La Xunta insiste en reclamar al Gobierno central un esfuerzo adicional en la financiación de la modernización del regadío de la Limia para evitar sobrecostos a los regantes

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  • José González trasladó de nuevo la disconformidad del Gobierno gallego con el actual enfoque, algo que ya transmitió también en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y esta misma semana, por carta, al ministro Luis Planas
  • Demandó al Ministerio que asuma el 80% del IVA de la actuación (5,8 millones), además de liberar a los regantes de los cuestes financieros (que suponen otros 2 millones)
  • El conselleiro ve esta petición “completamente lógica”, toda vez que el consignado para A Limia es el 1,5% del que el Ejecutivo destinará al Plan de Regadíos en España, y que esta es la única actuación potencialmente beneficiaria en Galicia
  • Mostró la disposición de la Xunta y de la Diputación a hacer frente al 20 % restante del IVA, como parte de su compromiso con la Limia, que ya se plasmó en la financiación de 40 pozos y el sistema de bombeo -a los que esta tarde realizó una visita técnica-

Xinzo de Limia (Ourense), 2 de febrero de 2024

La Xunta insiste en reclamar un cambio en el modelo de financiación del proyecto de modernización del regadío de la Limia para evitar que los regantes tengan que asumir un sobrecosto dentro de su aportación la esta iniciativa. Así lo reiteró esta tarde en Xinzo el conselleiro del Medio Rural, José González, quien junto al presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, mantuvo un encuentro con representantes de la comunidad de regantes Nova Limia -encabezada por su presidente, Amador Saburido- y los alcaldes de los ayuntamientos beneficiarios de este proyecto -Amador Díaz (Xinzo), Susana Vázquez (Porqueira) y Emilio Pazos (Trasmiras)-.

En esta línea, el conselleiro manifestó de nuevo el apoyo de la Xunta a los regantes y la este proyecto, ya refrendado en una inversión de casi 7 millones de euros con fondos propios del gobierno autonómico que permitió instalar cuarenta pozos y el sistema de bombeo -instalaciones en las que realizó esta tarde una visita técnica-. Al mismo tiempo, mostró su preocupación por la orientación financiera establecida por el Ministerio de Agricultura la esta iniciativa, "que claramente perjudica los intereses de este colectivo".

Así, recordó que los regantes tenían, en principio, la perspectiva de afrontar el 20 % de un presupuesto inicial de 15,9 millones de euros mas IVA, que fue el importe por lo que se firmó el primer convenio. Sin embargo, con la segunda adenda, el coste de la modernización se va la un total de 35 millones de euros más el correspondiente IVA.  Además, José González advirtió que la esta cantidad se tienen que añadir una serie de costes adicionales que tendrán que afrontar los regantes, entre los que destacan los costes financieros del aval que se requiere para la ejecución del proyecto, que suponen cerca de 2 millones de euros más.

Este escenario, recordó el conselleiro, se traduce en que Gobierno hoy está asumiendo el 80% de la actuación (28 millones), y los regantes tendrían que desembolsar el restante 20% (7 millones), junto con el IVA y los cuestes financieros de la operación.

Disconformidad con el actual modelo de financiación

Por todo esto, José González trasladó, una vez más, la disconformidad del Gobierno gallego con este enfoque, algo que -señaló- ya transmitió también en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y esta misma semana, por carta, al ministro Luis Planas, quien acudió el pasado día 19 a la presentación de la firma de la segunda adenda.

En este sentido, José González demandó fórmulas alternativas en el modelo de financiación, instando al Gobierno central a que valore la posibilidad de introducir un cambio normativo para que no se repercuta el IVA que no se puede deducir por los regantes, algo que beneficiaría el desarrollo de estos proyectos en el conjunto del Estado.

De no ser esto posible, añadió el conselleiro, se pide al Ministerio que asuma en este caso concreto el 80 % del impuesto de la actuación -es decir, 5,8 millones- que sino tendrían que pagar los regantes. Además, se solicita que no sea necesario avalar las obras, con el te conseguí ahorro para los regantes de casi 2 millones de euros, siempre con el objetivo de evitar cargas económicas que no repercuten en una mejora de la actuación y facilitar la viabilidad del proyecto, remarcó el conselleiro. En esta misma línea, José González trasladó que ya se solicitó, por parte de la Consellería, una reunión con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seisa) para proponer un cambio en el sistema de financiación que permita evitar los avales.

La Xunta y la Diputación asumirían el 20% restante del IVA de la actuación

El conselleiro recordó que la inversión actual para el regadío de la Limia es apenas el 1,5% de la partida prevista por el Gobierno central en este Plan para toda España (2.344 millones de euros), y que Galicia, por sus condiciones, solo tiene el regadío de la Limia como potencial beneficiario del programa de modernización.

"Pedir que el Gobierno asuma el IVA de la actuación (5,8 millones de euros más), supondría un 0,3% más del que invertirá en toda España, no parece nada desorbitado. En total, destinarían aquí 35 millones, que en realidad es el presupuesto del proyecto sin contar con impuestos y cuestes financieros añadidos", detalló el conselleiro.

"Sabemos que esto no lo está haciendo en otras regiones, pero lo que estamos pidiendo aquí es que el Gobierno destine a Galicia el 1,8% del que ejecutará en el conjunto del Estado. Sinceramente, es una demanda completamente lógica", aseveró José González, que además mostró la disposición de la Xunta y de la Diputación de Ourense a asumir el restante 20 % del IVA (que serían casi 1,5 millones de euros), para aliviar de esa carga a los regantes. Un compromiso plasmado en la alianza con los productores de esta comarca, traducida en los nuevos pozos de regadío y grupos de bombeo e instalaciones de electrificación, además de la mejora y reparación de vías o el proyecto de limpieza de los canales de la comarca, asumido por el Gobierno central tras la gestión de la Xunta.

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