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Referencia del Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Hacienda

Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato para el servicio de interpretación de declaraciones orales y traducciones escritas, en lenguas distintas del castellano, en el marco de actuaciones e investigaciones de las distintas unidades de la Policía Nacional en el ámbito de diferentes comunidades autónomas, así como la presencia de intérpretes en los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Atención Temporal de Extranjeros existentes, o que se puedan crear en el futuro, destinadas a atender las necesidades producidas por inmigrantes en situación irregular en el territorio español, con un valor estimado de 13.518.237,56 euros.

Transportes y Movilidad Sostenible

Educación, Formación Profesional y Deportes

  • REAL DECRETO por el que se modifican el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

Agricultura, Pesca y Alimentación

Política Territorial y Memoria Democrática

Cultura

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la inteligencia artificial.
  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de las contribuciones voluntarias a la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) y a la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA) correspondientes a la anualidad de 2024, por un importe de 1.314 euros.

Economía, Comercio y Empresa

  • ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional a instituciones u organismos internacionales correspondientes a 2024, por un importe de 170.000 euros.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a la anualidad de 2024, al Esquema de Cooperación en Inspección Farmacéutica, en concepto de cuota de miembro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por importe de 12.480 francos suizos.
  • ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a la inscripción del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la Asociación Europea de Organismos Notificados para Productos Sanitarios (TEAM-NB), durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, por importe de 5.500 euros.

Igualdad

  • REAL DECRETO por el que se regulan las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales, y por el que se modifica el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestación de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina.
  • ACUERDO por el que autoriza la celebración del contrato de servicio de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por un periodo de veinticuatro meses, con un valor estimado de 80.324.090,88 euros.

Juventud e Infancia

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el art. 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia y sus organismos públicos a diversas entidades.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ERASMUS+
El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), por importe de 15.445.120,24 euros, con la finalidad de completar la cofinanciación de la acción de educación superior KA 131 'Movilidad de estudiantes y personal de educación superior en países de la UE y asociados', el llamado Programa Erasmus+.

El SEPIE es la Agencia Nacional española del programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE) en el ámbito de la educación y de la formación y, en calidad de ello, tiene como función, entre otras, la gestión de la cofinanciación nacional al programa Erasmus+ junto con la financiación propia de la UE, cuya suma de ambas constituye la subvención total.

En este sentido, la cofinanciación nacional se destina a complementar el importe de los fondos de la UE que asigna la Comisión Europea al SEPIE para financiar los proyectos de movilidad de educación superior en nuestro país, conformando un presupuesto único, aunque los pagos se realizan de forma diferenciada.

Con esta, se pretende abarcar un mayor número de movilidades de las que se podrían financiar únicamente con los fondos recibidos de la UE, y, además, mejorar la cuantía de las ayudas de los estudiantes.

En la 'Guía del Programa Erasmus+' de la convocatoria 2024 se introducen dos importantes novedades que impactan directamente en el coste de las movilidades en general, y de los estudiantes en particular.

Se trata de cambios en los grupos de países determinados por el coste de vida que determina el importe de la ayuda, y la concesión de una ayuda de viaje a todos los estudiantes, y no solo los de la Comunidad Autónoma de Canarias, como venía sucediendo en convocatorias de años anteriores.

Como consecuencia de la implantación de estas novedades y el objetivo de mantener el volumen de ayudas a actividades de movilidades de la convocatoria de 2023, se generan unas necesidades de cofinanciación que, conforme al detalle de cálculo que aparece en la memoria del expediente, ascienden a 64.884.280 euros.

La dotación de los créditos destinados en los Presupuestos Generales del año 2023, prorrogados a 2024, a la 'Cofinanciación nacional Programa Erasmus+' asciende a 38 millones de euros. Además, se ha tramitado un expediente de generación de crédito por importe de 11.439.159,76 euros que incrementó dichos fondos.

Por lo tanto, sería necesario cubrir la cantidad restante, esto es, 15.445.120,24 euros. Por ello, el SEPIE, debido al carácter inaplazable de las becas y la imposibilidad de financiar la modificación presupuestaria a través de otras vías alternativas, considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de 15.445.120,24 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto de este organismo.

En consecuencia, y con la finalidad indicada, se ha solicitado autorización del Consejo de Ministros para el citado suplemento de crédito.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A CANARIAS PARA EMITIR DEUDA PÚBLICA
El Consejo de Ministros ha autorizado a Canarias para emitir deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por un importe máximo de 150 millones de euros.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y del artículo 14 de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 27 de febrero a Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 718.420.354 euros hasta el 31 de diciembre de 2024, las cuales podrán instrumentarse a través de préstamos y/o bonos y obligaciones. Este importe permite financiar los vencimientos de deuda a largo plazo de 2024 y el reintegro de la liquidación negativa del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común de los años 2008 y 2009.

Dentro de esta cuantía autorizada por el acuerdo de 27 de febrero, la Comunidad Autónoma ha solicitado autorización para emitir deuda pública apta para materializar las dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por importe de 150 millones de euros. De acuerdo con la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y posteriormente, en la redacción establecida por el Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, la única condición que se establece para que la emisión de deuda sea apta para materializar la Reserva para Inversiones, es que se destine a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, con el límite del 50% de las dotaciones efectuadas en cada ejercicio. A estos efectos, el Gobierno Central aprobará la cuantía y el destino de las emisiones, a partir de las propuestas que en tal sentido le formule la comunidad canaria, previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

Según ha comunicado con fecha 31 de mayo de 2023 el propio Gobierno canario, el producto de dicha emisión irá destinado a financiar el gasto en una relación de proyectos de inversión en varias secciones y programas presupuestarios que se corresponden con inversiones en infraestructura y equipamiento, o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2024.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Hacienda

AUTORIZACIÓN A PAÍS VASCO PARA OTORGAR OPERACIONES DE GARANTÍAS
El Consejo de Ministros ha autorizado a País Vasco el otorgamiento de garantías en 2024 por importe máximo de 105 millones de euros.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta Comunidad Autónoma el pasado 21 de junio solicitó autorización para el otorgamiento de garantías por un importe máximo de 105 millones.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se estima procedente la concesión de la autorización solicitada. Los beneficiarios de las garantías serán tanto pymes y ciertas empresas de mayor tamaño que estén dentro de los convenios suscritos.

Esta autorización solo podrá amparar la concesión hasta el 31 de diciembre de 2024 de las garantías descritas anteriormente.

Trabajo y Economía Social

PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN ANDALUCÍA, CANARIAS Y EXTREMADURA
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2024.

Estas subvenciones corren a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se destinan los servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su empleabilidad mediante la colaboración del SEPE con los órganos de la Administración General del Estado, organismos públicos y las instituciones que forman el sector público estatal, para realizar acciones de formación que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras.

También a la ejecución de obras y servicios de interés general y social de competencias exclusivas del Estado.

La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, dispone, en su artículo 2.2. que, conforman las políticas activas de empleo el conjunto de decisiones, medidas, servicios y programas orientados a la contribución a la mejora de la empleabilidad y reducción del desempleo, al pleno desarrollo del derecho al empleo digno, estable y de calidad, a la generación de trabajo decente y a la consecución del objetivo de pleno empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 40 de la Constitución Española y en el marco de la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea.

Organismos e instituciones colaboradores

Los organismos colaboradores en el ámbito de la Administración General del Estado son el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Instituto de Cinematografía, la Jefatura Central de Tráfico, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el Servicio Público de Empleo Estatal como el organismo competente para ejecutar las subvenciones previstas.

En segundo lugar, el real decreto prevé la suscripción de convenios entre el Servicio Público de Empleo Estatal y determinadas comunidades autónomas para la financiación, mediante subvenciones nominativas, del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, el Plan de Empleo de Andalucía, el Plan de Empleo de Extremadura y el Plan Integral de Empleo de Canarias.

Cuantías aprobadas

El importe máximo de las subvenciones será de 152.950.190 euros distribuidos de la siguiente manera:

a) La Jefatura Central de Tráfico: 216,48 miles de euros.

b) La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: 57.000 euros.

c) El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música: 105.000,87 miles de euros.

d) El Instituto de la Juventud: 1.000.000 euros.

e) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 282.000,09 euros.

f) El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional: 1.400.000 para el desarrollo del programa de inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social y 8.280.000 euros para el desarrollo del programa experiencial de empleo y formación.

g) La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 1.614.000,7 miles de euros.

h) La Comunidad Autónoma de Andalucía: 50 millones de euros.

i) La Comunidad Autónoma de Extremadura: 15 millones de euros.

j) La Comunidad Autónoma de Canarias: 45 millones de euros (Plan Integral de Empleo de Canarias).

k) La Comunidad Autónoma de Canarias: 30 millones de euros (Plan Integral de Empleo de La Palma).

En el caso de Patrimonio Nacional se invierte en programas de formación dual, en el que se aprende haciendo, contribuyendo a la conservación del patrimonio, con un contrato de formación en alternancia con el empleo en ocupaciones con una gran inserción posterior, como energías renovables u oficios ligados a la restauración que solamente pueden aprenderse en las propias instalaciones que dependen de Patrimonio Nacional y que cuentan con buenas salidas profesionales.

En la AECID, el mantenimiento de esta subvención ha permitido dar la oportunidad de realizar estos programas duales (Escuelas Taller) en países iberoamericanos o en Marruecos, Guinea, Palestina o Filipinas.
En el resto de organismos, se dan oportunidades de empleo a personas en desempleo con las que se realizan contratos que mejoran su experiencia y competencias.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REGULACIÓN DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS FLOTANTES
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado el Real Decreto que regula los requisitos para la concesión de permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses situados en el dominio público hidráulico, que podrán ocupar entre un 5% y un 15% de la superficie útil total de dichos embalses. Las confederaciones hidrográficas, además, podrán promover concursos públicos para otorgar las autorizaciones y concesiones en embalses de titularidad estatal. Las concesiones tendrán una duración máxima de 25 años.

Este tipo de instalaciones son beneficiosas tanto para la producción energética como para el medioambiente: producen más electricidad que sus equivalentes en tierra, gracias a los efectos del enfriamiento del agua y la disminución del polvo, y mejoran la protección y el potencial de las masas de agua, reduciendo su evaporación y las floraciones de algas, gracias a la sombra que proporcionan.

Amplitud en función de la calidad de las aguas

El real decreto condiciona la instalación solar a su compatibilidad con el Plan Hidrológico correspondiente, así como con las necesidades de la explotación de cada embalse, los derechos y usos preexistentes, los objetivos ambientales de las masas de agua y el procedimiento de evaluación ambiental. Además, la extensión de estas instalaciones se establecerá en función del estado trófico del embalse de que se trate: cuanto peor sea la calidad de sus aguas, mayor podrá ser su cobertura.

Así, se limita el porcentaje máximo de superficie total cubierta a un 5% cuando se trate de embalses no eutróficos, y a un 15% en el caso de que sea eutrófico o en riesgo de eutrofización, es decir, cuando haya una productividad biológica alta, aunque estos límites se podrán reducir atendiendo al régimen de explotación o los usos y derechos preexistentes, entre otras causas.

El organismo de cuenca velará para que se aporten los estudios técnicos y programas de seguimiento del estado de las masas de agua receptoras de las instalaciones para evaluar los cambios hidromorfológicos que puedan producirse, así como los cambios químicos y biológicos asociados, especialmente en los casos en que la instalación solar ocupe más del 10% de la superficie del embalse.

No se instalarán plantas fotovoltaicas en lagos, lagunas u otras masas de agua que no se consideren muy modificadas o artificiales, ni en aquellas superficies que, siendo muy modificadas o artificiales, estén afectadas por alguna figura de protección ambiental.

Concesiones con 25 años de duración máxima

Las instalaciones de fotovoltaica flotante en el dominio público hidráulico se otorgarán mediante concesiones temporales con una duración máxima de 25 años, a través de un procedimiento que podrá iniciarse a instancia de parte o mediante convocatoria de concurso público por parte del organismo de cuenca.

Una vez se disponga de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, y cuando la Administración General del Estado sea competente en materia hidráulica y en materia energética, podrán tramitarse y otorgarse simultáneamente la concesión de dominio público hidráulico y la autorización administrativa previa, de acuerdo con un procedimiento que regulará una orden ministerial.

Los titulares de las instalaciones fotovoltaicas estarán sujetos al canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico y en el caso de embalses de titularidad estatal, al canon concesional y al canon de regulación.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PROYECTOS DE HIDRÓGENO RENOVABLE DEL IPCEI HY2USE
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un real decreto para asignar y repartir 794 millones de euros en ayudas directas a los siete proyectos españoles de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales a gran escala elegidos por la Comisión Europea en el marco del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, en sus siglas en inglés) Hy2Use. Se trata del segundo de los aprobados por Bruselas dentro de la apuesta estratégica de impulso a la cadena de valor industrial del hidrógeno verde en la UE, desde la I+D hasta la producción y uso de este vector energético en los sectores de actividad económica y productiva más difíciles de descarbonizar.

Cinco de las iniciativas beneficiarias incluyen la construcción de electrolizadores de alta capacidad -de 100 MW o más- en entornos de gran actividad industrial, como puertos y otros complejos industriales, constituyendo clústeres o valles integrados que se ubicarán en localizaciones de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Murcia. Se encuadran en la línea Technology Field 1 del IPCEI Hy2Use, orientada al impulso del hidrógeno renovable.

Las otras dos propuestas españolas del IPCEI Hy2Use se desplegarán en Aragón y prevén la puesta en marcha de sendos proyectos de generación de hidrógeno renovable para su uso en la fabricación de fertilizantes y otros compuestos químicos. Se encuadran en la línea Technology Field 2, cuya finalidad es facilitar el reemplazo tecnológico de las energías fósiles en sectores industriales.

Inversión inmediata de 1.141 millones

Los siete proyectos del IPCEI Hy2Use suman 652,2 nuevos MW de potencia de electrólisis de manera agregada y, en términos económicos, movilizarán recursos por valor de 1.141 millones de manera inmediata y más de 6.000 millones de inversión total a lo largo de toda su vida útil.

El reparto de las ayudas se efectúa con cargo a los fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 9 del PRTR) y serán canalizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del MITECO, de acuerdo con la siguiente distribución:

PROYECTOCCAAPotencia electrólisisAyuda M€Beneficiarios

ES46 "Ver-Amonia"

Aragón (Teruel)25 MW53Fertinagro - IAM CAECIUS SL (EDP-Tervalis)

ES47 "Green H2 Los Barrios"

Andalucía (Cádiz)100 MW78H2 Los Barrios SA (EDP)
ES48 "Asturias H2 Valley"Asturias (Aboño)100 MW78EDP
ES50 "Proyecto de Hidrógeno verde en MagallónAragón (Zaragoza)7,2 MW28ENDESA - ENEL GREEN POWER
ES52 "Hidrógeno Renovable para la producción de amoniaco y fertilizantes verdes"Castilla-La Mancha (Ciudad Real)

220 MW

-Puertollano I 20 MW

-Puertollano II 200 MW

242

IBERDROLA

ES53 "Bilbao Large Scale Electrolyzer"País Vasco (Muskiz, Bizkaia)100 MW160Bay of Biscay Hydrogen (Petronor/REPSOL)
ES54 "Cartagena Large Scale Electrolyzer"Murcia (Cartagena)100 MW155Cartagena Hydrogen Network SL (REPSOL)
TOTAL: 652,2 MW794 M€
La financiación pública a los siete proyectos permitirá seguir avanzando en la construcción de una economía del hidrógeno renovable sólida, tanto a escala comunitaria como en España, para acelerar el proceso de descarbonización y ganar competitividad industrial en el despliegue global de las energías renovables, donde nuestro país puede hacer valer su posición de liderazgo internacional.

Cinco valles de hidrógeno renovable

Los cinco proyectos vinculados al desarrollo de valles o clústeres apoyados en este Real Decreto integran la producción de hidrógeno renovable a gran escala con su transformación y consumo en polos industriales ubicados en las proximidades de la planta de electrólisis, en actividades intensivas dentro de los sectores antes citados. Todos ellos incluyen el suministro directo a consumidores industriales próximos vía hidroductos y, eventualmente, también por carretera.

En concreto, Green H2 Los Barrios proporcionará el hidrógeno renovable generado a la acería y planta química ubicadas a cerca de la producción. Asturias H2 Valley, por su parte, suministrará el hidrógeno resultante tanto para su uso en la planta cementera y acería situadas a unos 3 km, como en el polo industrial de Avilés, entre otros.

En el proyecto Hidrógeno Renovable para la producción de amoniaco y fertilizantes verdes, en Puertollano (Ciudad Real), la empresa de fertilizantes local será el consumidor principal del hidrógeno obtenido. En el Bilbao Large Scale electrolyzer el electrolizador se sitúa en el mismo emplazamiento que el consumidor principal del hidrógeno, la propia refinería de Petronor en Muskiz, Bizkaia. Y en cuanto a la propuesta del Cartagena Large Scale electrolyzer, la mayor parte de la producción de hidrógeno se destinará a autoconsumo de la refinería de Cartagena.

El propósito último de esta integración en clústeres es facilitar la descarbonización de procesos industriales de alto impacto al sustituir total o parcialmente el hidrógeno gris utilizado por hidrógeno verde obtenido mediante energía solar fotovoltaica, eólica e hidráulica, según los casos. Los cálculos previos cifran en más de 17.000 toneladas/año el volumen de hidrógeno fósil que serán reemplazadas por moléculas renovables en estos cinco proyectos.

Aplicaciones en la industria química

Por su parte, los dos proyectos que se asentarán en Aragón implican la aplicación industrial directa del hidrógeno en el sector químico. La iniciativa Ver-Amonia, en Teruel, desarrollará una electrólisis integrada de 25 MW de potencia, alimentada con fuentes renovables, con la que producirá 15.000 toneladas/año de amoniaco verde como compuesto de fertilizantes.

En cuanto al Proyecto de Hidrógeno verde en Magallón (Zaragoza), prevé instalar y operar un electrolizador de 7,2 MW con dos configuraciones diferentes a ensayar. El electrolizador compartirá ubicación con una planta fotovoltaica y otra eólica, y el hidrógeno producido se tranportará en camiones.

Segundo IPCEI de hidrógeno

Tras el primer IPCEI aprobado por la Comisión Europea, Hy2Tech, enfocado al desarrollo de tecnologías asociadas al hidrógeno renovable -también asignó fondos a empresas españolas-, este IPCEI Hy2Use de descarbonización de procesos industriales lo han desarrollado 13 estados miembros: Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, al que se añade Noruega en el marco de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Su objetivo es garantizar el desarrollo de un mercado de hidrógeno renovable y con bajas emisiones de carbono mediante el apoyo a la construcción de infraestructuras relacionadas con el hidrógeno, especialmente electrolizadores a gran escala e infraestructuras de transporte, así como al desarrollo de tecnologías de hidrógeno en múltiples sectores industriales. Según las estimaciones proporcionadas por los Estados miembros, este IPCEI contribuirá a la creación de aproximadamente 26.000 puestos de empleos directos en total a lo largo de su implementación. A escala comunitaria, el proyecto supone 3,5 GW de potencia de electrólisis, de los cuales 0,65 GW corresponden a los proyectos españoles contemplados en el Real Decreto.

Hidrógeno renovable, una apuesta país

El Real Decreto aprobado hoy destaca que la participación de España en este IPCEI, específicamente mediante proyectos declarados como estratégicos por la Comisión Europea, supone una oportunidad única para posicionar a la industria nacional en la carrera competitiva del hidrógeno renovable, donde otros países de nuestro entorno ya están invirtiendo fuertemente.

La financiación de los proyectos del IPCEI forma parte de la apuesta del Gobierno por el hidrógeno renovable como factor clave para eliminar las emisiones de CO2 de la industria, el transporte pesado y otros sectores difíciles de descarbonizar, y en coherencia con el desarrollo del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA).

Además de la asignación de fondos a las dos oleadas IPCEI lanzadas por Bruselas, el MITECO, a través del IDAE, ha resuelto hasta ahora siete convocatorias de ayudas del PRTR (en los programas H2 Pioneros y H2 Cadena de Valor) para la creación de un ecosistema tecnológico e industrial del hidrógeno verde. En total, se han comprometido ya más de 1.330 millones en más de medio centenar de proyectos desarrollados en toda la geografía española. También se ha sometido a audiencia e información pública el proyecto de bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a la creación de nuevos valles o clústeres de hidrógeno que se lanzará próximamente.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA DE ACUAMED
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la adenda número 1 de modificación del convenio de gestión directa de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que permitirá, entre otras actuaciones, iniciar la ejecución de la desaladora de Foix y las obras de ampliación de la planta de Tordera.

La inversión total asciende a 513 millones: 223 millones para la situada en la provincia de Barcelona y 290 millones para la de la provincia de Girona. La financiación de ambas plantas se hará con fondos europeos, en concepto de créditos que deberán devolverse, en virtud del principio de recuperación de costes que establece la normativa europea en las infraestructuras del agua.

El objetivo de la ampliación de Tordera es la reducción progresiva del trasvase del Ter a Barcelona, con un incremento de las reservas que permitirán más caudal ambiental, autosuficiencia en la provincia de Girona y reducción de extracciones de los acuíferos del Maresme y Tordera.

Con la ampliación de Tordera se pasará a tratar 60 hm3 de agua al año, lo que permitirá multiplicar por tres la actual capacidad de desalación. El plazo de ejecución estimado de las obras de ampliación es de 50 meses (previsiblemente finalizarán en 2028).

Adenda

La Adenda número 1 del segundo convenio de gestión directa tiene como objeto principal el traslado de la Adenda PRTR aprobada por el ECOFIN en octubre del año pasado: nueva inversión en la componente 5 del PRTR (C5.I5) con 1.070 millones para actuaciones para recuperar acuíferos sobreexplotados en la costa mediterránea.

Además de las actuaciones citadas con anterioridad, incorpora otras cinco:
1. Interconexión de las desaladoras de agua de mar de interés general en la cuenca del Segura.

2. Reutilización de aguas depuradas de la EDAR Monte Orgegia (Alicante).

3. Mejora del aprovechamiento de las aguas regeneradas procedentes de las EDARES de Orihuela Costa y Torrevieja (Alicante).

4. Actuaciones de desalación en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas - Desalación en la Costa de Sol (Málaga).

5. Actuaciones de desalación en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas - Desalación en el Levante Almeriense (Bajo Almanzora II - Almería).

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

AMPLIACIÓN DE LA DESALADORA DE ÁGUILAS-GUADALENTÍN
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado las obras de ampliación y el servicio de operación y mantenimiento de la planta desaladora de Águilas-Guadalentín (Región de Murcia).

Estas obras, con un valor estimado de 57,8 millones de euros y declaradas de Interés General del Estado, han sido encomendadas a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), de acuerdo con el convenio de gestión directa entre esta sociedad y el MITECO.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 24 meses, en los que se incluyen los trabajos correspondientes a las pruebas de sistemas de funcionamiento. La duración del contrato de mantenimiento es de 48 meses, con opción a prórroga máxima de 12 meses.

Aumento de demanda de recurso hídrico

La planta se encuentra actualmente operativa, pero la situación de escasez de recursos hídricos en la Cuenca Hidrográfica del Segura desde el año 2015 motivó un aumento de solicitudes de suministro de agua de la desaladora por parte de los usuarios actuales de la planta. A esto se suma el inicio en el suministro a la Mancomunidad de los Canales del Tabilla para abastecimiento a la población debido, también, a la escasez de recursos.

Por ello, se deben abordar las obras de ampliación de la capacidad de producción de 60 hm3/año a 70 hm3/año, así como la operación y mantenimiento de la planta desaladora de Águilas mientras se ejecutan las actuaciones. Para ampliar la capacidad se instalarán dos bastidores adicionales, entre otras modificaciones del sistema de pretratamiento y de captación de agua de mar.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE EL DERECHO DEL MAR FUERA DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL
El Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo, que fue adoptado el 19 de junio de 2023, en el marco del quinto periodo de sesiones de la Conferencia intergubernamental, de 19 a 20 de junio de 2023 en Nueva York, abriéndose a la firma desde el 20 de septiembre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2025. La autorización de la firma por el Consejo de Ministros se produjo el 12 de septiembre. Posteriormente, el Acuerdo fue firmado por la UE y cada uno de sus Estados miembros el 20 de septiembre de 2023, durante la Presidencia española del Consejo de la UE.

La entrada en vigor del acuerdo resulta necesaria para reforzar la gobernanza internacional en esta materia y para garantizar una mayor protección de los ecosistemas marinos en aguas fuera de las jurisdicciones nacionales, incluyendo el establecimiento de áreas marinas protegidas en alta mar que resultan esenciales para alcanzar el objetivo global que España ha suscrito de proteger al menos el 30% de la superficie marina para 2030.

Con este acuerdo se permitirá una mejor protección y gestión de la biodiversidad marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, zonas que abarcan casi los dos tercios de los océanos del mundo y alrededor del 95% de su volumen, incluyendo alta mar y los fondos marinos internacionales. La actividad pesquera está excluida del acuerdo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACEPTACIÓN DE LAS ENMIENDAS DE 2022 AL CÓDIGO DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006
El Consejo de Ministros ha acordado aceptar las enmiendas de 2022 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, en su versión enmendada (MLC,2006), que fue adoptado en Ginebra el 23 de febrero de 2006, en el seno de la 94ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). España lo ratificó el 4 de febrero de 2010 y finalmente entró en vigor el 20 de agosto de 2013. El presente acuerdo propone que el Consejo de Ministros acepte las enmiendas de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

El 6 de junio de 2022 se adoptaron una serie de enmiendas al Código del Convenio, en el marco de la 110ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo XV del Convenio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENTRADA EN VIGOR DE LAS ENMIENDAS DE 2018 AL CÓDIGO DEL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO 2006
El Consejo de ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas de 2018 al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, en su versión enmendada (MLC,2006), que fue adoptado en Ginebra el 23 de febrero de 2006, en el seno de la 94ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). España lo ratificó el 4 de febrero de 2010 y finalmente entró en vigor el 20 de agosto de 2013.

El 5 de junio de 2018, se adoptaron una serie de enmiendas al Código del Convenio, en el marco de la 107ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo XV del Convenio, enmiendas que se refieren a la protección de los salarios y las prestaciones de la gente del mar, mientras sean mantenidos en cautiverio a bordo del buque o fuera del mismo, como consecuencia de actos de piratería o de robo a mano armada contra los buques. Estas modificaciones entraron en vigor para España el 26 de diciembre de 2020, por lo que procede la toma de conocimiento por el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2.b) de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS A LOS ANEJOS DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTES INTERNACIONALES DE MERCANCÍAS PERECEDERAS
El Consejo de Ministros ha acordado tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas a los anejos del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre las unidades especiales utilizadas en estos transportes, así como del texto consolidado de dicho Acuerdo. El Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes (ATP) fue hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970. España depositó el instrumento de adhesión el 24 de abril de 1972 y es Parte del Acuerdo desde su entrada en vigor el 21 de noviembre de 1976. Posteriormente, ha sido enmendado en varias ocasiones. El objetivo principal del ATP es establecer unas condiciones homologadas de conservación de las mercancías perecederas durante su transporte, garantizando así el mantenimiento de su calidad durante las operaciones de transporte internacional.

El Grupo de trabajo sobre transportes de mercancías perecederas (WP.11) del Comité de transportes interiores de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE), en sus sesiones celebradas en Ginebra del 26 al 29 octubre del 2021, 3 al 6 de mayo de 2022 y 25 al 28 de octubre de 2022, respectivamente, propuso unas Enmiendas al texto vigente del ATP. El 3 de febrero de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas comunicó dicha propuesta de Enmiendas a las partes contratantes del Acuerdo ATP, estableciéndose un plazo de 6 meses para recibir objeciones. Las Enmiendas se consideraron aceptadas y han entrado en vigor el 22 de junio de 2024, obligando a partir de ese momento a todos los Estados parte del ATP.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha estimado necesario la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un nuevo texto consolidado de este Acuerdo y las Enmiendas de las que ha sido objeto hasta este momento, dando así cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad de las normas y seguridad jurídica, recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

AYUDAS A LA INDUSTRIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
El Consejo de Ministros ha aprobado las bases reguladoras de las ayudas para la industria transformadora del sector de la pesca y la acuicultura con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicará antes de que finalice el verano la convocatoria de solicitud de ayudas relativa al año 2024.

Con esta línea de subvenciones, el MAPA y el Ministerio de Industria y Turismo dan respuesta a la demanda de la industria pesquera y acuícola, que solicitó su inclusión en el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) Agroalimentario por su papel clave para la economía de muchas zonas del litoral español.

La convocatoria de las ayudas que se llevará a cabo próximamente permitirá al sector transformador de la pesca y la acuicultura acceder a la financiación de proyectos que supongan una inversión superior a 1,5 millones de euros y que se ejecuten con plazo final de 30 de junio de 2026. Las ayudas podrán cubrir hasta el 50 % del coste de la inversión, con un importe máximo de cinco millones de euros.

Principalmente, se apoyarán las inversiones que se presenten relacionadas con la eficiencia energética, la economía circular, los nuevos productos, las mejoras en el envasado, los sistemas de trazabilidad, el uso eficiente del agua y todo lo relativo a seguridad, higiene, salud y condiciones de trabajo.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO
El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en calidad de beneficiario asociado y a través de la Dirección General de Carreteras (DGC), y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para el desarrollo de las acciones previstas en el Proyecto LIFE Naturaleza y Biodiversidad que busca generar una metapoblación genética y demográficamente funcional del lince ibérico (lynx pardinus).

En concreto, el convenio se circunscribe en el proyecto LINXCONNECT, que es el 4º proyecto desarrollado en este marco en los últimos 20 años, cofinanciado por la UE, con el objetivo de conectar todos los núcleos de población de lince Ibérico existentes actualmente, para permitir garantizar el flujo de genes entre todas las poblaciones de lince ibérico de la península.

Así, con la conexión de las poblaciones se evitará el riesgo de la consanguineidad, dado que una población aislada si no cuenta con suficiente número de ejemplares diversos genéticamente a largo plazo se extingue.

El papel de la DGC en el proyecto LIFE

En este punto, se desarrolla este cuarto proyecto LIFE LINXCONNECT, donde se ubica el convenio autorizado hoy y por el que la Dirección General de Carreteras (DGC) del Ministerio recibirá 342.000 euros de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, como contribución de la Comisión Europea.

El papel de la DGC, que colabora activamente en este proyecto como en los tres anteriores, consiste en reducir los atropellos de ejemplares para así desfragmentar el hábitat y conseguir que las poblaciones de lince se comuniquen libremente. Esto también repercute favorablemente en el resto de las especies del ecosistema.

No solo se evitan los accidentes en los lugares donde ya está presente la especie, sino que se va por delante considerando ya de antemano los futuros lugares que va a habitar. Así, se han ejecutado ya 4 actuaciones con un presupuesto de 4 millones de euros (IVA no incluido) y están en proyecto o en fase de licitación de obras otras siete actuaciones por 22,2 millones de euros (IVA no incluido), todas ellas orientadas a la mejora de la conectividad entre áreas, aumentando la seguridad al atravesar vías de la Red de Carreteras del Estado.

LIFE LYNXCONNECT es un proyecto de cooperación internacional que abarca todo el área de distribución de la especie actual y potencial, en el que participan administraciones ambientales y con competencia en carreteras de España y Portugal, así como las CCAA de Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia; organizaciones no gubernamentales del sector medioambiental; universidades; representantes del sector cinegético, empresas privadas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Estación Biológica de Doñana.

Desarrollo del proyecto LIFE de protección del lince ibérico

Los dos primeros proyectos LIFE consolidaron los dos únicos núcleos poblacionales que quedaban a principios de siglo, con apenas 100 ejemplares y al borde de la extinción. Estos proyectos acometieron las primeras reintroducciones de lince ibérico en Andalucía.

El tercer proyecto, LIFE IBERLINCE 'Recuperación de la distribución histórica del lince ibérico en España y Portugal (2011-2018)', ya reintrodujo la especie en Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha y consolidó las anteriores poblaciones.

Actualmente, las comunidades de Castilla y León, Madrid y Aragón ya han solicitado reintroducciones de la especie.
La ejecución de estas actuaciones tiene repercusiones de carácter social y medioambiental. Todas ellas contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, de la Organización Mundial de Naciones Unidas, con los que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está comprometido.

En este contexto, el pasado 20 de junio se realizó en el Senado un acto sobre la recuperación del lince ibérico en la Península Ibérica en el que se describió como tras 20 años de proyectos Life ha pasado de estar "en peligro de extinción" a "vulnerable".

Desde los cuatro proyectos LIFE se ha estado trabajando en divulgar la importancia de la especie, y los beneficios que entraña su conservación, que implica indirectamente la protección del monte mediterráneo y de otras las especies que habitan en él menos conocidas. Es un gran depredador que controla a los meso depredadores (zorro, meloncillo...) disminuyendo la presión que existe sobre el conejo de monte, presa básica de otras especies también amenazadas como el águila imperial, y sobre la perdiz. La presencia del lince atrae al turismo, incrementando los ingresos en ciertas zonas.

Imagen del artículo Referencia del Consejo de Ministros

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

AMPLIACIÓN PLAZO PARA OPTAR A NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Consejo de Ministros ha acordado ampliar en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española recogido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, posibilitando la prórroga a un tercer año del plazo de dos años previsto en ese apartado para el ejercicio del derecho a optar a la nacionalidad española, en los supuestos reconocidos en dicha disposición adicional.

La aplicación de esta disposición adicional implica a las Oficinas del Registro Civil, existiendo una incidencia muy importante sobre los Registros Civiles Consulares. En algunas Oficinas Consulares, a pesar de los esfuerzos realizados para dotarlas de medios adicionales, el plazo de dos años no está siendo suficiente para absorber la demanda de citas para el ejercicio del derecho.

En consecuencia, se demuestra la necesidad de ejercitar la facultad que se otorga al Consejo de Ministros de prorrogar por un año el plazo de dos previsto en la misma para optar a la nacionalidad española; de tal forma que se puedan atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley.

Se prorroga, por tanto, por un tercer año el plazo de dos años previsto en ese apartado para el ejercicio del derecho a optar a la nacionalidad española que dicha disposición adicional reconoce a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, así como las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) Hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

b) Hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

La propia disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática establece que el mencionado plazo de dos años se inicia con la entrada en vigor de la ley, por lo que su vigencia terminaba el 22 de octubre de 2024.

Desde la entrada en vigor de la mencionada Ley, hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular han recibido 301.121 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen.

Más de un 95 por ciento de las solicitudes se han recibido en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco consulados generales de España en Argentina representan un 40 por ciento de las solicitudes, y, junto con el Consulado General de España en La Habana, superan el 53 por ciento de las solicitudes. En todas ellas existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previsto en la citada disposición adicional octava de la Ley.

El Gobierno prorroga por ese motivo un año el plazo de dos previsto para optar a la nacionalidad española; de tal forma que se puedan atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley.

Defensa

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de sistemas de aeronaves no tripuladas dirigidas por control remoto (Remotely Piloted Aircraft System o «RPAS») clase I categoría mini ala fija tipo A.

Este acuerdo marco por un valor estimado de 45 333 010 euros, permitirá dotar a las unidades de las Fuerzas Armadas de sistemas ISR portátiles (intelligence, surveillance and reconnaissance o inteligencia, vigilancia y reconocimiento) que mejoren sus capacidades de obtención de información en los diferentes escenarios operativos en los que desempeñan sus misiones, facilitando y garantizando con ello su adaptación a las circunstancias cambiantes de dichos escenarios (tanto en operaciones militares como en operaciones de apoyo o asistencia en situaciones de emergencia y protección civil).

Los sistemas de aeronaves no tripuladas dirigidas por control remoto clase I categoría mini ala fija tipo A, por su alcance, autonomía y capacidad de carga, facilitarán estas necesidades operativas mediante la captación y posterior envío de información apropiada en tiempo real a las unidades desplegadas, con un control total tanto sobre los sensores que llevan a cabo tales funciones como de las aeronaves desde estaciones en tierra, por parte de los operadores de los sistemas.

Defensa

SEGURIDAD PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADSCRITOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco de servicios de seguridad privada para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos adscritos.

Su finalidad es dar continuidad a la prestación de dichos servicios una vez finalice la vigencia del actual acuerdo marco en vigor, manteniendo de esta forma la seguridad de las instalaciones y de todas las personas que desarrollan su actividad en las mismas.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 108 081 075,48 € y tendrá una duración de un año o hasta que el importe neto adjudicado del conjunto de contratos basados en el acuerdo marco alcance el presupuesto neto previsto para este, si ello se produce antes. Se prevé la posibilidad de prórroga por otros tres años más.

Defensa

SISTEMA DE NAVEGACIÓN EN SERVIDOR Y RECEPTOR AERONÁUTICO GALILEO DE ALTA PRECISIÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la obtención de un sistema de navegación en servidor y un receptor aeronáutico galileo dotados de capacidad de alta precisión.

Este contrato tiene como finalidad dar cumplimiento al Documento de Necesidad Operativa aprobado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa en 2018, en el que se recoge la necesidad de implantar en las FAS la capacidad de navegación por satélite mediante la señal de Servicio Público Regulado del sistema Galileo.

Este sistema dotará a las Fuerzas Armadas de la capacidad de navegación por satélite en plataformas navales, terrestres y aéreas.

El valor estimado del contrato asciende a 27 418 440,00 € y tendrá una duración desde su formalización hasta el 30 de noviembre de 2028.

Defensa

CONTRATO DE SEGUROS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de seguros para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos adscritos.

El objeto del acuerdo marco, es establecer las condiciones de licitación del contrato de seguros que prestará cobertura en el ámbito del Ministerio de Defensa a partir del año 2025. El contrato está integrado por 5 lotes: seguro de vehículos, seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil/patrimonial, seguro responsabilidad civil de embarcaciones y seguro de transporte de mercancías y bienes culturales.

El valor estimado del contrato es de 28 681 800,00 euros.

Defensa

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un sistema dinámico de adquisición para el suministro de productos alimenticios para unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

Su finalidad es adquirir productos alimenticios, destinados al personal de unidades del Ejército del Aire y del Espacio, para garantizar el correcto funcionamiento de las distintas unidades. El sistema dinámico de adquisición facilitará la racionalización de todo el proceso.

El valor estimado del acuerdo marco asciende a 81 133 340,54 euros, y tendrá una duración de dos años desde el día 1 de enero de 2025 o desde la fecha de publicación del primer acuerdo de adhesión en el perfil del contratante de la Junta del Ejército del Aire y del Espacio. Cabe la posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años.

Transportes y Movilidad Sostenible

MEJORA DE LA CONEXIÓN DE LA A-2 Y LA B-40 EN BARCELONA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 32,2 millones de euros (IVA no incluido) las obras para mejorar la conexión entre las autovías A-2 y B-40 a su paso por los municipios de Abrera y Esparraguera, del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona.

El proyecto contempla reforzar las condiciones de circulación y la seguridad de la A-2 en el entorno de estos dos municipios, donde se encuentran esta autovía y la B-40 (cuarto cinturón del Área Metropolitana de Barcelona). El global de la actuación se ejecutará desde el enlace 580 Esparreguera Centro hasta cerca del km 585 de la A-2

Los trabajos permitirán acondicionar y mejorar la capacidad del Enlace de Abrera y del tronco de la A-2 a su paso por Esparreguera para responder al importante aumento del tráfico registrado en este enlace tras la puesta en servicio del tramo de la B-40 entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls, que conecta Terrasa con la autovía A-2.

Entre las principales actuaciones que se desarrollarán, destacan:
  • Mejora del trenzado de acceso desde la B-40 a la A-2, en sentido Lleida.
  • Ampliación a dos carriles del acceso desde la A-2 (sentido Barcelona) a la B-40, en sentido Terrassa.
  • Prolongación del carril de acceso desde la A-2 y mejora del ramal de entrada del enlace de Esparreguera Sur.
  • Ampliación de capacidad de la calzada de la A-2 sentido Lleida, entre los enlaces 581 Esparreguera Sur y 580 Esparreguera Centro.
  • Mejora de los carriles de cambio de velocidad en el enlace 580 Esparreguera Centro.
  • Construcción de pasarela peatonal sobre la A-2 en el término municipal de Esparreguera.
  • Definición de un nuevo ramal de transferencia entre la vía de servicio y el tronco de la autovía A-2, en torno al km 583 de la autovía.
  • Mejora de la incorporación de la carretera C-55 a la autovía A-2.

Todas estas actuaciones van encaminadas a mejorar las condiciones de fluidez y seguridad viaria del tráfico en el área metropolitana de Barcelona, en línea con la estrategia de este Ministerio por un transporte más sostenible. Además, se ha realizado un estudio hidráulico y definido las actuaciones necesarias para la protección de la infraestructura frente a posibles eventos de excesos fluviales.

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Transportes y Movilidad Sostenible

MANTENIMIENTO LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE ADIF Y ADIF AV
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el mantenimiento integral de las líneas de alta tensión de Adif y Adif Alta Velocidad, durante un período de tres años, con un valor estimado de 39,1 millones de euros (IVA no incluido), incluyendo una posible prórroga de dos años más.

El contrato se llevará a cabo a través de dos lotes, correspondientes a las zonas Norte y Sur, contempla el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la realización de obras auxiliares en las líneas de alta tensión de Adif y Adif AV que, en su mayor parte, alimentan a subestaciones de tracción ferroviaria y suministran energía a otras instalaciones y centros de transformación.

El contrato prevé la prestación de un servicio de mantenimiento que abarca las inspecciones periódicas y el servicio de guardia ante incidencias; mientras que el mantenimiento según estado se prestará en función de la situación de cada activo. Además, están previstas actuaciones de mejora de infraestructura, como los cambios de trazado con ocupación de nuevos terrenos, entre otras.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

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Transportes y Movilidad Sostenible

TRAMO DE ALTA VELOCIDAD TORRE PACHECO-CARTAGENA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif Alta Velocidad, la construcción del tramo de alta velocidad entre Torre Pacheco y Cartagena con un presupuesto estimado de 138,3 millones de euros (IVA no incluido).

El futuro tramo ferroviario, de 9 km de longitud, supone impulso decisivo a la conexión de alta velocidad entre Murcia y Cartagena, las dos principales de la Región de Murcia, y, además, permite conectar Cartagena al Corredor Mediterráneo, contribuyendo al desarrollo y la dinamización de esta área de gran potencial socioeconómico.

No en vano, da continuidad al tramo Riquelme-Torre Pachecho, actualmente en construcción con una inversión de 133 millones de euros.

El tramo Torre Pacheco-Cartagena, discurre por sendos términos municipales en paralelo a la actual línea convencional Chinchilla-Cartagena y dispondrá de una plataforma de doble vía, diseñada para velocidades máximas de hasta 250 km/h.

La nueva infraestructura reforzará el posicionamiento del ferrocarril como medio de transporte de referencia para viajeros y mercancías, que dispondrán de una línea con las mayores prestaciones de sostenibilidad, seguridad, competitividad y confort.

Características de las obras

El trazado incorpora la construcción de un apartadero de 750 m de longitud, compatible con el estándar europeo interoperable, para trenes de mercancías en La Palma-Pozo Estrecho, junto al polígono industrial de Pozo Estrecho.

El proyecto contempla la ejecución de dos viaductos sobre la Rambla de Albujón, de 210 m cada uno. En su entorno se incluyen obras de acondicionamiento para reducir la zona inundable asociada a avenidas con un periodo de retorno de 500 años.

También incorporará un paso superior, que cruzará tanto la plataforma de alta velocidad como la de la línea convencional Chinchilla-Cartagena, y nuevos pasos superiores sobre la autopista AP-7 y la autovía A-30 reforzarán la permeabilidad de una infraestructura que mantendrá la red de caminos y vías pecuarias a través de cuatro pasos superiores.

La solución tiene en cuenta los condicionantes de drenaje de la zona al discurrir por la comarca agrícola del Campo de Cartagena, una extensa llanura intensamente explotada por cultivos de regadío y usos urbanos. Asimismo, su trazado atraviesa terrenos de zona hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Segura, con varias ramblas que desembocan en el mar Mediterráneo.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo), 7 (eficiencia energética) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles y seguros). Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

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Agricultura, Pesca y Alimentación

RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONALES SECTOR PESQUERO
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que modifica la normativa que regula los títulos profesionales del sector pesquero, para adaptarla a la regularización de la capacidad de pesca prevista en el Real Decreto 1044/2022, de 27 de diciembre, de ordenación de la flota pesquera.

El cambio normativo tiene por objeto garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo de los profesionales de la sección de máquinas de determinados buques que se han acogido a un proceso de regularización de su capacidad, en un contexto de déficit de titulados, y evitar así el posible riesgo de paralización de la flota por falta de personal

El real decreto de ordenación de la flota pesquera incorpora un procedimiento general para la regularización que facilita que los buques cuya potencia real no se ajuste a la autorizada puedan aportar bajas. La regularización de la potencia autorizada puede implicar, en ocasiones, que las atribuciones de los titulados de máquinas resulten insuficientes para la nueva situación.

Este reglamento permite a los mecánicos navales incrementar su capacidad profesional en cuanto alcancen una determinada experiencia a bordo. No obstante, y pese a que se considera que la obtención de nuevas atribuciones mediante la práctica es más adecuada para los titulados, se mantiene la posibilidad de que dichas atribuciones puedan alcanzarse mediante la realización del curso regulado actualmente.

Esta medida se enmarca dentro de las acciones emprendidas por la Secretaría General de Pesca para paliar la escasez de marineros en la flota pesquera y dar respuesta a las demandas del sector.

Modificación normativa sobre potencial vitícola

En este real decreto se ha introducido una disposición transitoria de modificación de la normativa sobre potencial vitícola para dar respuesta a la escasez de uva de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava debido a la sequía, exclusivamente para la campaña de 2024.

El real decreto que regula el potencial vitivinícola recoge un sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo que permite limitar el crecimiento del potencial de producción, que se ha aplicado en diferentes denominaciones de origen, con el objetivo de asegurar un equilibrio entre la comercialización de los productos protegidos por la figura de calidad y la generación de su materia prima, con el fin de evitar el riesgo demostrado de devaluación de su posicionamiento en el mercado.

La DOP Cava lleva acumulado un periodo de sequía en las dos últimas vendimias, cuyos efectos se mantienen en la presente campaña, con un resultado de una importante disminución de la producción y que ha implicado una reducción de los stocks. Esta reducción de la oferta puede afectar significativamente al suministro de la demanda de cava, con el riesgo añadido de pérdida de mercados.

Por ello se han adoptado medidas excepcionales, aprobadas por el Consejo Regulador de la DOP Cava y aceptadas por todas las partes implicadas (producción primaria e industria, las comunidades autónomas y las administraciones públicas presentes). De este modo, se ha aprobado una modificación temporal del pliego de la DOP, según la cual, podrán entrar en bodegas amparadas por ésta uvas de parcelas no inscritas, hasta un límite del 15 %, con destino a la provisión de garantía cualitativa.

Para dotar de mayor alcance a la medida propiciada por la modificación del pliego, se hace necesario el cambio de la normativa aprobado hoy para los viticultores que cultivan variedades aptas pero no puedan destinar uva a la DOP Cava porque para poder plantar dentro del territorio amparado tuvieron que firmar un compromiso en este sentido hasta el 31 de diciembre de 2045, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

Para que esos viticultores puedan enviar su producción de uva a la referida provisión de la DOP Cava, excepcionalmente en ésta y sólo en esta vendimia 2024, se suspende temporalmente el plazo del compromiso previsto en el real decreto de potencial de producción vitícola.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONTRIBUCIÓN A INTERNACIONALES DE CARÁCTER AGRÍCOLA, CINEGÉTICO Y PESQUERO
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a realizar cinco contribuciones voluntarias que suman un total de 201.766,78 euros a distintos organismos y programas internacionales de carácter agrícola, cinegético y pesquero, que se consideran de interés para España.

El MAPA realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación. Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España, porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición en las mismas.

Al ámbito de la pesca se destinan 18.000 euros, que se reparten entre dos consejos consultivos. El Consejo Consultivo de Acuicultura recibe 6.000 euros y 12.000 euros el Consejo Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas (CCRUP).

Los consejos consultivos tienen como finalidad favorecer la participación del sector pesquero en la elaboración y gestión de la Política Pesquera Común. Para ello presentan a la Comisión y a los Estados miembros interesados recomendaciones y sugerencias sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la pesca, su conservación y sobre los aspectos socioeconómicos de la misma, informando de los problemas relativos a estos temas en su área de acción, la acuicultura y las comunidades de regiones ultraperiféricas, en este caso.

Al Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna Silvestre (CIC), se destinan 18.000 euros. El CIC es una organización vinculada a la gestión y conservación de la naturaleza, con ámbito de actuación a escala mundial, a la que pertenecen más de 80 países de los cinco continentes. Su objetivo principal es promover la sostenibilidad de los recursos biológicos silvestres, como una herramienta para los beneficios sociales y económicos y, por tanto, como un incentivo para su conservación, a través de la protección de especies en peligro de extinción.

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza recibe una aportación de 75.000 euros. Este instituto está acreditado como Instituto del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), cuya misión es la de fomentar la cooperación agroalimentaria entre el norte y el sur del Mediterráneo a través de la formación de cuadros directivos y técnicos del sistema agroalimentario; y de impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo. El Ciheam ZARAGOZA se ha consolidado como uno de los referentes internacionales en materia de formación y transferencia especializada en el sector agroalimentario, que permite generar sinergias entre la comunidad científica, las empresas y los futuros cuadros directivos.

Al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), se contribuye con 88.976,16 dólares USA (importe máximo estimado de 90.766,78 euros). Los objetivos de este tratado internacional son la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el convenio sobre la diversidad biológica para una agricultura sostenible y busca garantizar la seguridad alimentaria. También reconoce el derecho de los agricultores de todas las regiones a la diversidad de los cultivos, aumentando su participación en los procesos de adopción de decisiones nacionales y garantizando que compartan los beneficios procedentes del uso de estos recursos. Igualmente, establece un sistema mundial para proporcionar a los agricultores fitomejoradores y a los científicos el acceso gratuito y fácil a los materiales fitogenéticos.

Agricultura, Pesca y Alimentación

MÁS FINANCIACIÓN CON AVALES DE SAECA
El Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación de 25 millones de euros del préstamo del MAPA a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para proporcionar un mecanismo de reafianzamiento a la sociedad y facilitar los avales de esa entidad a empresas del sector agroalimentario y pesquero. El objetivo es habilitar una línea de financiación de aproximadamente 625 millones de euros, en la cual SAECA asumirá el 80% de la cobertura de garantía.

Esta medida incluye como potenciales beneficiarios a las industrias agroalimentarias y de bebidas, las cooperativas agroalimentarias, los operadores del sector de la pesca, las entidades asociativas pesqueras, las comunidades de regantes y otras entidades asociativas. Además, y fruto del compromiso firmado con las organizaciones de productores, se han incluido a las organizaciones interprofesionales, jóvenes y agricultores y ganaderos con, al menos, un 50% de ingresos procedentes de la actividad agraria. El ministerio prevé que esté completamente operativa en septiembre.

Las operaciones avaladas por este mecanismo, que no es considerado ayuda de Estado, tendrán un importe mínimo de 75.000 euros y hasta 2.500.000 euros, salvo para jóvenes, que no tendrán importe mínimo.

Política Territorial y Memoria Democrática

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA EN MATERIA DE TRÁFICO
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra a fin de reintegrar a la Comunidad Foral de Navarra el pleno ejercicio de las funciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, para lo que es necesario que ésta asuma la competencia de vigilancia y control del tráfico dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

El Real Decreto 252/2023, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, aprobó el acuerdo adoptado por la Junta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Foral de Navarra.

Posteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo 281/2024 y 258/2024 declararon anularon el Real Decreto 252/2023 de traspaso y su acuerdo complementario. En síntesis, ambas sentencias concluyeron que no cabía emplear un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), ni amparada en su Derecho histórico. Podría asumirla, bien reformando la LORAFNA o bien mediante ley orgánica de transferencia o delegación del artículo 150.2 de la Constitución.

El Tribunal Supremo, mediante Autos de 27 de febrero y 5 de marzo de 2024, puntualizó que la nulidad del mencionado Real Decreto 252/2023 de traspaso de funciones y servicios alcanza a las funciones o servicios prestados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.

El artículo 71 de la LORAFNA, además, establece que, dada la naturaleza jurídica del régimen foral, el amejoramiento de éste es inmodificable unilateralmente. Por tanto, la iniciativa de reforma corresponderá a la Diputación Foral y al Gobierno de la Nación.

Reforma de común acuerdo de la LORAFNA

Tras las correspondientes negociaciones, la Diputación Foral y el Gobierno de España formularán, de común acuerdo, la propuesta de reforma, que será sometida a la aprobación del Parlamento de Navarra y las Cortes Generales.

El Consejo de Ministros del 19 de marzo de 2024 probó el acuerdo por el que se designan los representantes del Gobierno de España para la negociación de la iniciativa de reforma de la LORAFNA, remitiéndose a la Presidencia del Gobierno de Navarra: ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Ángel Víctor Torres; secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra, Alicia Echeverría; y directora general de Cooperación Autonómica y Local, Alejandra del Río, que desempeñará las funciones de secretaria por parte del Gobierno de España.

El texto definitivo fue consensuado por ambas administraciones se elevó a la Comisión Negociadora para su adopción el 23 de abril. El Parlamento de Navarra aprobó el 23 de mayo el texto de la propuesta de reforma.

Finalmente, el Gobierno de Navarra acordó y remitir al Gobierno de España el acuerdo aprobado por el Parlamento de Navarra para que, a su vez, sea sometido a la aprobación de las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de reforma de la LORAFNA.

Contenido de la reforma

El presente anteproyecto de ley orgánica consiste en la asunción de la competencia de vigilancia y control del tráfico dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra. El artículo único contiene dos apartados:

-El primero modifica el apartado Tres del artículo 49 de la LORAFNA, en el sentido de que corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico.

-El segundo adiciona un párrafo a la LORAFNA disponiendo que en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial las competencias de la Policía Foral se regirán por lo dispuesto en el artículo 49.Tres de la LORAFNA.

Tramitación

Aprobado por el Parlamento de Navarra el texto de la propuesta de reforma de la LORAFNA el 23 de mayo de 2024, procede ahora promover la tramitación del anteproyecto de ley orgánica de reforma y, tras adoptarlo el Consejo de Ministros, será remitido a las Cortes Generales para su aprobación.

La aprobación de la ley orgánica de reforma de la LORAFNA no producirá repercusiones económicas o presupuestarias. Para el pleno, progresivo, adecuado y efectivo ejercicio por la Comunidad Foral de Navarra de la competencia de vigilancia y control del tráfico dentro de su territorio, se habrá de tramitar, posteriormente a su entrada en vigor, la adopción por la Junta de Transferencias de sendos acuerdos:

-Un acuerdo de ampliación de las funciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comunidad Foral de Navarra por el Real Decreto 252/2023, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asignándole de nuevo la función de "detectar infracciones".

-Un acuerdo complementario al anterior acuerdo de ampliación, que regule el despliegue definitivo de los agentes de Policía Foral para la vigilancia y control en materia de tráfico, la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores y la recaudación subsiguiente.

Política Territorial y Memoria Democrática

EXHUMACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS DE VÍCTIMAS DEL VALLE DE CUELGAMUROS
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para la concesión de una subvención, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario a favor de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (denominada así hasta que se desarrolle el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros), para la financiación de las actuaciones necesarias para continuar y completar el desarrollo de habilitación de accesos a las criptas pendientes, que posibilite la reparación y dignificación de los osarios y para la exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista, reclamados por sus familiares.

El importe máximo de esta subvención es de 1.150.224,44 euros, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el artículo 67 de su Reglamento.

Trabajos de exhumación e identificación en Cuelgamuros

En 2021, el Gobierno ya concedió una subvención directa cuyo principal objetivo era facilitar el desarrollo de las actuaciones necesarias para localizar y, en su caso, proceder a la exhumación, de los restos de personas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros, en aquellos supuestos en los que mediase una previa solicitud por parte de sus familiares.

Para facilitar la puesta en marcha y el correcto desarrollo de las actuaciones subvencionadas, se creó la Comisión de trabajo para el asesoramiento forense en el desarrollo de los trabajos de habilitación de acceso a las criptas del Valle, dignificación de los osarios y exhumación e identificación de víctimas cuyos restos hayan sido reclamados por los familiares.

Se estableció asimismo un Plan de intervención que tenía en cuenta las recomendaciones emitidas por el Consejo Médico Forense. Además, se suscribió un Convenio con la Universidad de Granada, para la realización de actuaciones de identificación de restos y, en su caso, exhumaciones.

Aumento de solicitudes de familiares

La previsión inicial de recuperación de restos pertenecientes a 60 personas y las peticiones de exhumación planteadas por parte de familiares de víctimas inhumadas en el Valle se ha incrementado notablemente en los dos últimos años y, en la actualidad, son más de 170 las solicitudes recibidas. Y se han identificado ya 12 personas y se trabaja con los restos de otras 5, que serán identificadas en un breve plazo de tiempo.

Para garantizar la continuidad y conclusión de los trabajos pendientes en el Valle, dando cobertura a todas las peticiones recibidas, resulta imprescindible incrementar la financiación inicialmente prevista mediante la concesión de una nueva subvención directa, con la misma finalidad y objetivos y por importe de 1.150.224,44 euros.

El importe de la nueva subvención ha sido calculado teniendo en cuenta los gastos derivados de las actividades a realizar y por las labores forenses y antropológicas que desarrollará el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, teniendo en cuenta los costes de personal derivados de la contratación de los servicios profesionales de un equipo técnico formado por 8 personas, forenses y antropólogos, durante un período de 7 meses, además de los gastos en material necesarios para realizar las actividades forenses y funerarias en el Valle, cuyo presupuesto asciende a 250.000 euros

Y, por otro lado, la ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de todas las obras necesarias para acceder a los osarios, según el presupuesto realizado por Patrimonio Nacional, que alcanza los 900.224,44 euros.

En relación con la entidad beneficiaria, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según lo establecido por la disposición transitoria primera de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, es quien ostenta la administración de los bienes vinculados al Valle de Cuelgamuros, por lo que le corresponde a dicha Fundación la ejecución de las obras correspondientes que garanticen el derecho de los familiares de las víctimas allí enterradas a la recuperación de sus restos, circunstancia que le otorga la condición de entidad beneficiaria de esta subvención.

La Ley General de Subvenciones y su Reglamento establecen que podrán concederse, de forma directa y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. La Ley también establece que las normas especiales reguladoras de estas subvenciones deberán ser aprobadas por real decreto.

Atendiendo a las razones de interés público social y humanitario subyacentes, se considera adecuado participar en la ejecución de los trabajos mencionados contribuyendo económicamente con la presente subvención.

Igualdad

AYUDAS ECONÓMICAS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Igualdad ha aprobado el Real Decreto que regula las ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales recogidas en la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS).

En su artículo 41, la Ley reconoce el derecho de las víctimas de violencias sexuales a percibir una ayuda económica cuando quede acreditada la condición de víctima de violencia sexual e insuficiencia de medios económicos. El objetivo es garantizar su autonomía económica y facilitar así la recuperación integral de las víctimas más vulnerables.

El real decreto establece que las ayudas se destinarán tanto a las mujeres como a los niños y niñas víctimas de violencia sexual. Además, determina los medios para acreditar la condición de víctima, más allá del ámbito estrictamente judicial: una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar; un informe del Ministerio Fiscal; un informe de los servicios sociales; un informe de servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género; un informe de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencias sexuales de la administración pública competente o de la Inspección de Trabajo así como de la Seguridad Social y una sentencia de la jurisdicción de lo social.

En el caso de las víctimas de trata bastará con una acreditación de los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas. Por otra parte, en el caso de menores de edad, también será posible acreditar la situación de víctima de violencia sexual con documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

Situación de vulnerabilidad

El umbral de renta para poder beneficiarse de las ayudas dependerá en cada caso de la situación de la víctima. En general, solo se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de la víctima que solicite la ayuda, excepto cuando la víctima tenga personas a su cargo, que se tendrá en cuenta la renta de la unidad familiar.

Así, podrán acceder las víctimas que carezcan de rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional (sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias).

Cuando las víctimas sean menores de edad o dependan económicamente de su familia y formen parte de una familia reconocida como numerosa se tendrá en cuenta que la renta de la unidad familiar no supere tres veces el salario mínimo interprofesional (excluyendo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias).

En ningún caso se tendrán en cuenta las rentas del cónyuge, pareja o progenitor de la víctima cuando éste sea el agresor.

Las víctimas contarán con un periodo de 5 años para poder solicitar la ayuda y ésta se podrá solicitar en diferentes ocasiones a lo largo de la vida si se vuelve a ser víctima de violencia sexual.

Respecto a la cuantía a recibir, será de un mínimo equivalente a seis mensualidades del subsidio por desempleo y se podrá aumentar dependiendo de las responsabilidades familiares de la víctima o de si está en situación de discapacidad. La ayuda se abonará en un pago único o en seis mensualidades

El real decreto establece la regulación general y serán las comunidades autónomas quienes deberán desarrollar normativamente el procedimiento para hacerlas efectivas. El coste de las ayudas irá a cargo del Estado, que se lo reembolsará a las comunidades autónomas, responsables de la tramitación y el abono de las mismas a las víctimas.

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