Juventud e Infancia destina 50 millones de euros a Canarias para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en centros residenciales
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El ministerio abre hoy una audiencia pública para la concesión de los fondos. El objetivo es asegurar unos centros residenciales garantistas para los y las menores, garantizar una atención psicosocial adecuada y mejorar su inserción sociolaboral y el acceso a la vivienda
Madrid, 20 de noviembre de 2024.- El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto hoy a audiencia pública la concesión directa de una línea de crédito de 50 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias, orientada a la protección de las niñas, niños y adolescentes no acompañados que se encuentran en centros residenciales.
La ruta migratoria a través de Canarias es una de las más peligrosas para llegar a la Unión Europea, pero una de las más utilizadas ante la falta de alternativas. En el último año, se ha registrado un considerable aumento de llegadas de personas menores de edad.
Niñas, niños y adolescentes no acompañados son sujetos de una especial protección dada su condición de personas menores de edad en situación de desamparo. En este contexto excepcional, la concesión directa de 50 millones se hace necesaria para garantizar su adecuada atención en centros residenciales gestionados por Canarias, facilitando reformas que propicien unas condiciones garantistas de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Atención psicosocial, inserción y alojamiento
Estos recursos también estarán destinados a la atención psicosocial o jurídica que puedan precisar los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como a facilitar su inserción sociolaboral y acceso a la vivienda una vez salgan del sistema de protección.
Los recursos orientados a Canarias estarán destinados a diversos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025. La comunidad autónoma es el organismo competente en materia de gestión de los sistemas de protección de la infancia y, por lo tanto, asume la tutela de las personas menores de edad no acompañadas.
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