El Gobierno nombra a David Vilas Álvarez Abogado General del Estado
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El Consejo de Ministros también ha nombrado a la fiscal Eva Pérez Martínez como nueva directora general de Cooperación Jurídica Internacional.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de David Vilas Álvarez como Abogado General del Estado.
Vilas es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, ingresó en el año 2002 en el cuerpo de abogados del Estado. En la actualidad, desempeña sus funciones como Director General de Cooperación Jurídica Internacional, incorporándose justo antes de comenzar la Presidencia española de la Unión Europea.
Tiene una amplia experiencia internacional, ya que también ha ocupado el cargo de Consejero y Consejero-Coordinador del Ministerio de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), participando en el proceso normativo de derecho europeo y actuando en la negociación de directivas y reglamentos europeos en materia penal y civil, incluido el Reglamento de la Fiscalía Europea o las Directivas de terrorismo o de preinsolvencia.
Vilas sustituye en el cargo a Consuelo Castro Rey, quien ha ejercido como Abogada General del Estado desde junio de 2018 y ha decidido cesar en el cargo por motivos personales. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agradecido a Castro su profesionalidad y desempeño intachable durante el ejercicio de su cargo.
Biografía de Vilas Álvarez
Nacido en Cáceres, en 1973, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó en el Cuerpo de Letrados de la Xunta de Galicia en 2002 y ese mismo año ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado.
Su primer destino fue la Audiencia Nacional, hasta 2004, y también su último destino en ejercicio activo como Abogado del Estado, durante 2023, ya de modo especializado en temas tributarios.
Entre medias, ha trabajado la mayor parte del tiempo en servicio activo como Abogado del Estado, ocupando diferentes puestos, dependiendo del Ministerio de Justicia o de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, principalmente en Cataluña y Galicia.
También ha ostentado la secretaría general de varias sociedades mercantiles y en su momento asumió la participación en el asesoramiento de entidades públicas, ejerciendo el cargo de coordinador jefe del Convenio de Asistencia Jurídica con el Consorcio de la Zona Franca de Vigo durante cuatro años, o siendo ponente de resoluciones del TEARC o del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales durante un período de tiempo semejante-.
Desde junio pasado, es el Director General de Cooperación Jurídica Internacional, incorporándose justo antes de comenzar la Presidencia española de la Unión Europea, con el objeto de favorecer su mejor fin.
Nueva Directora General de Cooperación Jurídica Internacional
El Consejo de Ministros ha aprobado también el nombramiento de Eva Pérez Martínez como nueva Directora General de Cooperación Jurídica Internacional.
Pérez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. En la actualidad, ejerce como Fiscal Adscrita a la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, a cargo del seguimiento de las investigaciones relacionadas con delitos de trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución coactiva.
Es integrante de Focus Group de Fiscales de Trata de Personas y del Focus Group de Tráfico de migrantes de la Unión Europea organizados por EUROJUST.
Anteriormente, dentro de la Fiscalía provincial de Córdoba ha sido especialista en temas de cooperación internacional, trata de personas y extranjería, medio ambiente y diligencias preprocesales en investigación de delitos económicos.
Cuenta además con una extensa experiencia en el ámbito internacional ya que ha sido experta de larga duración en la Asistencia Técnica/EUROPEAN PROJECT de la Comisión Europea implementado por el British Council "Apoyo a la Academia Judicial de Serbia" siendo responsable, entre otras, de la difusión de actividades de formación relacionadas con delitos de corrupción, cooperación internacional, trata y tráfico de personas y organizaciones criminales.
