Bustinduy insta a la Generalitat Valenciana a sancionar a las empresas que hay detrás de pisos turísticos ilegales

• Bustinduy ha instado al govern de la Comunitat Valenciana a sancionar a las empresas que gestionan los alojamientos turísticos que se anuncian de forma irregular y ha recordado que es la única administración que tiene competencias para hacerlo en esta región
• Esta semana, Consumo ordenó a la plataforma Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos después de que un auto judicial respaldara la acción del Ministerio que dirige Bustinduy sobre la publicidad ilícita de este tipo de viviendas
• El ministro visita también el barrio de Cabanyal, en Valencia, uno de los más afectados por la saturación de viviendas turísticas

Gandía, 23 de mayo de 2025.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha visitado Gandía este viernes para establecer vías de colaboración con el ayuntamiento de esta localidad para lucha contra la proliferación de viviendas turísticas que se anuncian de manera ilícita.

Durante esta visita, el ministro Bustinduy, que esta misma semana ordenó a la plataforma Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, ha instado al govern de la Generalitat Valenciana a que actúe, en el marco de sus competencias, sobre este tipo de viviendas que se publicitan de manera ilícita. Lo ha hecho instando al ejecutivo de Carlos Mazón a que inspeccione todos los pisos turísticos que se anuncian ilegalmente, a que cierre todos aquellos que incumplen la normativa y a que sancione a las empresas que gestionan estos alojamientos en la Comunitat Valenciana ya que, ha recordado, es la única administración que puede hacerlo en esta región.

Pablo Bustinduy ha afirmado que "la ciudadanía está en una situación límite" debido a la crisis de la vivienda y que la Generalitat Valenciana "tiene que dejar de eludir sus responsabilidades". Por esta razón, el ministro ha declarado que "Mazón tiene que actuar contra las empresas que están detrás de los pisos turísticos ilegales y asegurarse de que esos inmuebles pasan al mercado del alquiler habitual a precio asequible". Sobre esta cuestión, ha querido resaltar que "estos pisos tienen que volver a ser hogares para los vecinos y vecinas".

El ministro Bustinduy ha realizado estas declaraciones desde Gandía, donde se ha reunido con su alcalde, José Manuel Prieto. Durante este encuentro, ha puesto en valor el trabajo que el ayuntamiento de Gandía está haciendo para luchar contra el intrusismo y la publicidad engañosa o ilegal de los alojamientos turísticos y ha reclamado que todas las administraciones competentes actúen y colaboren de forma conjunta para poner fin a esta importante problemática.

En lo que se refiere a las competencias del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en esta materia, esta semana se ha dado a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) ha respaldado, a través de un auto, las actuaciones de la administración que lidera Bustinduy para poner fin a la publicidad online ilícita de viviendas turísticas. En ese auto, el TSJ de Madrid ordena a la plataforma Airbnb a eliminar los anuncios que Consumo le instó a retirar en una primera resolución, 5.800, siendo un total de 65.935 los anuncios que el Ministerio detectó en esta plataforma y les ha ordenado bloquear.

Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se mantienen abiertos tres expedientes sancionadores relacionados con la vivienda. El primero a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por no retirar miles de anuncios ilícitos, el segundo a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, y el tercero a una gran inmobiliaria por potenciales prácticas abusivas contra inquilinos e inquilinas.

Tras la reunión con el alcalde de Gandía, Pablo Bustinduy se ha trasladado a Valencia. Allí visitará el barrio del Cabanyal, uno de los más saturados por los alojamientos turísticos. El ministro mantendrá un encuentro con asociaciones vecinales para conocer de primera mano los problemas que denuncian, como el crecimiento exponencial de viviendas turísticas en esta zona que está provocando, según advierten, la expulsión de los vecinos y vecinas del barrio por las dificultades para encontrar viviendas a precios asequibles.