La Comunidad de Madrid aprueba 11,7 millones para los preparativos del inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia el próximo año
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La Comunidad de Madrid prepara el inicio de la construcción de la Ciudad de la Justicia de la capital prevista para el primer semestre de 2025 y con un plazo de ejecución de hasta 48 meses. El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el contrato de servicios destinado para la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las obras por un total de 11,7 millones euros hasta 2029.
El Ejecutivo autonómico invertirá 653 millones de euros para unificar 26 sedes existentes repartidas actualmente por Madrid en una sola parcela ubicada en el barrio de Valdebebas. Tendrá una superficie construida de 434.000 metros cuadrados, un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos. Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.
El nuevo complejo judicial se divide en dos lotes para su edificación en paralelo. El primero, con un coste de 195 millones de euros, incluye el diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), la Audiencia Provincial (Civil y Penal), y los 103 Juzgados de Primera Instancia, servicios administrativos polivalentes, dos aparcamientos, el edificio de entrada y la urbanización de la plaza de acceso. El segundo, por un valor de 458 millones, contiene el Orden Civil, Penal, Fiscalía, el paso a los juzgados de guardia, archivos, depósitos, dependencias de seguridad y otros usos. Estos edificios estarán terminados a finales de 2026.
Todos los edificios de la Ciudad de la Justicia serán un referente en accesibilidad y eficiencia energética que será casi cero, 10 puntos por debajo de lo marcado por la Unión Europea.
El Ejecutivo autonómico va a actuar sobre el 90% de las 571 infraestructuras judiciales en el periodo 2023/27 con una inversión superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación total, parcial o la mejora de su eficiencia energética.
