Mitma firma un acuerdo con La Rioja para financiar con 272.618 euros la compra de siete viviendas para alquiler social
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Se enmarca en el programa para el incremento del parque público de vivienda del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022- 2025. El objetivo del plan es incrementar el parque público de vivienda para alquiler social mediante la concesión de ayudas a las comunidades autónomas para financiar hasta el 60% del coste para la adquisición de viviendas.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado un acuerdo con la Comunidad Autónoma de La Rioja para financiar con 272.618 euros la adquisición de siete viviendas para alquiler social por parte de esta con cargo al Plan Estatal de acceso a la vivienda (PEV) 2022-2025. El presupuesto total para esta actuación, incluyendo la aportación de la administración autonómica y del promotor, asciende a 590.674 euros.
Con este acuerdo, suscrito a finales de 2022, se impulsa el parque público de vivienda en alquiler social o a precio asequible en los municipios de Santo Domingo de la Calzada y Lardero.Esta firma se suma a otros acuerdos suscritos con Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Todos los acuerdos se enmarcan en el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, que cofinanciancia, entre otras medidas, el incremento del parque público de vivienda mediante la concesión de ayudas a las comunidades autónomas, así como a sus entidades vinculadas o dependientes, de hasta el 60% del coste para la adquisición de viviendas que pasen directamente a engrosar el parque público en alquiler asequible o social.
El Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 da continuidad al plan ejecutado entre 2018 y 2021 y forma parte del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) puesto en marcha por el Gobierno para promover la puesta a disposición de los ciudadanos viviendas asequibles a través de diferentes iniciativas.
Plan Estatal de Vivienda
El Plan Estatal de Vivienda cuenta con varios programas que articulan la concesión de ayudas al alquiler; la financiación de actuaciones para erradicar la infravivienda y el chabolismo y para mejorar la accesibilidad de las viviendas y promover la regeneración y renovación urbana y rural de zonas degradadas:
• Programa de ayuda al alquiler de vivienda, incluyendo medidas especiales para personas especialmente vulnerables, población en situación de vulnerabilidad sobrevenida o jóvenes.
• Programa de incremento del parque público de viviendas.• Programa de fomento de viviendas para personas mayores o personas con discapacidad.
• Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing de viviendas intergeneracionales.
• Programa de puesta a disposición de viviendas de entidades públicas para su alquiler como vivienda social.
• Programa de fomento de la puesta a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos de viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible o social.
• Programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas.
• Programa de ayuda a la erradicación de zonas degradadas, del chabolismo y la infravivienda.
• Programa de ayuda para el pago del seguro de protección del alquiler.
Para activar los diferentes programas de ayudas en materia de vivienda durante los cuatros años de vigencia del Plan 2022-2025, Mitma ya hafirmado convenios con todas las comunidades y ciudades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra debido a su régimen foral. Estos 17 convenios cuentan con una aportación por parte del Ministerio de más de1.420 millones de euros.
Las comunidades autónomas, que son las que ostentan la competencia en materia de vivienda, son las responsables de sacar las convocatorias correspondientes a las ayudas públicas establecidas en el marco de este Plan Estatal.
Los destinatarios de las subvenciones pueden ser, según el tipo de programa, tanto personas jurídicas (administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derechos público y privado, empresas, fundaciones, entre otras) como personas físicas (propietarios, arrendatarios, personas especialmente vulnerables o que hayan sido objeto de desahucio, personas sin hogar y otras).
