El proyecto de Ley de Transparencia apuntala el amplio recorrido de Euskadi en materia de Buen Gobierno

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha presentado hoy las líneas básicas del proyecto de ley de Transparencia que pretende impulsar de forma integral la cultura de gobierno abierto basada en los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. Garamendi ha destacado que "esta ley será un instrumento más de compromiso con la ciudadanía para la mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, que repercutirá en el desarrollo de la sociedad, en el crecimiento económico del País y en el bienestar de la ciudadanía vasca".

En la comparecencia en el Parlamento Vasco, a petición propia, ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, la Consejera ha explicado que esta ley sigue los estándares internacionales, ya que incorpora la Directiva de la Unión Europea que regula la protección de las personas informantes sobre infracciones y lucha contra la corrupción y que fue transpuesta recientemente por el estado español.

La Consejera ha enfatizado que el texto de la ley se asienta sobre un suelo sólido, "no partimos de cero, llevamos un amplio recorrido en materia de Buen Gobierno". Un recorrido que el índice Europeo de Calidad de Gobierno de la Unión Europea, realizado por la Universidad de Gotemburgo y único indicador de la calidad institucional, sitúa a Euskadi en los primeros puestos a nivel europeo en imparcialidad de la prestación de servicios públicos y el nivel de corrupción. En cuanto a los índices de transparencia internacional, Euskadi se encuentra a la cabeza de las 17 comunidades autónomas con una puntuación de 100 sobre 100.

Durante la comparecencia, la mayoría de los grupos parlamentarios han realizado sus aportaciones y han compartido en gran medida las líneas básicas del proyecto de ley que sigue su tramitación con la convocatoria en próximas fechas de nuevas comparecencias ante la comisión.

El texto aborda tres grandes hitos: garantizar la transparencia de la administración ante la ciudadanía, estimular la participación de ésta en los asuntos públicos y facilitar la rendición de cuentas en tiempo real de las acciones e iniciativas desarrolladas en cumplimiento de cada programa de Gobierno. Una vez cumplimentado el procedimiento para su culminación como proyecto de ley, ha sido compartido en el Consejo Vasco de la Función Pública, foro en el que también están presentes los sindicatos, y que no mostraron oposición.

Así, a esta norma se le han incorporado mayores obligaciones de publicidad activa que los que existen actualmente. Las administraciones públicas deberán dar cuenta de las decisiones que toman y cómo las adoptan, cómo se organizan los servicios y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones, o todo lo referido a la utilización de fondo públicos.

Autoridad Vasca de la Transparencia - Gardena

Además, esta norma prevé la creación de la Autoridad Vasca de la Transparencia - Gardena, un órgano de garantía ante el cual la ciudadanía podrá interponer una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada por el ciudadana o ciudadana. Sus funciones se resumen en dos vertientes. Por un lado, el organismo velará por garantizar que la Administración Pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso. De esta manera, tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias. Por otro lado, Gardena tramitará las comunicaciones del canal externo de la información y de la protección de las personas informadoras en el marco de la lucha contra la corrupción. Para ello, el órgano actuará con total independencia respecto a todos los niveles institucionales de Euskadi, incluso del sector privado.

A través de Gardena se implementa el sistema europeo de protección de las personas informantes y de la lucha contra la corrupción.  Este organismo, que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y plena independencia en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a control parlamentario.

El proyecto de Ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia. En este ámbito se remarca la obligación de publicar el Programa de Gobierno de cada legislatura y la elaboración de unos indicadores anuales para la rendición de cuentas como el coste de los servicios públicos atendidos, los recursos humanos que constituyen el empleo público o los principales compromisos de futuro, entre otros.

Participación ciudadana y grupos de interés

Otro de los puntos que recoge esta norma es la creación del registro de grupos de interés, y el registro de participación y colaboración de la ciudadanía. A través de estos registros, se facilitará la identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan éstos ante el sector público de Euskadi.

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