El Instituto de las Mujeres y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social presentan el documento “Justicia social y perspectiva de género en el acceso a la jubilación anticipada”
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Instituto de las Mujeres y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social presentan el documento Justicia social y perspectiva de género en el acceso a la jubilación anticipada, un informe que recoge el análisis y la reflexión generados en una jornada especializada , con la colaboración de Carmen Grau Pineda, María Gema Quintero Lima, Matthieu Chabanne y José Luis Tortuero.
Esta publicación recoge un profundo estudio sobre las desigualdades de género estructurales que afectan a las mujeres, especialmente en el acceso a una jubilación anticipada, y plantea propuestas concretas para garantizar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a una pensión justa.
La brecha de género en las pensiones se sitúa actualmente por encima del 30 %, lo que refleja el impacto de múltiples factores que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Se abordan factores como la parcialidad en el empleo, las interrupciones en la carrera profesional por la falta de corresponsabilidad en los cuidados, la precarización y la minusvaloración de los sectores altamente feminizados, los cuales reducen significativamente la capacidad de cotización de las trabajadoras, con un impacto directo en su independencia económica y en el importe de la pensión.
El informe subraya que el diseño actual del acceso a la jubilación anticipada responde a un enfoque androcéntrico. Se basa en criterios creados para sectores tradicionalmente masculinizados, sin considerar las enfermedades crónicas y el deterioro físico, emocional y mental que conllevan muchos trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres, como el empleo doméstico, los cuidados o la hostelería. Estas condiciones, a menudo invisibilizadas, no son reconocidas como penosas, tóxicas o peligrosas, lo que impide a las trabajadoras acceder a mecanismos de jubilación anticipada en condiciones de igualdad.
Entre las principales propuestas del informe destacan: la incorporación transversal de la perspectiva de género en toda la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de Seguridad Social; la redefinición de los conceptos de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad; y la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en sectores altamente feminizados y con condiciones laborales especialmente duras. Asimismo, se plantea una revisión del listado de enfermedades profesionales con enfoque de género, integrando patologías como los trastornos musculoesqueléticos, problemas psicosociales y enfermedades derivadas de la exposición a condiciones laborales específicas. También propone incluir enfermedades como el cáncer de mama y ovario, que a menudo se invisibilizan en el contexto laboral.
El informe reclama reformas en el sistema de pensiones para que contemple las trayectorias laborales discontinuas, las desigualdades retributivas y la segregación ocupacional. Asimismo, destaca la importancia de la negociación colectiva para visibilizar y mejorar las condiciones laborales en sectores feminizados, promoviendo una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de diálogo social. A medio plazo, se aboga por una transformación del modelo vigente que incorpore indicadores más adecuados para valorar las condiciones de trabajo feminizados y su impacto en la salud.
La jornada contó con la participación de destacadas expertas y expertos en Derecho del Trabajo, salud laboral y género, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una reforma estructural del sistema de Seguridad Social. Señalaron que la actual normativa no sólo refleja, sino que amplifica las desigualdades del mercado laboral, exigiendo a las mujeres demostrar judicialmente la relación entre su enfermedad y las condiciones laborales, ante la falta de reconocimiento institucional.