Luz verde a la sucripción del convenio del Gobierno Vasco junto a EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial ante desahucios (Consejo de Gobierno 30-1-2024)

El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de un nuevo convenio de colaboración de los Departamentos de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y el de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales junto con la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atender a personas en situaciones de especial vulnerabilidad ante un lanzamiento por impago de sus rentas o ante un desahucio por no afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge la evolución normativa que se ha dado desde que en 2013 se firmó el primer acuerdo y la actualidad, en la que tanto las medidas adoptadas para afrontar las diferentes situaciones excepcionales como la pandemia o la guerra de Ucrania -con la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2024- y la nueva Ley estatal de Vivienda han generado cambios sustanciales. En este sentido, el documento subraya que Euskadi ha visto reducido el número de lanzamientos en un 18,2% en 2021 en comparación con 2019 (659 frente a 806), según un diagnóstico realizado por el Observatorio vasco de la Vivienda.

Desde 2013 hasta la actualidad se han adjudicado 280 viviendas de protección pública o asimilada a personas de especial vulnerabilidad afectadas por un desahucio en vía judicial.

Ante las modificaciones que plantea la nueva legislación estatal, el convenio aclara que será la administración autonómica la que emita los informes de vulnerabilidad económica requeridos por la Ley de Enjuiciamiento Civil a los grandes tenedores de vivienda y la que proporcione el acceso, en su caso, al servicio de conciliación o intermediación recogido en esta ley.

Concretamente, el servicio Bizilagun del Departamento de Vivienda albergará los expedientes de grandes tenedores de vivienda en relación a los contratos de arrendamiento, precario u ocupación, mientras que el servicio de Mediación Hipotecaria del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales se encargará de los casos de ejecuciones hipotecarias. Esta segunda mediación ya se realizaba en el caso de las personas deudoras a través de un acuerdo con el Colegio de Economistas de Euskadi y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Ahora se reforzará para integrar las nuevas casuísticas recogidas en los cambios normativos (grandes tenedores) que serán tramitados a través del Departamento de Vivienda también en el caso de ejecuciones hipotecarias.

Los informes solicitados por los juzgados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y por las personas ocupantes de las viviendas afectadas seguirán emitiéndose por parte de los servicios sociales de base de los ayuntamientos correspondientes.

El protocolo establece que cuando el órgano judicial identifique un lanzamiento en el que las personas se puedan encontrar en una situación de especial vulnerabilidad se les facilitará información sobre los servicios y ayudas de la administración autonómica y local. Además, recoge la comunicación de oficio por el juzgado de este procedimiento a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. Una vez examinada la situación, el órgano municipal decidirá si formula una propuesta al Departamento de Vivienda para acceder a una vivienda de protección pública, si se tramita una ayuda social, si se deriva a otro recurso social o si se declina porque no se considera que se trate de una situación de vulnerabilidad. Esta decisión se comunicará al órgano judicial.

En este contexto, el CGPJ se compromete a facilitar información de los recursos y ayudas existentes a las personas afectadas, de formar a sus profesionales y de colaborar con abogados y procuradores en esta materia, así como de gestionar de manera ágil los expedientes indicados.

En el caso del Gobierno Vasco, se establece la remisión de una guía sobre los servicios sociales, la organización de acciones formativas e informativas sobre esta materia, se proporcionará información sobre los servicios de vivienda y, en su caso, se aportará una vivienda de protección pública si lo solicita el Ayuntamiento, si la unidad convivencial cumple los requisitos y si está inscrita en Etxebide. En estos últimos casos, se excluye a personas que estén ocupando de manera ilegal una vivienda y a quienes adeuden cantidades por impagos de renta al área de Vivienda.  En el caso de Eudel, el convenio recoge que se promoverá la colaboración de los ayuntamientos y se facilitará información sobre los recursos sociales, así como la búsqueda de respuestas rápidas a las solicitudes de información desde el ámbito judicial y se promoverá la colaboración con Vivienda en la búsqueda de hogares.

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