La Oficina de Asilo y Refugio resuelve en 2024 96.251 expedientes de protección internacional, un 4,2 por ciento más que en 2023
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Supone la mayor cifra de resoluciones de la historia de la OAR, sin contar 2020, que marcó un máximo por la situación excepcional de la pandemia
En 2024, España ha sido el segundo receptor de protección internacional de la Unión Europea, con 167.366 solicitudes, un 2,5 por ciento más que el año anterior, y récord histórico de peticiones desde la creación de la OAR en 1992
La tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria sube 6 puntos respecto a 2023 y la tasa de protección internacional rebasa el 53 por ciento
Venezuela, con más de 66.000 solicitudes, encabeza las peticiones de protección internacional, por delante de Colombia, con más de 40.000, y entre ambos países suman el 63,5 por ciento del total de solicitudes en 2024
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional, ha resuelto en 2024 96.251 expedientes de protección internacional. Esta cifra supone un incremento del 4,2 por ciento respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992, salvo 2020, que marcó el máximo por la situación excepcional de la pandemia.
Durante 2024, España ha recibido también 167.366 solicitudes de protección internacional, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre. Se trata de un 2,5 por ciento más que en el año anterior y el mayor número de la historia de la OAR. España se sitúa así como el segundo país receptor de protección internacional en la Unión Europea, solo por detrás de Alemania.
Por nacionalidades, el país de procedencia con más solicitantes ha sido Venezuela, con 66.134 peticiones, un 39,5 por ciento del total, seguido de Colombia (40.140). Ambos países suman el 63,5 por ciento de los expedientes formalizados en el año 2024. Les siguen, por número de solicitudes, Mali (10.673), Perú (10.427) y Senegal (7.708). Las cinco primeras nacionalidades concentran el 80,7 por ciento del total de los expedientes registrados.
Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (47.439), por delante de Andalucía (25.538) y Cataluña (17.488).
CONCESIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El pasado año se han concedido 6.355 estatutos de refugiado. Las cinco primeras nacionalidades de las personas que han recibido el estatuto son Nicaragua, Siria, Afganistán, Colombia y Honduras. Se ha tramitado también la protección subsidiaria para 11.453 personas, un 200 por ciento superior a las resoluciones firmadas el año pasado, y la cifra máxima de protecciones subsidiarias concedidas en España. 33.534 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, han recibido, además, autorización de residencia por razones humanitarias durante un año.
De acuerdo con estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 18,5 por ciento, seis puntos por encima de 2023, y la tasa de protección internacional ha alcanzado el 53,3 por ciento.
TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE APÁTRIDA
En 2024 se han presentado 2.084 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida, lo que supone un 86,4 por ciento más de solicitudes presentadas que en el 2023, consolidando una tendencia alcista. Se han resuelto 911 expedientes.
La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.
MÁS DE 36.700 NUEVAS PROTECCIONES TEMPORALES
La Dirección General de Protección Internacional ha otorgado durante 2024 el régimen de protección temporal a 36.734 personas (un 8,3 por ciento más que las concedidas en 2023), lo que eleva a más de 231.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que han sido amparados por esta figura en España.
El Gobierno español puso en marcha en marzo de 2022 este procedimiento de urgencia y entregó la primera resolución de concesión el 11 de ese mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
