Comparecencia del presidente del Gobierno en la sesión extraordinaria del Congreso sobre presuntos casos de corrupción

Congreso de los Diputados, Madrid

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de reconocimiento a un sindicalista, a un gallego, a una persona profundamente de izquierdas, a Suso Díaz. Todo nuestro recuerdo y todo nuestro reconocimiento para la familia Díaz y para Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España.

Señorías, comparezco como saben ante esta Cámara para dar cuenta del caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de Organización de mi organización, del Partido Socialista. Vengo, por tanto, a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad. Pero, sobre todo, vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder. Porque estoy convencido, además, de que eso es lo que quieren la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Soluciones y, por tanto, no disputas estériles ni piras inquisitoriales que denigran a este hemiciclo y socavan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas.

Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas y -a mi juicio- es seguir haciendo avanzar a España. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar, conmigo mismo y, sobre todo, con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar.

El PSOE tiene cargos electos en más de 4.000 ayuntamientos, diputaciones, consells, cabildos y parlamentos autonómicos; también en las Cortes Generales. Ninguno de ellos ni de ellas, merece el torrente de insultos, de ataques y de generalizaciones de los que han sido víctimas en estos días. Sobre todo, y ante todo, porque esas personas son honestas, son decentes, son personas comprometidas con su país. Con sus errores y con sus defectos, lo que hacen es estar comprometidas con la ley y con la democracia.

La traición, por tanto, de unos pocos, no puede manchar al resto. Y entiendo que, desgraciadamente, sí pueda provocar dudas legítimas que deben ser contestadas. Y por eso estoy aquí: Para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el gobierno de coalición progresista hace en sus tareas ejecutivas, para despejar las dudas que puedan tener legítimamente los ciudadanos que sigan esta comparecencia, contando todo lo que sé y dando cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis.

Empezaré por el principio, señorías. Yo conocí a Santos Cerdán en el año más o menos 2014, cuando llegué a la Secretaría General del Partido Socialista y él ya desempeñaba tareas de responsabilidad en el Partido Socialista de Navarra. En el año 2017, cuando presenté mi candidatura a las primarias para la secretaria general, Santos Cerdán fue -junto con otros muchos militantes de mi organización- una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. Otra de las personas fue José Luis Ábalos.

En el Congreso Federal de julio del año 2017, como saben, José Luis Ábalos fue nombrado secretario de Organización y Santos Cerdán fue nombrado responsable de Coordinación Territorial de esa Comisión Ejecutiva Federal. Y en el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de Organización.

Ese fue mi error. Confiar en él, confiar en ellos. Y lo hice porque en ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista; porque no existía ningún indicio delictivo o acusación formal contra él.

Un año después, en noviembre de 2024, surgieron -como saben ustedes- en los medios de comunicación los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Cuando los leí en la prensa, mi primera reacción, evidentemente, fue de incredulidad. Los rumores carecían de concreción, de fuentes fiables o pruebas, y se producían además en un contexto mediático de desinformación en la que nos empezábamos a acostumbrar a leer noticias falsas casi a diario.

En todo caso, convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Y yo, señorías, le creí. Le creí porque creía conocer la vida sencilla que él llevaba a Madrid, también en su pueblo de Navarra, y porque le había visto trabajar durante cuatro años sin que diera muestra alguna de lo contrario. En aquel momento pensé, además, que estaba haciendo lo correcto. Y pese a que debo respetar lógicamente el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué.

Hace poco menos de un mes -ustedes lo saben bien- apareció un informe de la Guardia Civil, de su unidad UCO. Ni yo ni nadie de mi gobierno conocía de su contenido, de su existencia. Nos enteramos de su contenido como el resto de los ciudadanos y ciudadanas: por los medios de comunicación. Y, por tanto, creo que esto es importante revelarlo y subrayarlo, porque en mi gobierno no existe la mal llamada Policía Patriótica que operó en otro momento contra las investigaciones judiciales.

Dicho informe recogía graves indicios delictivos que apuntan a la existencia de una supuesta trama delictiva en la que tanto Santos Cerdán como Koldo García y José Luis Ábalos cobraban mordidas de empresas. Pero es que, además, esos informes y esos audios contienen comentarios y conductas machistas que están en las antípodas de mis valores y de lo que mi partido representa. Y en este sentido, señorías, si quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución.

Señorías, descubrir ambas cosas fue un duro golpe para mí -lo he dicho en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer este informe-, lógicamente para mi organización, para el Partido Socialista Obrero Español, y para millones de ciudadanos progresistas que confiaron en nuestro proyecto. Soy muy consciente de ello y, por eso, a todos ellos y a todas ellas, quiero pedirles una vez más disculpas. Y además quiero hacerlo desde aquí, desde la sede de la soberanía nacional.

Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y en Santos Cerdán. Es evidente que, pese a la reacción inmediata de su expulsión, los mecanismos de control interno en mi organización no funcionaron correctamente.

Y es evidente que el Gobierno, aún teniendo tarea pendiente en materia de otros muchos ámbitos, tenemos que volver a poner el foco y reivindicar y fortalecer toda la acción en materia de lucha contra la corrupción y el machismo. El culpable, evidentemente, de toda esta situación es quien comete esos supuestos delitos. Y eso le corresponde, por tanto, a la justicia determinarlo, pero yo, como persona que los nombró, evidentemente tengo parte de responsabilidad y la suma. Quienes llevan siete años pidiendo elecciones y por supuesto, mi dimisión desde la moción de censura del año 2018, se han apresurado a eso, a exigir de nuevo elecciones anticipadas y mi dimisión. Y he de decirle, señorías, que, francamente, yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla para mí y para y para mi familia, pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.

Por eso, señorías, quiero decirles a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar y voy a continuar por tres razones. Voy a continuar por tres razones.

La primera de ellas es porque soy un político limpio que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer, o mejor dicho, es más difícil no creer que creer, y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar.

En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura. Sé, señorías, que no están siendo días fáciles para esos grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura como presidente del Gobierno. Sé que están bajo mucha presión, pero quiero decirles a todos y cada uno de ellos que voy a estar a la altura, que voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y de lucha contra la corrupción y que voy a cumplir con los compromisos que tengo con ellos.

De hecho, esa es en parte la tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar desde hace siete años va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. Miren, es evidente que la coalición ultraderechista del Partido Popular con Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano, que se aferra al cargo para montar en el Falcon y vivir en el Palacio de la Moncloa. Silencio, señores diputados. Hacen esa caricatura, evidentemente, como hemos denunciado en muchas ocasiones, para deshumanizar al adversario político y porque creen además que este cargo es un privilegio a disfrutar y no un alto honor y una gran responsabilidad que ejercer, porque así es como entiende el Partido Popular y Vox el poder, pero no en mi organización ni por supuesto yo lo veo de ese modo.

Para nosotros y para nosotras el Gobierno es un alto honor, sin duda alguna, pero también es una inmensa responsabilidad y es una gran oportunidad de transformar para bien la vida de la gente. Es una responsabilidad por la confianza que depositaron en nosotros millones y millones de personas que quieren que sus derechos crezcan y no haya una involución, que se respeten, en definitiva. Y también es una gran oportunidad para mejorar la vida de la gente, para seguir convirtiendo a España en un referente mundial de crecimiento económico, de transición verde, de bienestar social y también de avances sociales en derechos y en libertades. Y esa oportunidad no es solo mía, es de muchos que se dejan la piel cada día para estar a la altura.

Por eso, señorías, no voy a tirar la toalla y voy a continuar porque tenemos un gran proyecto de país en el que confían millones de personas. Un proyecto que no podemos abandonar por la corrupción y la zafiedad de unos pocos que, por cierto, no pidieron permiso al resto y que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, lo que nunca fue suyo, que es la dignidad del Gobierno y el presente y el futuro de España.

Señorías, les pido que miren un momento hacia atrás y juzguen también mi labor y la acción de este Gobierno de forma integral y honesta porque creo que, si lo hacen, si lo hacemos, si lo hacen los ciudadanos verán que nuestra hoja de servicios es clara y muy positiva. En enero de 2020 presenté en esta Cámara las prioridades y compromisos que guiarían la acción del Gobierno de Coalición Progresista. Prioridades y compromisos que publicamos también el pasado mes de noviembre del año 2023 ante una nueva mayoría parlamentaria. Hoy, años después, y a pesar de las enormes dificultades vividas, podemos decir con humildad y también con datos que estamos cumpliendo con esa hoja de ruta. Dijimos que crearíamos empleo y hoy tenemos el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de la historia. Dijimos que generaríamos riqueza y hoy somos una de las economías que más crece en Europa y acabamos de superar en PIB per cápita, nada más y nada menos que una gran economía como la japonesa. Dijimos que mejoraríamos el poder adquisitivo de los ciudadanos después de muchos años de recortes y de merma de la renta disponible y hemos aumentado la renta disponible de los hogares en 11 puntos, señorías, por encima de la inflación. Dijimos que transformamos nuestro tejido productivo, que es reindustrializar nuestra economía en verde y también en digital, y hoy exportamos más servicios no turísticos por un valor de 7.000 millones de euros mayor a los ingresos por turismo, justo al contrario de lo que ocurría en el año 2018, el último año de la administración conservadora de Mariano Rajoy. Dijimos que lideraría la transición ecológica y hoy somos la cuarta gran economía más sostenible del mundo, según prestigiosas universidades como la de Yale. Dijimos que repetiríamos los recortes de Mariano Rajoy a nuestro Estado del bienestar y hemos invertido nada más y nada menos que un 36% más en servicios públicos y prestaciones sociales que lo hacía el Partido Popular bajo sus gobiernos. Dijimos que resolveríamos y volveríamos al terreno de la política los conflictos territoriales que amenazaban con fracturar a nuestro país, y hemos logrado recuperar esa confianza política, esa convivencia y esa cohesión territorial en las instituciones y reimpulsar el autogobierno de los territorios. Dijimos que convertiríamos a España en un actor importante en la escena internacional y europea y hoy somos un referente global en defensa del multilateralismo, del comercio abierto, del derecho internacional y de la paz.

Hemos conseguido muchas cosas en estos años, nadie puede negarlo, señorías, como tampoco negamos nosotros que aún queda mucho por hacer. Muchísimo. Todavía tenemos que alcanzar el pleno empleo sobre todo entre los jóvenes, mejorar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores, todavía tenemos que mejorar nuestro sistema científico, educativo, también sanitario. Todavía tenemos que eliminar las injusticias que afectan a distintos colectivos y también a los jóvenes, sin olvidar al 51% de nuestra población, que son los derechos y las libertades de las mujeres. Todavía tenemos que hacer efectivo el derecho de todo ciudadano y ciudadana al acceso a una vivienda digna. Todavía tenemos que culminar ese proyecto siempre inconcluso, que es el modelo autonómico y, sin duda, todavía tenemos que resolver el problema de la corrupción en nuestro país.

Miren, España es un país que funciona conforme a la ley. Los datos indican los datos, insisto, indican que en España no hay una corrupción sistémica, ni endémica, ni tampoco existe impunidad, como dicen algunos. Cada día en España, señorías, en todas las administraciones públicas, desde el ayuntamiento más pequeño hasta la Administración General del Estado, se celebran cientos, miles de contrataciones públicas y la práctica totalidad cumple escrupulosamente con la ley. La inmensa mayoría de nuestros servidores y servidores públicos trabajan con integridad y con una vocación intachable. Y la inmensa mayoría de nuestras empresas compiten con honradez y respeto a las normas.

En todo caso, es evidente que esa integridad no es absoluta, que en nuestro país sigue habiendo corruptos y corruptores. Sigue habiendo políticos y cargos públicos de todas las ideologías procesados por malversación, por cohecho o por blanqueo de capitales. Sigue habiendo también pocos, pero los hay, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por ejemplo, el comisario Villarejo, acusados de revelación de secretos, falsedad documental y organización criminal. Sigue habiendo empresarios que pagan mordidas, sobornos para influir en la legislación u obtener contratos públicos. Por eso, señorías, lo que quiero decir con esto es que en España no existe una corrupción sistémica. Y si existe esa corrupción, que la hay, también si lo vemos en términos históricos, con perspectiva histórica, es mucho menor que en el pasado, pero sigue existiendo y la causa es un grave daño a las instituciones, a la confianza en nuestras instituciones democráticas, al tejido productivo y, en definitiva, a nuestra ciudadanía.

A lo largo de los últimos años, el Gobierno de coalición progresista ha puesto en marcha o ha adoptado más de 30 medidas para combatir esta lacra. Hemos hecho muchas cosas, también con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara.

Hemos modificado lo que hizo la anterior administración del Partido Popular, que es la modificación del Código Penal para derogar los límites a la instrucción de macro causas, penalizar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, ampliar la corrupción también al ámbito privado, tipificando nuevos delitos entre particulares.

Hemos reforzado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción. Hemos incrementado en un 61% los recursos y los efectivos de la UCO de la Guardia Civil. Hemos protegido a quienes denuncian corrupción mediante la Ley de Protección del Informante y la creación también para ello de una autoridad independiente específica.

Hemos aprobado un sistema de integridad para la Administración General del Estado que incluye, entre otras cuestiones, canales de denuncia, protocolos de gestión de riesgos, mecanismos también de evaluación. Y hemos impulsado una ley de Transparencia y de Integridad de los Grupos de Interés ya en tramitación parlamentaria, que dotará de luz y de reglas a la actividad de los lobbies, de los grupos de presión en nuestro país.

Creo que esta actividad reformadora, señorías, es importante. No ha sido casual, ni por supuesto, tampoco improvisada. Empezó en el año 2020, en enero de 2020, el año de la pandemia, y ha ido avanzando a lo largo de las dos legislaturas como fiel reflejo de una voluntad real y compartida por erradicar la impunidad, por reforzar la rendición de cuentas y por blindar nuestra democracia frente a la corrupción.

Hemos avanzado mucho, señorías, pero es obvio, resulta evidente que no es suficiente.

Las 35 causas de corrupción que se abrieron el año pasado en nuestro país, algunas de ellas a partidos políticos de distinto signo, nos demuestran que se necesita hacer más. Que los partidos políticos, los gobiernos de las distintas administraciones, las empresas tienen que adoptar más medidas.

Y yo, como presidente del Gobierno tengo la mayor responsabilidad en todo ello y la voy a asumir. Voy a afrontar el problema de la corrupción como hemos hecho con otras muchas crisis que durante estos últimos siete años hemos tenido que afrontar y gestionar.

Este fin de semana, a nivel de mi organización, anuncié no solamente una reestructuración profunda de la Comisión Ejecutiva Federal sino también un contundente paquete de reformas de sus estatutos y fórmulas de trabajo. Un paquete de reformas que, unidas a las que ya entraron en vigor en los últimos años, permitirán evitar que tramas corruptas como la protagonizada, en este caso, por los dos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, no vuelvan a darse en el seno de mi partido. Y convertirán, por cierto, al Partido Socialista en el partido con los mecanismos y las reglas más ambiciosos en materia de transparencia y de compromiso feminista.

En todo caso, señorías, sabemos que actuar dentro de la organización, de nuestras organizaciones solo permite abordar una dimensión de este reto, de este desafío, porque la corrupción no solo ha existido en una organización, existen otras también en instituciones y en algunas empresas. Y si realmente queremos seguir reduciendo esta lacra social hasta acabar con ella definitivamente tenemos que actuar también sobre estos espacios.

Por eso, señorías, quiero anunciarles que el Gobierno de coalición progresista les propone a ustedes y también a los ciudadanos la aprobación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo multilateral como es la OCDE, en concreto con su prestigiosa división de Anticorrupción e Integridad en el Gobierno.

Un Plan Estatal, por tanto, de lucha contra la corrupción, con 15 medidas que hemos elaborado conjuntamente con la OCDE. Este plan ha sido, como he dicho, elaborado a lo largo de este último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán, también con reuniones con los distintos grupos parlamentarios; con los socios de gobierno; el Grupo Parlamentario de Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda; con expertos de la sociedad civil; con los técnicos de la OCDE, que es, como saben, el organismo multilateral que se encarga de mejorar la calidad institucional en los 38 países más avanzados del mundo.

Además de sus aportaciones y de esta elaboración conjunta con la OCDE, hemos incorporado también distintas propuestas del Foro de Gobierno Abierto, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa y también recomendaciones de la Comisión Europea.

En su conjunto, estamos convencidos, señorías, de que este Plan de Lucha contra la Corrupción supondrá el mayor impulso a la prevención, a la lucha y la reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país.

El objetivo, por tanto, señorías, es situarnos en esto a la vanguardia del continente, como ya lo hemos hecho en otros muchos ámbitos a lo largo de estos siete años de gobierno de coalición progresista.

Los miembros de esta Cámara, los medios de comunicación, la ciudadanía en su conjunto, van a poder acceder a este documento completo del plan hoy mismo desde la página web de La Moncloa y sus redes sociales.

Pero me gustaría aprovechar lógicamente esta comparecencia para presentar ante sus señorías y también ante la ciudadanía sus principales medidas, siguiendo los cinco ejes que integran este Plan Estatal.

El primer eje de este Plan se centra en la prevención de riesgos y en el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. Entre sus seis medidas, sus señorías encontrarán la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. En España, señorías, contamos con muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción en los distintos niveles estatales, tanto el Estado como también las comunidades autónomas. Y es evidente que esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos, pero también resulta evidente que ha generado ineficiencias y vacíos de coordinación. De hecho, señorías, los técnicos de la OCDE nos recomiendan también, además de otros grupos parlamentarios, crear esta agencia que deberá coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción y que será encargada de liderar los esfuerzos en esta materia.

Al mismo tiempo, señorías, vamos a extender la metodología aplicada a la adjudicación de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia a toda la Administración del Estado. Lo que vamos a hacer es crear mapas de riesgo de integridad, usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, también las subvenciones, o la propia gestión presupuestaria. Y para ello vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público de modo que nos permita automatizar, optimizar la identificación de patrones anómalos o indicios de fraude. Porque es inaceptable que haya empresas que sistemáticamente, con diferentes modificaciones de contratos en administraciones, no sean detectadas y no tengamos información necesaria para evitarlo. Yo creo que con esta nueva herramienta tendremos esa capacidad para poder detectar esos patrones.

Y en virtud de esta misma lógica, señorías, exigiremos sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las distintas administraciones y desplegaremos pactos de integridad para determinados contratos públicos. Un sistema que ya usan, por cierto, otros países europeos y que sirve para monitorear de forma independiente los procesos de contratación, reduciendo por tanto el riesgo de mala praxis.

Y, además, como saben, la nueva Ley de Administración Abierta reforzará la obligación de transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia del Estado.

Y vamos también a establecer controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante su mandato, para vigilar que nadie obtenga un beneficio, digamos, indebido.

Dentro de este eje, señorías, reforzaremos también los controles a los partidos políticos para garantizar que quienes gestionan recursos públicos y representan a la ciudadanía lo hagan con los más altos estándares de integridad y de transparencia.

¿Qué es lo que vamos a proponer a sus señorías, a las formaciones políticas? Pues la obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a los 50.000 euros a realizar auditorías externas e independientes, profundizando por tanto en la transparencia de las donaciones, también la financiación privada, reduciendo el umbral de la publicación de donaciones a 2.500 € y el plazo también de publicación a un mes desde su recepción.

Y también propondremos la aprobación de esta Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés, que asegurará que la relación entre empresas y servidores públicos se produce con responsabilidad y con transparencia.

Esto respecto al primero de los ejes de este plan, que hemos elaborado conjuntamente con muchas de sus señorías y también con la OCDE.

El segundo eje del Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción que les proponemos, señorías, se centra en la protección de quienes dan un paso al frente a la hora de denunciar supuestos y potenciales casos de corrupción. En una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le escucha, se le protege y se le respalda. Contamos, como saben ustedes con la Ley 2/2023 para la protección de los informantes y con la Autoridad Independiente de Protección al Informante, como antes he relatado antes. Pero es evidente que esta ley no es suficiente. Por ello, lo que vamos a incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es que cualquier persona que acuda directamente a la Fiscalía, a la policía, o a un juez a denunciar casos de corrupción cuente con garantías plenas de confidencialidad, de protección y de apoyo legal.

Exigiremos, por tanto, que las empresas tengan también canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas, incluyendo las autonómicas y las municipales, a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

Nuestra lucha contra la corrupción, señorías, no puede basarse en rumores ni tampoco en acusaciones vacuas, pero tampoco puede permitirse que informaciones valiosas se pierdan en los pasillos. Y, por tanto, las medidas contenidas en este eje. yo creo que nos pueden ayudar a evitarlo.

El tercer eje de este plan contiene tres medidas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar los casos de corrupción Medidas, por tanto, para fortalecer nuestro sistema judicial, para dotarlo de mayor independencia también de medios, y endurecer las sanciones contra corruptos. Para ello crearemos secciones especializadas en delitos contra la Administración pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces y juezas especializados. Algo que, por cierto, ayudará a agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Además, se otorgará carácter preferente y se creará un procedimiento sumario para los casos que involucren a cargos públicos. Porque a menudo, señorías, lo que vemos en nuestros tribunales no son dilaciones indebidas son dilaciones calculada, la mayor parte de las veces provocadas por las partes, que merman la confianza de la ciudadanía en la acción de la justicia. Para visualizarlo en un caso concreto. La pieza de Arganda de la ciudad de Arganda, de la Comunidad de Madrid, del caso Gürtel, inició su instrucción, señorías, en el año 2009 y no hemos conocido la sentencia hasta 16 años después, es decir, en este mismo año, el año 2025. Esto, evidentemente debemos abordarlo porque si no podemos estar abriendo las puertas a la impunidad.

Asimismo, contaremos con un continuo refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios. Remitiremos a las Cortes Generales el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá una reforma estructural del modelo de instrucción penal, atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal, como ya sucede, por cierto, en otros países europeos y garantizando su independencia y sus recursos

Señorías, si queremos acabar con la corrupción tenemos que perseguir a los corruptos, pero también tenemos que hacerlo con los corruptores, porque detrás de cada mordida hay alguien que recibe, pero también hay alguien que paga. Empresas empresarios que suelen irse de rositas y que tienden a eludir la crítica pública y también el castigo judicial. Y esto, evidentemente, no puede seguir así. Por eso vamos a endurecer las penas por delitos contra la administración pública en el Código Penal y duplicaremos los plazos de preinscripción. Y, además, aumentaremos las multas a las empresas productoras, calculándolas no sobre los beneficios obtenidos, sino sobre sus ingresos anuales. Y pondremos en marcha un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública.

Y haremos lo propio en las organizaciones políticas, endureciendo las sanciones por infracciones contables, retirando las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas estructuras u organismos de dirección a personas condenadas por corrupción.

El cuarto eje del plan que les propongo, señorías, se centra en la recuperación de los bienes robados mediante corrupción, porque evidentemente no basta con prevenir, con castigar esa corrupción, también hay que reparar el daño causado. Devolver a lo público lo que es de todos y de todas para restaurar la confianza ciudadana, la credibilidad institucional y enviar un mensaje disuasorio. Y por eso vamos a aumentar los medios, la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada, entre otras cosas, como saben ustedes, de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente. Y vamos a optimizar la coordinación con juzgados, fiscalías y también la Fiscalía Europea. Y vamos a introducir la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa, evitando que los responsables oculten o dispongan de dinero robado antes de que llegue la justicia.

Sea como fuere, señorías, yo creo que ningún sistema de anticorrupción será completo si no va acompañado de un cambio también cultural profundo. Es por eso que el último eje del plan aborda lo más complejo, lo más difícil, pero yo creo que lo más transformador y es generar una verdadera cultura de integridad que impregne nuestras administraciones públicas, que movilice a la ciudadanía y que responsabilice también con ello al sector privado, a las empresas de nuestro país.

Para guiar ese esfuerzo realizaremos estudios de picos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, para medir el alcance del problema, evaluar también las políticas y su eficacia. Lanzaremos campañas de concienciación ciudadana para visibilizar el impacto que tiene la corrupción, promover también el uso de los canales de denuncia, y reforzaremos la formación de los empleados y empleadas públicas en integridad y prevención, incorporando contenidos específicos en el acceso a la función pública. Por cierto, vuelvo a repetir, empleados y empleadas públicas que en una amplísima, amplísima mayoría, al igual que los representantes públicos, señorías, desempeñan su tarea con rigor y con total honestidad.

Sabemos que esta clase de procesos de concienciación Cívica llevan tiempo, que tardan años en dar sus frutos, pero también sabemos que esos frutos son esenciales para construir una sociedad íntegra.

Señorías, estas son las principales medidas de este Plan Estatal de Lucha contra la corrupción que el Gobierno de coalición progresista ha elaborado conjuntamente con aquellos grupos parlamentarios que han querido unirse y sumarse con sus aportaciones a este plan. También siguiendo las recomendaciones de distintos foros nacionales como internacionales y en consonancia también conjuntamente con la OCDE.

Creo que es un plan ambicioso, señorías, realista, honesto, que no busca satisfacer la lógica demanda coyuntural de anuncios, sino resolver el problema siguiendo la recomendación de los expertos y las demandas de los representantes públicos.

Y quiero decirles, además, señorías, que vamos a cumplir hasta la última coma de este plan. Y para demostrarlo también les anuncio que hemos acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y de evaluación que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y que emitirá un dictamen técnico que será de dominio público y, por tanto, de libre acceso a quienes tengan interés en saber exactamente qué avances están produciendo en materia de regeneración y de lucha contra la corrupción.

Esta es nuestra propuesta, señorías. Este es mi compromiso.

Yo creo, señorías, que hay dos tipos de grupos parlamentarios. Los que quieren erradicar la corrupción y los que quieren instrumentalizarla, o bien para desgastar al adversario político o bien para premiar a los suyos. Al segundo tipo es evidente que yo no voy a desfacer nunca, haga lo que haga, pero espero de corazón que el plan que les planteo sí satisfaga a los ciudadanos y a los grupos parlamentarios que realmente quieren medidas eficaces que acaben con los corruptos y los corruptores de una vez por todas. A esos grupos parlamentarios quiero, además, darles las gracias. Gracias por su comprensión. Gracias por su apoyo. Gracias también por su alto nivel de exigencia. Porque tienen razón en indignarse y porque su indignación nos ayuda a mejorar. Sus señorías y mi grupo parlamentario no siempre vamos a estar de acuerdo. Discrepamos en muchas cosas, pero a todos nos une la misma vocación de servicio público y el mismo compromiso con la limpieza, la honestidad y la ejemplaridad. Y les aseguro, señorías, que vamos a estar a la altura.

Concluyo. Concluyo diciendo que soy muy consciente, a los ciudadanos y ciudadanas, que las noticias que hemos conocido estas últimas semanas han sido un jarro de agua fría para todos y todas. Para aquellos que confiaron en mi organización, en este gobierno en el año 2023, pero también para para la sociedad en su conjunto, porque la corrupción no puede tener cabida en ningún lado del tablero, pero mucho menos entre progresistas. No solo porque es ilegal, sino porque es radicalmente incompatible con los valores que defendemos: la igualdad, la justicia social y el valor de lo público.

La corrupción es una afrenta a quienes han luchado y luchan por una sociedad más digna y más limpia. Pero si algo también define a aquellos que nos definimos como progresistas es que no nos escondemos. No renegamos de nuestros errores ni bajamos los brazos ante la adversidad. Ante los problemas, los progresistas damos respuestas, ofrecemos soluciones y superamos esos desafíos.

Durante estos siete años que tengo el honor de gobernar el país, hemos superado desafíos que parecían imposibles y no quiero relatarles, pero los hicimos con la misma determinación todos y cada uno de ellos, poniendo a las personas en el centro y defendiendo lo público. Ahora, por tanto, señorías, no va a ser distinto. Vamos a superar la crisis de corrupción con hechos, con medidas, con reformas y transformaciones estructurales que fortalecerán a la postre nuestra democracia y brindarán nuestras instituciones frente a la codicia de algunos.

Porque la confianza se recupera con acción y con coherencia, no dando pasos a un lado. Y como presidente del Gobierno, yo asumo mi responsabilidad y afronto este reto lógicamente con determinación y con toda humildad. Afronto el reto de mejorar los mecanismos que tienen nuestras instituciones para evitar, para perseguir y para castigar la corrupción. Lo fácil, señorías, ciudadanos y ciudadanas, sería tirar la toalla, pero nosotros no hacemos lo fácil, hacemos lo correcto. Por eso, como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante.

Nada más. Y muchas gracias, señora presidenta.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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