El Gobierno regional garantiza un hogar a 9.679 familias con una inversión de 17,2 millones de euros en los últimos cuatro años
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02/06/2025
El Gobierno regional garantiza un hogar a 9.679 familias con una inversión de 17,2 millones de euros en los últimos cuatro años
El consejero de Fomento e Infraestructuras anuncia la ampliación con 2,3 millones de euros para este ejercicio 2025 del programa de subvenciones de alquiler social que gestionan organizaciones sin ánimo de lucro
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado de la directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, María José de Maya García, y los técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos de Murcia, San Javier, Totana y Mancomunidad Oriental, durante la reunión de coordinación de seguimiento de las ayudas al alquiler social realizada c
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El Gobierno regional ha garantizado un hogar a 9.679 familias, gracias a una inversión de 17.274.468 euros entre 2020 y 2024 correspondiente al programa de ayudas al alquiler social, que se gestiona a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó "el buen funcionamiento de las convocatorias anteriores, que han gestionado de manera ejemplar las ONG en colaboración con los servicios sociales municipales", por lo que señaló que "hoy podemos anunciar que ampliamos con 2.376.776 euros este ejercicio 2025 el programa de subvenciones para garantizar el acceso a la vivienda de las familias vulnerables en la Región de Murcia".
García Montoro realizó estas declaraciones durante la celebración de la mesa de coordinación de alquiler social. Estas ayudas forman parte de la línea de subvenciones impulsada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras y está coordinada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, con el objetivo de apoyar a las familias más necesitadas.
El programa de ayudas al alquiler social cuenta con la colaboración activa de seis ONG: Accem, Cáritas, Fundación Cepaim, Asociación Columbares, Cruz Roja Española y Asociación 'La Huertecica'. Estas entidades actúan como la primera ventanilla de la vulnerabilidad, canalizando la ayuda de forma directa y efectiva hacia quienes más lo necesitan.
El responsable de Fomento destacó que "gracias al compromiso de los servicios sociales municipales y estas ONG y a su profundo conocimiento del entorno social, estas organizaciones desempeñan un papel clave en la identificación y atención de situaciones de especial necesidad. Se trata de entidades de reconocido prestigio, con una amplia trayectoria en el ámbito social y con presencia en toda la Región, lo que permite garantizar una cobertura equitativa y eficaz".
"El trabajo conjunto con estas entidades refuerza el objetivo principal del programa, que ninguna persona en situación de vulnerabilidad se quede sin apoyo. Su implicación asegura que los recursos lleguen allí donde realmente se necesitan, con sensibilidad, profesionalidad y cercanía", destacó García Montoro.
Un procedimiento ágil y urgente
Esta línea de ayudas al alquiler social está destinada a afrontar el pago de la mensualidad del alquiler de una vivienda o de una habitación con hasta 600 euros al mes y, cuando proceda, además la ayuda cubrirá los suministros básicos de luz, agua, gas y los gastos de comunidad con hasta un máximo de 200 euros.
La gestión se hace con carácter urgente y a través de un procedimiento ágil, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. "Se eliminan trámites y burocracia que retrasaba el acceso de las familias a la vivienda, para que puedan acceder en pocos días a un hogar", subrayó el consejero.
La solicitud y valoración de estas ayudas se realiza mediante los servicios sociales municipales y las entidades del tercer sector, como ONG colaboradoras, que evalúan cada caso de manera individual.
Los beneficiarios son principalmente mujeres, víctimas de violencia de género, de explotación sexual o de violencia sexual. También las personas y unidades familiares que se enfrentan a un proceso de desahucio y, además, se dará prioridad a las situaciones urgentes, especialmente aquellas que no puedan afrontar el pago del alquiler o estén en riesgo de pérdida de vivienda para garantizar un apoyo fundamental para su estabilidad y bienestar.
