Atención a la Salud mental en un marco de defensa de los derechos humanos

La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas publican una guía orientada a la promoción de los derechos humanos en la Salud mental tomando como base a un modelo que busca reformas legales y un cambio de actitud para proteger los derechos de todas las personas que interactúan con los sistemas de atención a la Salud mental.

Contexto y enfoque

En el contexto actual de creciente importancia de la Salud mental en el marco de la Salud Pública, numerosos países se encuentran en fase de adopción o reforma de las leyes relacionadas con la Salud mental. Con frecuencia, en estos la legislación existente no aborda los factores sociales y económicos que afectan a la Salud mental y que, por tanto, pueden perpetuar y/o condicionar la discriminación y las violaciones de derechos humanos en forma de denegación de capacidad jurídica, prácticas coercitivas, institucionalización o atención de mala calidad.

Por ello, esta guía propone un marco conceptual de procesos y acciones respetuosa con la dignidad humana y que cumpla con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos en la atención a la salud mental. Esto implica la adopción de marcos legales y políticos, así como la implementación de prácticas compatibles con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de modo que se logre la integración de la salud mental en la legislación general en lugar de la adopción de leyes específicas de salud mental.

El escenario internacional de derechos humanos, en particular atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD), exige un cambio significativo de los enfoques biomédicos de la atención en la Salud mental, y la evolución hacia un paradigma de apoyo que promueva la personalidad, la autonomía y la inclusión comunitaria.

Contenidos

La Guía se organiza en tres grandes bloques de contenidos. En el primer capítulo, con el título de "Repensar la legislación en materia de Salud mental" se presenta un análisis de los desafíos asociados a la legislación actual sobre Salud mental y destaca la necesidad de desarrollar reformas que se alineen con el marco internacional de derechos humanos.

La Guía subraya que la Salud mental y el bienestar están fuertemente ligados a las características de los entornos sociales, económicos y físicos, así como a la pobreza, a la violencia y a la discriminación. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de atención a la Salud mental se centran en el diagnóstico, la medicación y la reducción de los síntomas, descuidando los determinantes sociales que afectan a la Salud mental de las personas.

La hospitalización y el tratamiento involuntario, el aislamiento o el confinamiento solitario y el uso de restricciones, por citar algunos ejemplos, son frecuentes en la mayoría de los sistemas de Salud mental. De hecho, Naciones Unidas y OMS consideran que durante los últimos 150 años, la legislación sobre salud mental ha legitimado y, en algunos casos, ha facilitado estas violaciones de derechos humanos: las primeras leyes consolidaron el paternalismo y el concepto de que las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial son "peligrosas". En consecuencia, las leyes de Salud mental existentes suponen importantes implicaciones para los derechos humanos porque a menudo están desactualizadas, tienen una comprensión limitada de los derechos humanos y se asocian a un planteamiento biomédico reduccionista.

Si bien la adopción de la CDPD ha renovado el interés de revisar la legislación sobre Salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, la mayoría de los países no han desafiado los enfoques biomédicos de larga data ni los poderes de tratamiento obligatorio.

En consecuencia, el marco internacional de derechos humanos exige que los países adopten un enfoque basado en derechos en materia de legislación de Salud mental: La Salud mental es una preocupación fundamental de derechos humanos y esencial para hacer realidad el derecho a la salud. La CDPD refuerza la protección de los estándares internacionales de derechos humanos en la atención de la Salud mental y reconoce que los derechos de las personas con condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial son iguales a los de cualquier persona. La CDPD crea un entorno legal propicio a partir del cual desarrollar sistemas de Salud mental basados en derechos que prioricen el empoderamiento de una persona, y la participación activa en su propia recuperación.

Así, la Guía propone un nuevo paradigma con un mandato claro para que los sistemas de Salud mental adopten enfoques basados en los derechos; para que habiliten servicios centrados en la persona y basados en la comunidad; para crear conciencia y desafiar el estigma; para erradicar la discriminación y la coerción; para promover la inclusión y participación comunitaria; y para desarrollar medidas de rendición de cuentas.

El capítulo 2, con el título de "Disposiciones legislativas para sistemas de salud mental centrados en la persona, orientados a la recuperación y basados en los derechos" presenta un conjunto de disposiciones legislativas que los países pueden adoptar para apoyar un enfoque de la Salud mental basado en los derechos humanos.

Sus contenidos abarcan áreas en las que la legislación puede proteger, promover y apoyar los tratados internacionales de derechos humanos en lo que a Salud mental se refiere. También ofrece ejemplos de textos y disposiciones que diferentes países han adoptado, con orientación detallada para redactar disposiciones basadas en derechos. Estas áreas son:

El tercer capítulo titulado "Desarrollar, implementar y evaluar legislación sobre Salud mental basada en derechos" se centra en la importancia de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos al revisar o adoptar legislación relacionada con la Salud mental. La guía ofrece una descripción de los pasos fundamentales que se deben seguir en el proceso y que incluyen:

En todo caso, el documento subraya que las prácticas esbozadas y discutidas sirven solo a modo de referencia orientadora, dado que los procesos de legislación dependerán de las normas, costumbres y contextos nacionales.

La propuesta analiza también el proceso de implementación de la ley, que incluye el papel de los órganos responsables de dicha implementación; el desarrollo de regulaciones y otras orientaciones; la importancia de la educación y concienciación públicas; y la capacitación de las partes interesadas.

Asimismo, además del alcance de la evaluación, resultan esenciales los sistemas de información social y sanitaria porque la recopilación integral de datos puede proporcionar información valiosa sobre las necesidades y los resultados, los servicios, el cumplimiento de las normas de calidad y de derechos humanos, e informar sobre mejoras y cursos de acción futuros. Por tanto, es importante contar con indicadores estructurales, de proceso y de resultado adecuados para seguir el progreso de la implementación de los cambios legislativos a futuro

En su parte final, el documento contiene una "Lista de verificación para evaluar la legislación basada en derechos relativos a la salud mental" que ofrece una fórmula práctica para que los países determinen si la legislación relacionada con la Salud mental o un proyecto de ley cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Su objetivo es identificar las principales cuestiones que deben abordarse para garantizar que la legislación en materia de Salud mental adopta un enfoque basado en derechos.

La Guía está dirigida a profesionales del ámbito de la legislación, política y atención en materia de Salud mental, aunque puede resultar de utilidad a personal funcionario gubernamental, personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial, organizaciones profesionales, familiares, organizaciones del Tercer Sector, personal investigador y académico, así como profesionales de los medios de comunicación.

Si desea ampliar esta información, puede acceder a los contenidos del informe "Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica" (Mental health, human rights and legislation. Guidance and practice), publicado conjuntamente por la OMS y las Naciones Unidas en 2023.