadas para gestionar su sufrimiento, aunque el daño sea irreparable. Deben saber que el causante del mismo no se lo volverá a causar a nadie más porque la democracia, con sus reglas y sus oportunidades, ha salido ganando".
A este respecto, ha destacado su voluntad de "hacer un cumplimiento estricto del acuerdo de Gobierno sobre la necesidad de construir una memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política".
"Nuestra dignidad como sociedad, la Euskadi decente que queremos construir, pasa por tener viva esa memoria crítica que no deje un agujero negro, un espacio impune, una pregunta sin responder, una pena sin cumplir y una reinserción sin completar", ha concluido.
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