La falta de Presupuestos Generales del Estado y la retención de las entregas a cuenta fuerzan a la Comunidad a acudir a un crédito extraordinario para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos
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Alfonso Domínguez denuncia que el Gobierno de España, “como ya hizo en 2024, sigue incumpliendo su obligación constitucional, y en lo que va de año no ha transferido a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 60,5 millones que debía habernos ingresado, lo que está provocando tensiones de tesorería”
El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de hoy, 13 de mayo, la necesidad de la Comunidad Autónoma de acudir a un crédito extraordinario para garantizar el pago puntual y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales ante las tensiones de tesorería que están provocando la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la retención de las entregas a cuenta. "El Gobierno de España, como ya hizo en 2024, sigue incumpliendo su obligación constitucional, y no ha transferido a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 60,5 millones de euros que debía habernos ingresado a estas alturas del ejercicio 2025, lo que está provocando tensiones de tesorería", según ha informado hoy, 13 de mayo, el portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro semanal del Ejecutivo regional celebrado en Torrecilla en Cameros.
Alfonso Domínguez ha recordado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80% del mismo por lo que, a partir de él, se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre ellos, el creciente sistema de dependencia. Además, ha incidido en que "no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir".
Sin embargo, las arcas públicas regionales están recibiendo de transferencias mensuales del Estado "la misma cantidad que en 2023, cuando la recaudación actual de impuestos está en niveles récord y los gastos también", lo que está provocando que "nuestra región deje de recibir 17,23 millones de euros al mes, un dinero que nos corresponde, que es de los riojanos, pero que no llega, lo que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales".
El portavoz y consejero de Hacienda ha añadido que La Rioja se enfrenta a una situación que ya se produjo en 2024, cuando el Gobierno de España tampoco cumplió su obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos, y el Ministerio de Hacienda retrasó hasta julio la aprobación del real decreto-ley de actualización, aunque puso como fecha de pago septiembre. Para 2025, se aprobó una prórroga de las entregas a cuenta de 2024 para que al menos se mantuvieran las transferencias del año pasado mientras se aprobaban los PGE de este año que solo estuvo vigentes en enero, por lo que desde febrero se vienen recibido las mismas transferencias que en 2023, sin actualizar.
Así, durante los cuatro primeros meses del año "se han acumulado en retrasos más de 60 millones de euros, dinero que es de los riojanos: 8,77 millones en enero y 17,23 millones en cada uno de los meses de febrero, marzo y abril, lo que nos ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de ingresos, acudiendo a un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 100 millones de euros". Con todo, "el perjuicio para La Rioja se agravará -ha alertado- si el Gobierno de España prolonga esta situación, es decir, si no se presentan los Presupuestos Generales del Estado o no se actualizan". En ese escenario, "La Rioja dejará de percibir 253 millones de euros: 197 millones en entregas a cuenta mensuales del 2025, más 56 millones de euros de la liquidación de 2023".
Por todo ello, Alfonso Domínguez ha instado al Gobierno de España a "cumplir su obligación constitucional y a actualizar con urgencia, a través de un real decreto-ley, las entregas a cuenta que está reteniendo a la Comunidad Autónoma". "No hay excusas", ha remachado.