El Consejo de Ministros ha acordado tomar razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población hondureña afectada por el estado de emergencia en el sistema de salud pública declarado por la República de Honduras en el Departamento de Islas de la Bahía con motivo del incendio que destruyó el hospital de Roatán el pasado 19 de abril de 2024, por un importe máximo de 10.000 euros.
El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la contribución voluntaria de España al Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre Alimentos, Energía y Finanzas a través de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el ejercicio 2024, por un importe de 1.500.000 euros.
El Grupo de Respuesta a la Crisis Global sobre alimentos, energía y finanzas fue creado en 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para dar respuesta a las preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y de los efectos continuados de la pandemia. Su objetivo es elaborar soluciones coordinadas a estas crisis correlacionadas (alimentos, energía y finanzas) en colaboración con los gobiernos, las instituciones financieras internacionales y otros socios clave para ayudar a los países más vulnerables a evitar una crisis a gran escala.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual parea su tramitación por la vía de urgencia y con el objetivo de que su aprobación se produzca antes de que finalice 2024, cumpliendo así con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó como proyecto de ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales. Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios.
La norma, que se contempla dentro del Plan España, Hub Audiovisual de Europa, pretende impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; y establece tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
El principal de sus objetivos es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural. Asimismo, trata de dar respaldo a los autores y autoras, y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. También pretende impulsar mecanismos que mejoren la competitividad de las empresas y profesionales en el entorno internacional.
Tiene, además, la intención de garantizar la defensa de la competencia en el mercado audiovisual, la transparencia de la información sobre asistencia y visionados de las obras audiovisuales, así como el adecuado ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares. Y aborda la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual de una manera más amplia y acorde con la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la preservación digital.
Para ello, la normativa se adapta a los profundos avances y transformaciones que ha experimentado el sector desde que entró en vigor la Ley actual en 2007, alineándose con la normativa europea en la materia. En este periodo, se han incorporado nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión, propios de un mercado global y de una sociedad caracterizada por la cultura y la economía digital.
En el título de la ley se ha incorporado el concepto de 'cultura audiovisual' junto al de 'cine', al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales. Por lo tanto, se deja constancia, ya en el título, de la intención de ampliar el campo de acción normativa al audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de que la actividad cinematográfica continúe manteniendo un especial nivel de atención y protección.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad y adecuación del sector de la cinematografía y la cultura audiovisual a las transformaciones de la actualidad, el Consejo de Ministros estima necesaria la aprobación y entrada en vigor con la mayor celeridad posible. Así, la futura ley se adapta a las nuevas dinámicas del sector audiovisual, creando instrumentos que respondan a las necesidades, avances y retos de creadores, industria y públicos. Esta ley es una reforma incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual y país exportador de productos audiovisuales.
Compromiso con la producción independiente
La ley busca apoyar y fomentar la diversidad cultural, esencial para un ecosistema audiovisual rico, diferenciado y competitivo de forma global. En este sentido, el proyecto de ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplica a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes.
De forma general, el proyecto de ley subraya la necesidad de ayudas públicas capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual. Se considera necesario apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución...). Por ello, incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio.
También como novedad, la ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.
Diversidad, igualdad y accesibilidad
El fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas oficiales distintas del castellano se amplía a las lenguas reconocidas estatutariamente por las CC.AA. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez, estas lenguas, así como las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. Se incluye, adicionalmente, como requisito para obtener la nacionalidad, el respeto a la jurisdicción y a la legislación española en materia de propiedad intelectual.
En lo referente al apoyo a las salas de cine, todas las salas cinematográficas podrán acceder a las ayudas a la exhibición, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales.
El proyecto de ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción. Adicionalmente, se incluye que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura, a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye, como novedad, cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.
En su apuesta por un cine y un audiovisual universal, igualitario y accesible, la ley protege especialmente los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad. Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable. También se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.
Protección del patrimonio audiovisual
La ley incide en la importancia de la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual. Para ello, se modifica la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español. La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.
Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual
También como novedad, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Será una nueva herramienta para el diálogo, la comunicación y la cooperación en el ámbito de la cinematografía y la cultura audiovisual. Compuesto por representantes de la administración, de asociaciones y organizaciones de los sectores, y vocales de reconocido prestigio, abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias, entre otras.
Como novedad, se establece la obligación específica del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual, así como informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados, y las estadísticas y estudios sobre la actividad del sector que se estimen necesarios y de interés para la ciudadanía.
Por otro lado, se incluye la declaración por parte de las prestadoras del servicio de comunicación audiovisual (plataformas) de los datos de visionado de obras audiovisuales, al igual que hacen las salas de exhibición. La posterior regulación reglamentaria del sistema será la que determine los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados, y que se llevará a cabo a través de una comisión en la que participará, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado el real decreto que regulará a partir de ahora la Prueba de Acceso a la Universidad. El nuevo modelo cuenta con una estructura, unas características básicas y unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio.
Los alumnos y alumnas que el próximo curso superen con éxito segundo de bachillerato y se presenten a esta prueba, se examinarán de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas CCAA con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).
Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias más, que serán elegidas por el alumno. Serán materias distintas a las de la fase de acceso, podrán ser de modalidad, cursadas o no, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera. En caso de querer examinarse del número máximo de materias (cuatro), una de ellas deberá ser obligatoriamente este segundo idioma.
Cada ejercicio tendrá una duración de noventa minutos, con un descanso mínimo de media hora entre exámenes consecutivos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a tener más tiempo para realizar cada ejercicio, si así lo prescribe su necesaria adaptación y sin que afecte a la duración de sus descansos.
La normativa, que emana de la Ley de Educación, concreta las características básicas de los ejercicios que componen la prueba de acceso y regula unos parámetros comunes para la evaluación del alumnado. Para cada ejercicio, deberán existir unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados.
Estos criterios incluyen la valoración de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.
Las comisiones organizadoras de las pruebas asegurarán la aplicación de criterios específicos de corrección y calificación, así como la aplicación de un mismo procedimiento de revisión en todo el territorio.
En cuanto a las calificaciones, no hay ningún cambio. La nota de la prueba se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales y la nota mínima es un 4. La nota de acceso a la universidad se calcula sumando el 60% de la nota media normalizada de Bachillerato y el 40% de la calificación de la prueba de acceso. También tendrá un valor de 0 a 10 con tres decimales y la mínima necesaria será un 5.
En la fase de admisión se sumarán a esta nota de acceso las dos mejores calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Comisión Interministerial de resignificación del Valle de Cuelgamuros a fin de impulsar y coordinar las medidas para llevar su transformación en un espacio que fomente los valores constitucionales y democráticos, y en el que se promueva el conocimiento y la reflexión de nuestro pasado.
El Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, fue concebido por el dictador Francisco Franco para conmemorar su victoria militar en la guerra desencadenada tras el golpe de estado de parte del ejército contra el Gobierno democrático de la Segunda República el 18 de julio de 1936. Inaugurado el 1 de abril de 1959, en el vigésimo aniversario de su victoria en la mencionada guerra, el citado monumento ha sido siempre considerado como uno de los principales símbolos del régimen franquista.
Resignificación
Como consecuencia del cuestionamiento de su encaje en la actual sociedad democrática, en los últimos años, dos leyes se refieren directamente al Valle estableciendo que se debe resignificarse.
En primer lugar, la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, dispuso que el Valle se regiría estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos y que en ningún lugar del recinto podrían llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra de España, de sus protagonistas, o de la dictadura.
Posteriormente, la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, modifica el nombre del monumento, que pasa a denominarse «Valle de Cuelgamuros», reafirma la prohibición de la celebración de actos políticos o de exaltación de la dictadura y su naturaleza de cementerio civil y establece su nuevo papel como un eje fundamental de la resignificación democrática contemporánea, destinado a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos.
Este procedimiento de resignificación comprende un gran número de medidas que implican la participación de varios departamentos ministeriales. Por ello, y con el fin de asegurar el adecuado impulso y coordinación de las medidas que deben ser adoptadas, se considera oportuno la creación de un órgano interministerial en el que participen todos los departamentos ministeriales afectados en la resignificación del monumento.
La Comisión Interministerial de resignificación del Valle de Cuelgamuros, se crea como órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrita al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a través de su titular. Se constituirá en el plazo de un mes y será atendida con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales que la conforman, por lo que su actuación no representará incremento de gasto público.
Funciones de la Comisión
En cuanto a sus funciones, encaminadas a transformar el Valle de Cuelgamuros en un nodo de interpretación, como lugar de memoria democrática, son las siguientes:
- La propuesta e impulso, en el ámbito de la AGE, de medidas encaminadas a la resignificación del Valle de Cuelgamuros.
- La coordinación de las propuestas y actuaciones de los departamentos ministeriales, así como de sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, asociadas a la resignificación del Valle de Cuelgamuros.
- La realización de una propuesta de asignación de los bienes inventariados adscritos al Valle de Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales, y organismos y entidades vinculadas y dependientes para la gestión efectiva de los mismos hasta la creación del órgano instrumental previsto.
- El impulso para la elaboración de un real decreto que establezca el marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.
Composición de la Comisión interministerial
La Comisión interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, que se reunirá de manera ordinaria una vez al mes, estará presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la integrarán los titulares de los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ejercerá la vicepresidencia; Hacienda; Transportes y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Cultura; Ciencia, Innovación y Universidades; y la persona titular de la Presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Ejercerá la Secretaría de la Comisión el titular de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Estrategia estatal "Hacia un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización", que engloba el período 2024-2030 y que va a fomentar los cuidados a domicilio para personas mayores y personas con discapacidad que sean dependientes, así como para las personas sin hogar y menores migrantes.
El objetivo es ofrecer una alternativa centrada en las personas, mediante servicios personalizados y de pequeña escala, en entornos comunitarios de proximidad, reforzando la asistencia a domicilio, la teleasistencia o los centros de día. También se pretende mejorar las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en cuidados a domicilio y en residencias.
La estrategia tendrá una dotación económica inicial que supera los 1.300 millones de euros (1.323.471.810 €) y estará financiada por recursos provenientes de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, en particular el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), habiendo programado para ello operaciones vinculadas a procesos de desinstitucionalización, de modernización de los servicios sociales y de desarrollo de una nueva economía de los cuidados hasta el 2027, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
Los fondos para esta estrategia se destinarán en su mayor parte a las comunidades autónomas, para que puedan implementar este cambio de modelo, y la financiación de los mismos se irá complementando en los años sucesivos con un despliegue a través de los Planes Operativos. Así mismo, una parte de los fondos se destinarán a financiar los proyectos pilotos que se han puesto en marcha por toda España.
Esta estrategia estatal es un compromiso y elemento central en el Componente 22 del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que se divide en cinco ejes de actuación y que recoge un sistema de implementación, seguimiento y evaluación. Esto se hará posible con un plan de activación que pretende agilizar y coordinar las actuaciones prioritarias en su primera etapa de implementación.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza una adenda al Convenio con la Generalitat de Cataluña y con la Fundación Centre de Regulació Genómica en la constitución del consorcio de explotación del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG).
La modificación tiene que ver con la naturaleza de las transferencias, que pasan de tener un destino para inversiones a un destino para la financiación de gastos corrientes.
El CNAG es uno de los centros de mayor capacidad para la realización de test genómicos masivos de Europa, y está incluido en el Mapa de Infraestructuras y Técnicas Singulares.
Juega un papel fundamental en la Estrategia Española de Medicina Personalizada para mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades porque identifica los genes responsables de enfermedades como las infecciosas o el cáncer.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Zamora, con un valor estimado de 34,6 millones de euros (IVA no incluido).
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 245,650 km de carreteras del sector nº4, incluidos 123,410 km de autovía. Abarcan varios tramos de las autovías A-66, A-52 y de sus ramales de enlace con la A-6; y de las carreteras N-525 y N-525A.
Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
Reducir emisiones
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.
En el año 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif AV, otros 15,3 millones de euros (IVA no incluido) para seguir completando la renovación integral de la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, para mantenerla a la vanguardia y continuar respondiendo al crecimiento del tráfico ferroviario.
Esta inversión se destina a la tercera fase de renovación de traviesas de las vías, con el despliegue de 73.333 nuevas traviesas, de mayores prestaciones, entre las estaciones de Ciudad Real y Puertollano, en varios tramos que suman unos 44 km.
Ya se ha completado una primera fase, con la instalación de 71.318 traviesas, y se está ejecutando actualmente la segunda, con 123.732 unidades.
Los trabajos se realizan de forma simultánea en diferentes puntos de la línea y se compatibilizan con el tráfico ferroviario, trabajando en las bandas de mantenimiento, las horas de madrugada sin circulaciones de trenes.
Plan de renovación de la LAV Madrid-Sevilla
Con esta actuación se da un nuevo impulso al plan de renovación integral de la LAV Madrid-Sevilla, la primera línea de alta velocidad de España, que cuenta con una inversión global de 700 millones de euros, ya movilizados prácticamente en su totalidad.
El plan actúa en todos los ámbitos: infraestructura (viaductos, túneles, drenajes...etc.), vías (traviesas, balasto y desvíos), señalización, telecomunicaciones, electrificación y protección, desplegando las últimas tecnologías y equipamientos.
Actualmente, se refuerzan los catorce puentes y viaductos del tramo de línea a su salida de Madrid, entre ellos el de Santa Catalina (de 500 m) y al paso por Ciudad Real, Córdoba y Sevilla.
Asimismo, se avanza en la segunda fase del despliegue del sistema de señalización ERTMS nivel 2, el más avanzado del mundo; y la última fase de renovación de circuitos de vía (dispositivo que controla la presencia de trenes en tramos de vía).
También se refuerza la electrificación, con la ampliación de sus subestaciones, la instalación de LED en sus 17 túneles y el tendido de un doble suministro de alta tensión.
Actuaciones ya completadas
En los últimos meses se han completado destacadas actuaciones de este plan de renovación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Destacan la primera fase de renovación de traviesas y desvíos, la modernización de los nueve viaductos de la línea en Sierra Morena y la mejora de la base de mantenimiento de Calatrava.
Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad) y podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Transportes y Movilidad Sostenible
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, un contrato por valor de 24 millones de euros (IVA no incluido) para mejorar las instalaciones en las estaciones de cercanías Doce de Octubre y Puente Alcocer, ambas de la línea C-5, y reforzar su accesibilidad y los sistemas de evacuación en caso de incendio.
Gracias a esta nueva inversión, la estación de Doce de Octubre dispondrá de tres ascensores para comunicar sus tres niveles: los accesos a nivel de calle, el vestíbulo soterrado y los andenes, ubicados en una planta inferior. Por su parte, en la de Puente Alcocer se instalarán dos ascensores para conectar el vestíbulo, situado a pie de calle, con el andén soterrado.
Además, en ambas estaciones se habilitarán cuatro nuevas salidas de emergencia, dos por andén, con acceso directo a la calle y zonas de refugio para evacuación de personas de movilidad reducida. También se desplegarán nuevos sistemas de detección automática de incendios y humos, de extinción, sistemas de ventilación mecánica y nueva señalética de evacuación.
En este sentido, el Ministerio avanza en los proyectos para realizar actuaciones similares en otras estaciones de la línea C-5 (Embajadores, Cuatro Vientos, San José de Valderas, Alcorcón, Las Retamas, Laguna, Las Águilas y Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche), mientras trabaja ya en las de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Getafe Centro (línea C-4), y Valdebebas y Pirámides (líneas C-1 y C-10).
Continuo impulso al Plan de Cercanías
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está abordando un ambicioso plan para modernizar y mejorar la capacidad y fiabilidad de los Cercanías de Madrid. Cuenta con un presupuesto de 7.100 millones de euros, de los que ya se han ejecutado más de 910 millones de euros y están movilizados más de 4.800 millones de euros con obras en marcha, proyectos, y licitaciones.
En lo que respecta a las estaciones, el plan destina 857 millones con actuaciones como la remodelación de Aranjuez, ya completada; la de Alcalá de Henares, en marcha; y las que se proyectan en Aluche (nuevo vestíbulo en superficie), Móstoles-El Soto (refuerzo de accesibilidad e integración) y Méndez Álvaro (ampliación del vestíbulo subterráneo).
Asimismo, se están construyendo nuevas estaciones como Parla Norte y ya ha contratado la de Pinto-La Tenería. En la actualidad, ultima los proyectos de Tres Cantos Norte, Imperial y Fuencarral-Malmea y aborda la remodelación y ampliación de los dos nodos de la red: Atocha Cercanías y la zona de Cercanías de Chamartín-Clara Campoamor.
A través de Adif, el Ministerio de Transportes tiene en marcha un total de 115 actuaciones del Plan de Cercanías Madrid en todos los ámbitos de la infraestructura ferroviaria, así como la renovación del sistema de gestión remota de tráfico, la señalización y mejoras, ampliaciones y duplicaciones de tramos de la red.
Esta actuación hoy autorizada por el Gobierno contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio, en concreto con el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (eficiencia energética) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles y seguros). Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Para la Transformación Digital y de la Función Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado las ofertas públicas de empleo del Cuerpo de la Guardia Civil y en la Policía Nacional para el año 2024, que ascienden respectivamente a 2.721 y 2.707 plazas, totalizando 5.506 nuevas plazas, a las que hay que sumar otras 77 plazas para oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil aprobadas el pasado mes de abril.
Estas ofertas de empleo público aplican para los dos cuerpos una tasa de reposición del 125 por ciento, tal y como quedó fijado en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que fueron prorrogados para este 2024.
El Ministerio del Interior mantiene desde 2018 la política de convocar cada año un número de plazas mayor que las vacantes producidas el año anterior. Desde entonces, e incluida la convocatoria de este 2024, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha ofertado un total de 33.743 nuevas plazas para las Fuerzas de Seguridad, 18.346 para la Policía Nacional y 15.874 para la Guardia Civil.
Esta estrategia de ampliación de las plantillas de ambos cuerpos ha permitido que la Policía Nacional y la Guardia Civil, en conjunto, alcancen ya los 154.000 efectivos y superen así la pérdida de más de 13.700 plazas que se produjo en el periodo 2012-2017.
2.707 policías nacionales más
En el caso de la Policía Nacional, la convocatoria de empleo público aprobada este martes incluye 100 plazas para la Escala Ejecutiva del cuerpo y otras 2.607 plazas para la Escala Básica.
De estas últimas, 521 plazas están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que lleven, al menos, cinco años de servicios de conformidad con lo previsto en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería. Las plazas que no se cubran por esta vía se acumularán a las de turno libre.
Además, la convocatoria de 100 plazas para oposición libre en la Escala Ejecutiva comporta la convocatoria de otras 150 para su provisión por promoción interna, desde la categoría de subinspector, según lo dispuesto en el Reglamento de los procesos selectivos y de formación de la Policía Nacional.
2.721 nuevos guardias civiles
Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública de empleo para este 2024 asciende a 2.721 nuevas plazas, de las cuales 1.089 están reservadas a militares profesionales de tropa y marinería y otras 200 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes que tiene su sede en Valdemoro (Madrid).
Tanto las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería como a guardias jóvenes que no se cubran por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.
Cabe recordar que, el pasado mes de abril, el Gobierno aprobó la convocatoria de otras 77 nuevas plazas de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, incluida en la provisión anual de plazas de las Fuerzas Armadas, ya que al tener un proceso de formación conjunto se incluyen en una convocatoria diferente.
En cuanto a la promoción profesional interna en la Guardia Civil, la convocatoria incluye 360 plazas:
- 88 plazas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de promoción interna.
- 22 plazas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de cambio de escala para personal de las escalas de suboficiales y de cabos.
- 250 plazas para el acceso a la Escala de Suboficiales mediante la modalidad de promoción interna.
Las plazas reservadas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de cambio de escala que no sean cubiertas por cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas para el acceso a la Escala de Oficiales mediante la modalidad de promoción interna, o viceversa.
BIOGRAFÍASAsuntos Exteriores, Unión Europea y CooperaciónDirectora general para África
Es licenciada en Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomática de Carrera desde el 2006. Hasta ahora ocupaba el puesto de vocal asesor del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, encargada de los asuntos de África y Oriente Medio.
Anteriormente estuvo destinada como segunda jefatura en la Embajada de España en Mozambique, consejera en la Embajada de España en México y segunda jefatura en la Embajada de España en Guinea Bissau. Durante la presidencia española de la Unión Europea en 2010 fue experta nacional destacada en la Secretaría General de la Comisión Europea. Fue Antici adjunta de la Comisión Europea. Posteriormente fue experta nacional destacada en el Servicio Europeo de Acción Exterior en la Unidad de Naciones Unidas. En servicios centrales también ocupó el puesto de consejera técnica en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ha sido condecorada con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica y con la Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Ingresó en la Carrera diplomática en junio de 1996.
Hasta el momento, desempeñaba el cargo de coordinador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Con anterioridad, en el exterior ocupó los cargos de segunda jefatura en las embajadas de España en Seúl, Santiago de Chile y Managua, y cónsul en el Consulado General en Fráncfort.
En España, ha desempeñado los cargos de director general de Casa Asia, director del Gabinete del Secretario de Estado para Iberoamérica, director del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y subdirector general de México, Centroamérica y Caribe. También ha ocupado otros cargos en el Gabinete de la Secretaría General de Política Exterior, el Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación internacional y el Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Internacional.
Embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia
Es licenciado en Derecho y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diploma de Altos Estudios Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y Master of Arts, por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston.
Ha sido profesor asociado de Derecho Internacional Público. Diplomático de carrera desde 1983, ha estado destinado en las Representaciones ante el Consejo de Europa y Naciones Unidas (Ginebra), y en la Embajada de España en Israel. Ha sido vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, director general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación, director de gabinete del Secretario General Iberoamericano.
También ha sido embajador de España en Estonia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, embajador en Brasil y en la actualidad cónsul general en Buenos Aires.
Embajador de España en la República de Kazajistán
Ingresó en la carrera diplomática en 1998. Ha estado destinado en la Embajada de España en Kazajistán; en la Representación Permanente de España ante la OSCE (Viena); en la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas (Nueva York) y en la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Bruselas).
En los servicios centrales ha sido jefe de servicio en la Oficina de Información Diplomática; jefe de servicio en la DG de África; asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos y asesor ejecutivo para asuntos parlamentarios en el Gabinete del Ministro.
Es autor de varios ensayos, entre ellos: "España. Una historia global" (2018); "Historias del mundo. La gran aventura de la diplomacia española" (2019) y "Diplomáticos, coleccionistas y bibliófilos" (2022).
Embajadora en Misión Especial para la Política Exterior Feminista
Licenciada en Filología Inglesa y miembro de la Carrera Diplomática desde 2007.
Ha estado destinada en las Embajadas de España en Afganistán, Egipto, Tailandia, Australia. Durante los últimos cinco años, ha estado destinada en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York, como consejera de Igualdad de Género y Derechos Humanos.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha desempeñado sus funciones en el Gabinete del Subsecretario y en la Subdirección General de Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas.
Industria y TurismoDirectora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, con Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la EHESS de París y máster ejecutivo en administración pública (EMPA) por la Maxwell's School of Government, que cursó como alumna Fulbright.
Pertenece a la XLVI promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2010. A lo largo de su trayectoria profesional en la Administración General del Estado ha ejercido diferentes puestos entre los que destacan, a partir de 2016, los de vicesecretaria general técnica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y de subdirectora de relaciones internacionales, tanto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como en el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). En este último cargo ha sido miembro del Consejo de Administración del Festival de San Sebastián.
Previamente, entre 2010 y 2016, ocupó distintos puestos en el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Turismo de España y la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En el último año y medio ha desempeñado funciones de jefa de la unidad de apoyo a la Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ha formado parte del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes (EPO) y ha sido representante de España ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.