El Consejo de Gobierno autoriza prorrogar un año el contrato con la Fundación Pioneros para evitar la reincidencia de menores infractores
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El servicio de ejecución de medidas en medio abierto (libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio a la comunidad) y reinserción social se amplía hasta julio de 2025 por 360.000 euros.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, 30 de abril, a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General Justicia e Interior, la aprobación del gasto de 360.000 euros para la prórroga hasta julio de 2025 del contrato con la Fundación Pioneros para evitar la reincidencia y favorecer la reinserción social de los menores infractores de la región.
Este servicio se presta a jóvenes entre los 14 y los 17 años que han incurrido en responsabilidad penales por las que el Juzgado de los Menores les ha impuesto medidas en medio abierto como libertad vigilada, tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio a la comunidad. La financiación del Ejecutivo regional para esta prórroga se desagrega en dos anualidades: 150.000 euros este año y 210.000 euros en 2025.
A lo largo de 2023 se gestionaron 81 expedientes de libertad vigilada. Esta medida judicial consiste en realizar un seguimiento del menor en diversas áreas, personal, social, formativa y laboral, en el que él mismo marca los objetivos de mejora para potenciar sus capacidades y evitar un nuevo expediente judicial. Normalmente, esta medida va unida a una serie de obligaciones impuestas en la sentencia que tienen que ver con el ámbito formativo/laboral, la salud mental y el aumento de competencias personales.
En cuanto a las prestaciones en beneficio de la comunidad, que exigen al menor realizar una actividad con el fin de que se responsabilice de sus acciones y repare el daño ocasionado, a lo largo del año pasado se derivaron 8 expedientes y se intervino en 13 medidas.
Además, fueron derivadas 53 tareas socio-educativas, esto es, actividades específicas del ámbito educativo para que los menores incrementen sus competencias personales, laborales y formativas. Asimismo, se trabajó con 75 medidas judiciales (38 finalizadas al cierre de 2023) y se realizaron 58 reparaciones judiciales.
