La Comunidad de Madrid incorpora en tres años cerca de 350 propuestas para reducir legislación que entorpece la actividad económica
La Comunidad de Madrid ha incorporado en tres años cerca de 350 propuestas de particulares, empresas y profesionales para reducir legislación, facilitar trámites y derogar requisitos obsoletos que entorpecen la creación y desarrollo de negocios. De ellas, el 81% ya están ejecutadas y el resto se encuentra en proceso de tramitación, y sólo en el último año se han gestionado 138, el 40% del total.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García Martín, y la de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, han presentado hoy en el Palacio de Santoña de la capital el Informe anual de Simplificación Normativa, con motivo del tercer aniversario de la Línea Abierta contra la Hiperregulación. Para Albert, "el objetivo siempre ha sido hacer la vida más fácil a ciudadanos y a empresas disminuyendo las cargas administrativas y normativas, para favorecer así la actividad económica con las menores trabas burocráticas y excesos regulatorios".
Por su parte, García Martín ha asegurado que "simplificar y actualizar la normativa, dando mayor seguridad jurídica y estimulando la actividad económica, es uno de los pilares sobre los que se ha sostenido el crecimiento y la creación de empleo de la Comunidad de Madrid en los últimos treinta años".
Esta herramienta pionera, a la que se puede acceder a través de la web de la Comunidad de Madrid que comenzó a funcionar en marzo de 2021, permite poner en conocimiento de la Administración las barreras regulatorias que encuentran los agentes económicos al desarrollar su actividad. El Gobierno regional estudia todas las sugerencias recibidas para determinar su viabilidad y analiza cómo pueden aplicarse en el marco de sus competencias.
Del total de medidas expuestas en el informe, el 22% corresponden a actuaciones en materia de Economía y Empleo; el 18%, a Políticas Sociales; el 17% a Medio Ambiente y Agricultura, y el 12% a Sanidad. Asimismo, el 75% de las iniciativas tienen un impacto social, beneficiando de forma directa, real y efectiva al ciudadano.
En el área de Economía y Empleo, destacan avances como la eliminación de la necesidad de un listado desglosado de socios para que las Asociaciones de Comercios accedan a ayudas del Gobierno autonómico; o la implantación del Dossier Único Empresarial, que simplifica la documentación para que una empresa inicie su actividad. Además, el 20% de las medidas están relacionadas con la flexibilización de requisitos a la hora de acceder a ayudas públicas.
Por su parte, en Políticas Sociales, se han reducido trámites para solicitar el acogimiento familiar y el pago único por nacimiento o adopción múltiple, de forma que basta con una declaración responsable para acreditar los requisitos; en Medio Ambiente se ha suprimido el informe previo para la autorización de cambio de uso de cultivo forestal en agrícola en montes o terrenos forestales no catalogados, y, en Sanidad, se ha aprobado actualizar y optimizar las rutas asistenciales de la enfermedad de Parkinson, para simplificar la admisión y agilizar el acceso directo a servicios especializados, entre otras medidas.
Una administración más ágil y cercana
Junto a ello, también destacan las iniciativas para facilitar trámites como la Oficina Virtual de Tributos que permite la presentación telemática de autoliquidaciones de impuestos de gestión autonómica; o la Oficina Virtual de Empleo que ha incorporado la atención por videollamada con los usuarios que así lo solicitan. Además, se ha incorporado el pago por bizum de tasas e impuestos.
