El ministerio y Navarra colaboran para impulsar la digitalización judicial
Resumen autogenerado por OpenAI
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El proyecto, orientado a lograr la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal, culmina la implementación generalizada del Expediente Judicial Electrónico, que permitirá automatizar el intercambio de expedientes entre las distintas Administraciones.
Pamplona (España)
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes llevará a cabo, el próximo 4 de febrero, el primer intercambio de información de forma totalmente digital entre un juzgado de Burgos y un juzgado de la Comunidad Foral de Navarra, gracias a la colaboración entre el ministerio y esta comunidad autónoma.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, han mantenido una reunión para concretar los detalles de la iniciativa, que permitirá el intercambio automatizado de expedientes electrónicos entre los sistemas de gestión procesal que hasta el momento se realizaba en papel. El proyecto se enmarca, además, en el Plan Justicia 2030 y en los compromisos asumidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y supone un avance más en la profunda transformación de la justicia que está llevando a cabo el ministerio para adecuarla a las necesidades del siglo XXI.
La puesta en marcha de esta iniciativa permite agilizar la tramitación y el intercambio automatizado de datos entre órganos judiciales y otras instituciones; mejora el acceso, confidencialidad y trazabilidad de la información; proporciona un servicio homogéneo y seguro para los involucrados en el proceso; y mejora los tiempos de respuesta a ciudadanos y profesionales.
Todo ello supone un paso decisivo hacia un modelo completamente interoperable dentro del ámbito judicial y con el resto del ecosistema digital del país, que incluye Registros Civiles, el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), los institutos de medicina legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las instituciones penitenciarias, los profesionales de la Justicia y las administraciones públicas.
