La Rioja cifra en 300,5 millones la pérdida de ingresos en las arcas regionales provocada por la falta de unos Presupuestos del Estado para 2024

El Gobierno de La Rioja cifra en 300,5 millones de euros la pérdida de ingresos en las arcas públicas regionales que está provocando la falta de unos Presupuestos Generales del Estado para 2024. Este quebranto supone que cada mes el Estado ingrese 8,7 millones de euros menos a la Comunidad, sin explicación alguna, lo que solo en los cinco primeros meses del año ha generado un déficit de casi 44 millones de euros, a los que habría que sumar los 195,7 millones previstos en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2022. Por ello, el Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán insta al Gobierno de la Nación a actualizar con urgencia las entregas a cuenta por Real Decreto-ley, como ya se hizo en 2019, un ejercicio sin Presupuesto y con el Ejecutivo central en funciones.    

El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, así lo ha dado a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también ha informado de que la reunión semanal presidida por el jefe del Ejecutivo regional ha conocido el contenido de la orden para la elaboración de los Presupuestos Generales de La Rioja (PGLR) 2025.

En relación con las entregas a cuenta, Alfonso Domínguez ha recordado que no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir. Asimismo, ha subrayado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80% del mismo por lo que, a partir de él, se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto.

Dado que no hay Presupuestos Generales del Estado este año, las cuantías no se han actualizado, lo que, en la práctica, en el caso de La Rioja, supone la pérdida de 300,5 millones, una merma que es resultado de la diferencia entre los 1.141,8 millones que actualmente se le están entregando a la Comunidad Autónoma y los 1.442,3 millones que el Estado estimó que le corresponden durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de diciembre. En este sentido, el consejero ha incidido en que el cálculo realizado por el Ministerio superó los 1.346,3 millones estimados por el Ejecutivo regional cuando elaboró las Cuentas regionales 2024, basándose en un cálculo prudente avalado por la AIReF y otros analistas independientes.

Las principales consecuencias que provoca esta paralización para el Ejecutivo riojano y para todos los ciudadanos riojanos, son dos, ha enfatizado el consejero. Por un lado, el Estado retiene mensualmente 8,7 millones de euros lo que, en el acumulado del año, si no se produce una actualización de las entregas a cuenta, supondrá un déficit en términos de tesorería de 104,4 millones a los que habría que añadir la liquidación del sistema de 2022 y que asciende a 195,7 millones de euros. Solo hasta mayo, y sin justificación por parte del Estado, la pérdida acumulada alcanza los 43,7 millones de euros.

Y, por otro, la diferencia entre las estimaciones recogidas por el Presupuesto regional y la cifra comunicada por el Ministerio en diciembre genera un problema de índole presupuestario, por cuanto compromete la capacidad de gasto adicional de 96 millones de euros que el Gobierno de La Rioja tiene la intención de movilizar, al menos en parte, para poner en marcha medidas consideradas estratégicas. Sin embargo, y en tanto no se produzca el ajuste real y efectivo de las cifras del sistema de financiación autonómica, no se podrán tramitar los correspondientes expedientes de modificación presupuestaria, con el consiguiente retraso en la ejecución de políticas regionales que redunden en el beneficio de la sociedad riojana.

Los Presupuestos regionales de 2025, en marcha

Asimismo, Alfonso Domínguez ha informado de que el Consejo de Gobierno celebrado este martes ha conocido los detalles de la orden de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de La Rioja para 2025. Esta orden es el punto de partida formal para iniciar los trabajos de preparación de las cuentas públicas para el próximo ejercicio, hito al que seguirán la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Gobierno y finalmente la presentación del anteproyecto legislativo y su remisión al Parlamento de La Rioja para que, en tiempo y forma, los Presupuestos estén vigor el 1 de enero de 2025, como marca la legislación vigente.

Los objetivos prioritarios de los Presupuestos Generales de La Rioja 2025 se concentrarán en seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Gonzalo Capellán ante la sociedad riojana profundizando en la agenda de rebajas fiscales y en la mejora de los servicios públicos, e intensificando los estímulos a la economía real liderada por empresas, pymes y autónomos. También persistirán en el desarrollo de una administración ágil, eficaz y plenamente digital, que genere confianza a los ciudadanos, simplificando sus gestiones administrativas, y al tejido productivo, favoreciendo la actividad y el crecimiento económico.

El proyecto consolidará las bases para cumplir los compromisos de financiación, en especial de los proyectos relacionados con los fondos Next Generation EU, con el empeño de acelerar al máximo su ejecución, y mejorará su diseño desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas.

Los Presupuestos 2025 también insistirán en el equilibrio y la sostenibilidad de las cuentas regionales, cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que fije el Consejo de Ministros. Asimismo, se ajustarán al límite de gasto no financiero que establezca el Consejo de Gobierno en coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto aprobados para 2025, que marcará el techo de asignación de recursos de los mismos.