El secretario de Estado de Justicia presenta en Castilla-La Mancha las novedades de la Ley de Eficiencia
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- La norma transforma 151 juzgados unipersonales de Castilla-La Mancha en 31 Tribunales de Instancia y crea las Oficinas Judiciales del Municipio
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se ha reunido en Albacete con representantes del sector jurídico de Castilla-La Mancha para abordar la implementación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en el territorio.
Manuel Olmedo ha tenido ocasión de comentar los detalles de esta norma, clave en el proyecto de transformación de la Justicia emprendido por el ministro Bolaños, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Manuel Rouco Rodríguez, entre otros. Al finalizar el encuentro, Olmedo les ha agradecido su participación y el compromiso que han expresado para la puesta en marcha de la reforma.
Especialización, gestión de recursos y cercanía
Una de las novedades que incorpora esta ley es la creación de los Tribunales de Instancia, que integran los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial. De esta forma, los 151 juzgados unipersonales de Castilla-La Mancha se transformarán en 31 Tribunales, lo que favorecerá la especialización y la unificación de criterios, al tiempo que permitirá distribuir adecuadamente las cargas de trabajo y la optimización de recursos.
Asimismo, se crean las Oficinas de Justicia en los Municipios, que serán el punto de contacto directo entre los ciudadanos y la Administración de Justicia. En ellas se podrán realizar actos y trámites procesales de manera telemática, evitando los desplazamientos hasta las sedes de los Tribunales de Instancia.
Agilización de carga de juzgados y tribunales
La ley apuesta también por los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en el ámbito civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje. De esta forma, se trata de evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas donde sean imprescindibles, sin que eso implique una merma de los derechos y protegiendo las plenas garantías jurídicas de las partes.
