El Consejo de Gobierno autoriza prorrogar un año el contrato con la Fundación Pioneros para evitar la reincidencia de menores infractores
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El servicio de ejecución de medidas en medio abierto (libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio a la comunidad) y reinserción social se amplía hasta julio de 2025 por 360.000 euros.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, 30 de abril, a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General Justicia e Interior, la aprobación del gasto de 360.000 euros para la prórroga hasta julio de 2025 del contrato con la Fundación Pioneros para evitar la reincidencia y favorecer la reinserción social de los menores infractores de la región.
Este servicio se presta a jóvenes entre los 14 y los 17 años que han incurrido en responsabilidad penales por las que el Juzgado de los Menores les ha impuesto medidas en medio abierto como libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio a la comunidad. La financiación del Ejecutivo regional para esta prórroga se desagrega en dos anualidades: 150.000 euros este año y 210.000 euros en 2025.
A lo largo de 2023 se gestionaron 81 expedientes de libertad vigilada. Esta medida judicial consiste en realizar un seguimiento del menor en diversas áreas, personal, social, formativa y laboral, en el que él mismo marca los objetivos de mejora para potenciar sus capacidades y evitar un nuevo expediente judicial. Normalmente, esta medida va unida a una serie de obligaciones impuestas en la sentencia que tienen que ver con el ámbito formativo/laboral, la salud mental y el aumento de competencias personales.
En cuanto a las prestaciones en beneficio de la comunidad, que exigen al menor realizar una actividad con el fin de que se responsabilice de sus acciones y repare el daño ocasionado, a lo largo del año pasado se derivaron 8 expedientes y se intervino en 13 medidas.
Además, fueron derivadas 53 tareas socio-educativas, esto es, actividades específicas del ámbito educativo para que los menores incrementen sus competencias personales, laborales y formativas. Asimismo, se trabajó con 75 medidas judiciales (38 finalizadas al cierre de 2023) y se realizaron 58 reparaciones judiciales.