El Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo unifican criterios para las Tarjetas Europeas de Discapacidad y de Estacionamiento para Personas con Discapacidad

 Bruselas / Vitoria-Gasteiz / Strasbourg. 10 02 2024

La Presidencia del Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre la Directiva por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad. Las autoridades estatales y autonómicas serán responsables de expedirlas -físicas y digitales- en un formato accesible. El departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha colaborado en los debates formulando, para su optimización, propuestas junto a otros países y regiones.

Las tarjetas, con un renovado diseño y medidas que eviten un uso inadecuado, serán reconocidas en toda la UE como prueba de discapacidad o derecho a servicios específicos basados en una discapacidad. El acuerdo, alcanzado en un tiempo récord durante la presidencia belga, marca un paso transformador hacia una sociedad más accesible y equitativa y reafirma el compromiso de la UE de fomentar la inclusión de toda la ciudadanía dentro de la diversa Unión.

Antecedentes y próximas etapas

 La propuesta de la Comisión Europea se adoptó en septiembre de 2023 y el Consejo de la UE alcanzó su posición negociadora en noviembre de 2023. El 17 de enero de 2024 se iniciaron nuevas negociaciones sobre la forma final de la Directiva, que han concluido con éxito con el acuerdo de hoy, en menos de un mes.

El equipo técnico seguirá trabajando a nivel técnico para finalizar el texto. A continuación, el acuerdo provisional deberá ser confirmado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, seguido de un control jurídico-lingüístico de la directiva y de su adopción formal por ambas instituciones.

Los dos legisladores han acordado que los Estados miembros dispondrán de dos años y medio para adaptar su legislación estatal y de 3,5 años para aplicar la directiva. Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad participarán en la aplicación y evaluación de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

El Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, propuso a la Comisión Europea diversas iniciativas para mejorar la  directiva sobre las futuras Tarjeta Europea de Discapacidad y Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad. "Se trata de asegurar y   garantizar la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a servicios a las personas con discapacidad en la Unión" explicó la Consejera Nerea Melgosa.

A través de la REPER-Representación estatal permanente ante la UE-  y el canal de la Comisión "Have you say" de aportaciones institucionales, asociativas y ciudadanas, Lakua impulsó varias propuestas útiles para optimizar la Directiva y contribuir a los debates de los colegisladores tales como el ámbito de su  aplicación, gratuidad de las tarjetas, vigencia y renovación, campañas divulgativas, uso fraudulento y datos desagregados por género" añade Melgosa.

Gestión subestatal

La propuesta legislativa enviada por la Comisión al Parlamento Europeo plantea que la nueva regulación no afectará a la competencia de los Estados miembros para determinar las condiciones para evaluar y reconocer la condición de discapacidad, ni para conceder el derecho a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad.

El Gobierno Vasco propuso que se reconozca la capacidad de gestión subestatal de ambas tarjetas en aquellas regiones europeas de la UE con autonomía para ello, lo que incluye el registro o censo, la expedición y validez, la renovación y la retirada de las Tarjetas. "Asimismo, debe existir una coordinación e intercambio de información europea estatal, subestatal y local de la gestión de las Tarjetas" proponía la Consejera Melgosa.

Con respecto al diseño la impresión de las nuevas tarjetas, se seguirán las pautas de la UE introduciendo los formatos y diseños respectivos descritos en la Directiva cuando éstas se expidan con el número de serie correspondiente y el nombre y el sello de la autoridad expedidora. 

Discapacidad en la UE

Muchas personas con discapacidad se enfrentan a barreras para acceder a la atención sanitaria, la educación, el empleo, el ocio y la participación en la vida política. Una de cada dos se siente discriminada. La UE y sus Estados miembros están trabajando para garantizar que todas las personas con discapacidad: disfrutar de sus derechos, incluida la libre circulación; pueden participar plenamente en la sociedad y en la economía y no experimenten discriminación

 En 2022, el 27 % de la población de la UE mayor de 16 años tenía algún tipo de discapacidad. Según las estimaciones de Eurostat, ello equivale a 101 millones de personas, es decir, una de cada cuatro personas adultas en la UE.  Letonia tiene la mayor proporción de personas con discapacidad (38,5%), seguida de Dinamarca (36,1%).

 Cuanto mayor sea la persona, más probabilidades tendrá de tener una discapacidad, además hay más mujeres con discapacidad. En 2022, la proporción de mujeres con discapacidad fue mayor que la de hombres en todos los Estados miembros. En la UE, por término medio, el 29,5 % del total de la población femenina tiene una discapacidad, frente al 24,4 % del total de la población masculina.

Desafíos europeos

1 de cada 2 personas europeas se siente discriminada. Muchas personas con discapacidades son tratadas mal o injustamente debido a su discapacidad. En 2019, una encuesta del Eurobarómetro reveló que el 52 % de las personas con discapacidad se sienten discriminadas.

Casi 1 de cada 5 está desempleada. Los últimos datos de la Comisión Europea muestran que el 17,7% de las personas con discapacidad estaban desempleadas en 2020, en comparación con el 8,6% de las personas sin discapacidad. Esto también tiene un impacto en la falta de autonomía financiera de las personas con discapacidad.

1 de cada 3 está en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2022, el 28,8% de las personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 18,3% de las personas sin discapacidad.

1 de cada 5 abandona la escuela antes de tiempo. La tasa de abandono escolar prematuro es el doble para las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad. Muchos jóvenes con discapacidad asisten a escuelas especiales y tienen dificultades para acceder a la educación y la formación ordinarias: solo el 29% obtiene un título terciario (educación postsecundaria) en comparación con el 44% de las personas sin discapacidad.

4 veces más probabilidades de tener necesidades de atención médica insatisfechas. Toda persona tiene derecho a la atención sanitaria preventiva y al tratamiento médico, pero para las personas con discapacidad la atención sanitaria suele ser demasiado cara, está lejos y está sujeta a largos tiempos de espera.

1 de cada 5 es víctima de violencia. Las personas con discapacidad, en particular las mujeres, los ancianos y los niños, corren un mayor riesgo de sufrir violencia y abusos, tanto en el hogar como en las instituciones de atención: el 17% de las personas con discapacidad son víctimas de violencia, en comparación con el 8% de las personas sin discapacidad.

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