La Comunidad de Madrid aumentó casi un 10% las víctimas de delitos atendidas en sus oficinas especializadas
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La Comunidad de Madrid incrementó el año pasado un 9,4% la atención a víctimas de delito en su red de oficinas especializadas, hasta llegar a 12.481 personas. De ellas, 11.245 -90,1%- eran mujeres y 1.236 -9,9%- hombres, y 1.510 -12,1%- menores de edad.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado estos datos en la quinta reunión del Observatorio regional de Víctimas del Delito celebrada en la Viceconsejería de Justicia y Víctimas, donde ha destacado "la calidad y la calidez con la que se les atiende, sobre todo a las más vulnerables".
Los motivos más comunes de las consultas fueron actos contra la libertad sexual -abusos, agresiones- (34,1%) y violencia contra la mujer (33,2%). Por detrás, hechos contra la integridad física (5,7%), incidentes próximos a delitos que no son objeto de denuncia (5,4%) y violencia doméstica -intrafamiliar- (5,2%).
La Comunidad de Madrid despliega 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) -una por cada partido judicial- tres de ellas en la capital (Plaza de Castilla, Albarracín y Julián Camarillo) y 18 en municipios (Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz y Valdemoro). La plantilla, con gestores procesales y administrativos, psicólogos y trabajadores sociales, es de 67 empleados públicos, diez más que en 2023.
Como novedad, en 2024 se formó a todos los psicólogos y trabajadores sociales de las OAVD como expertos facilitadores para dar apoyo a las personas con discapacidad en las sedes judiciales. En este periodo, los profesionales acreditados actuaron en 168 casos (128 adultos y 40 menores de edad).
