ORDEN de 27 de diciembre de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación en la empresa ordinaria, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (código de procedimiento TR342C).

III. Otras disposiciones

Consellería de Empleo, Comercio y Emigración

ORDEN de 27 de diciembre de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la contratación en la empresa ordinaria, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (código de procedimiento TR342C).

Mediante el Decreto 289/1997, de 9 de octubre, esta comunidad autónoma asumió las funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado relativos a la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y, a través del Decreto 42/2024, de 14 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia; del Decreto 49/2024, de 22 de abril, por el que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia, y del Decreto 147/2024, de 20 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, esta consellería asume el ejercicio de las competencias y funciones, entre otras materias, en lo relativo a las políticas activas de empleo.

La disposición adicional segunda del Real decreto 818/2021, de 28 de septiembre, que regula los programas comunes de las políticas activas de empleo, dispone que las comunidades autónomas podrán desarrollar programas propios adaptados a la realidad de su ámbito territorial, que la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración desarrolla en este caso para incentivar y favorecer la contratación de personas desempleadas, especialmente de las que tienen mayores dificultades de inserción laboral.

Corresponde, pues, a la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, para el ejercicio presupuestario 2025 la gestión de las subvenciones y ayudas públicas de las políticas activas de empleo, entre las que están las medidas dirigidas por una parte, a fomentar la creación de empleo de calidad y, por otra, a incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas, mejorando las condiciones del mercado de trabajo, en el marco de la Estrategia europea para el empleo, del Programa nacional de reformas, del respectivo Plan anual de fomento del empleo digno (PAFED), y en el ámbito de la colaboración institucional y el diálogo social entre el Gobierno gallego y los agentes económicos y sociales de Galicia.

En línea con lo anterior, el Gobierno gallego quiere asegurarse de que las personas trabajadoras tengan las habilidades precisas para prosperar, por ello, siguiendo las directrices europeas se está desplegando la Agenda Gallega de Capacidades para el Empleo, con el objetivo de mejorar las capacidades de las personas trabajadoras, mejorando con esto la competitividad de las empresas.

Las circunstancias excepcionales de crisis económica resultantes de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 se agravaron por los importantes efectos económicos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que está ocasionando graves consecuencias desde el punto de vista económico a nivel europeo, y se produjo un gran incremento de los costes energéticos, junto con el encarecimiento de las materias primas agrícolas y minerales, lo que lleva la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis también sobre el mercado del trabajo en nuestra comunidad autónoma. En este sentido, la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración sigue apostando por el mantenimiento del empleo y de la actividad económica de las empresas, impulsando la contratación indefinida de los colectivos más vulnerables.

Estas ayudas se amparan, según el sector al que pertenezcan las personas empleadoras y empresas beneficiarias y el ámbito de su actividad, en el Reglamento (UE) nº 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 15.12.2023, serie L), en el Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE 24.12.2013, L352/9), y en el Reglamento (UE) nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE 28.6.2014, L190/45).

En cuanto al procedimiento de concesión, se establece un procedimiento que no tiene la consideración de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, dado que de acuerdo con la finalidad y objeto del programa no resulta necesario realizar la comparación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento sino que la concesión de la ayuda se realiza por la comprobación de la concurrencia en la persona solicitante de los requisitos establecidos hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto, en la redacción dada por la Orden de 27 de noviembre de 2000, modificada por la Orden de 25 de octubre de 2001, y el artículo 25 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, por el que queda la concesión de las subvenciones sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución.

En este marco de actuación, las bases reguladoras se ajustan a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en especial en lo relativo a los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión, en el Decreto 11/2009, de 9 de enero, por el que se aprueba su reglamento, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de junio.

Consecuentemente con todo lo anterior, consultado el Consejo Gallego de Relaciones Laborales, previo informe de la Dirección General de Promoción de la Igualdad, de la Dirección General de Simplificación Administrativa y del Patrimonio, de la Asesoría Jurídica y la Intervención Delegada, y en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad

Esta orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras y convocar para el año 2025 las ayudas establecidas por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración que favorezcan la contratación de personas desempleadas en la empresa ordinaria y en entidades sin ánimo de lucro, especialmente de aquellas que tienen mayores dificultades de inserción laboral, con la finalidad de seguir paliando los perjuicios económicos sobre el mercado de trabajo, derivados de los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 y agravados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La orden regula el Plan Galicia emplea (código de procedimiento TR342C) de incentivos a la contratación por cuenta ajena de los colectivos vulnerables recogidos en el artículo 24.1.a), a través de una línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena cuyas particularidades se recogen en esta orden, y que incluye cuatro modalidades de ayudas:

a) Incentivos a la contratación indefinida inicial de personas desempleadas.

b) Incentivos al incremento de jornada de las contrataciones indefinidas, de tiempo parcial a tiempo completo.

c) Incentivos al incremento de la duración anual de los contratos fijos-discontinuos a un mínimo de 9 meses.

d) Ayudas para la adaptación de puestos de trabajo de personas con discapacidad.

Artículo 2. Marco normativo

Las solicitudes, tramitación y concesión de las subvenciones se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre; en el proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2025, aprobado por el Consello de la Xunta el día 17 de octubre de 2024; en lo que resulte de aplicación la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, y a lo dispuesto en esta orden.

Artículo 3. Principios de gestión

La gestión de este programa se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración.

c) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

Artículo 4. Presupuestos

1. La concesión de las subvenciones previstas en esta orden estará sujeta a la existencia de crédito presupuestario y se realizará con cargo a las siguientes aplicaciones de la Secretaría General de Empleo y Relación Laborales recogidas en el proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2025, aprobado por el Consello de la Xunta el día 17 de octubre de 2024, por un importe total de 19.700.000 €, con el siguiente reparto:

Además, en el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una entidad sin ánimo de lucro:

2. La presente orden se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto, en la redacción dada por la Orden de 27 de noviembre de 2000, modificada por la Orden de 25 de octubre de 2001, y el artículo 25 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, por el que queda la concesión de las subvenciones sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución y, asimismo, todos los actos dictados en el expediente se entienden condicionados a que, una vez aprobado el presupuesto, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que se produjeron.

3. En su caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se publicará mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales el agotamiento de las partidas presupuestarias asignadas.

4. Dichos créditos podrán ser objeto de modificaciones como consecuencia de la asignación o de la redistribución de fondos para la financiación de los programas de fomento del empleo, con las limitaciones que establezca la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

5. Se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles para esta convocatoria. El incremento del crédito estará condicionado a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de una generación, ampliación o incorporación de crédito, de la existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio, y de una transferencia de crédito, al tratarse de una convocatoria de concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 30.2 de su reglamento de desarrollo.

6. La distribución provincial de créditos para la financiación de las ayudas y subvenciones previstas en esta orden será, con carácter general, directamente proporcional al número de personas paradas y a la evolución del paro registrado en el período 2019-2023, e inversamente proporcional a la evolución de la población en el citado período, y tendrá en cuenta el necesario equilibrio y solidaridad con aquellos territorios más desfavorecidos. Al amparo de esto, en cada una de las provincias gallegas el reparto de dichos importes por aplicación presupuestaria se realizará en atención a los siguientes porcentajes: A Coruña, 33 %; Lugo, 17 %: Ourense, 17 % y Pontevedra, 33 %.

Dentro de cada provincia, los créditos sobrantes de un código de proyecto podrán ser empleados en otro, previas las modificaciones presupuestarias que procedan y una vez publicada la reasignación de créditos en el Diario Oficial de Galicia.

Asimismo, de existir remanentes en un departamento territorial, una vez atendidas todas las solicitudes que cumplan los requisitos, podrán redistribuirse en los restantes departamentos territoriales, respetando la prelación de solicitudes.

Artículo 5. Definiciones

A los efectos de esta orden, se considera:

1. Persona desempleada: aquella que figure inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia y que, a su vez, carezca de ocupación.

Se considera persona inscrita aquella que figure como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia con anterioridad o en el mismo día de la contratación que se subvenciona.

Se considera persona que carece de ocupación aquella que no esté en situación de alta en el día anterior a la contratación que se subvenciona, según el informe de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, según certificado de la mutualidad del colegio profesional. Si el día anterior a la contratación que se subvenciona coincide con la fecha de baja de la persona trabajadora que se contrata, se considera que no carece de ocupación.

La comprobación de la inscripción en el Servicio Público de Empleo y de la vida laboral la realizará directamente el órgano gestor de las ayudas.

No obstante, no se requerirá la inscripción en el Servicio Público de Empleo de Galicia en el caso de personas que se encuentren en alguno de los casos contemplados en el artículo 4.1.a) del Real decreto ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

2. Persona desempleada de larga duración: aquella que figure inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia y que en la fecha de su contratación por cuenta ajena esté sin trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses durante los dieciocho meses anteriores a su contratación. Este período de doce meses no tiene que ser ininterrumpido.

3. Persona con discapacidad: aquella que tenga reconocida, por la Administración competente, una discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.

Según el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, modificado por la ley 3/2023, de 28 de febrero, de empleo, también se considera que presentan una discapacidad de grado igual o superior al 33 % las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La comprobación de la condición de persona con discapacidad o dependencia la realizará directamente el órgano gestor de las ayudas. En el caso de oposición de la persona interesada o de que la discapacidad o la dependencia fuese reconocida por otra Administración distinta de la propia de la Comunidad Autónoma de Galicia, deberá presentar la documentación acreditativa.

4. Persona en situación o riesgo de exclusión social: a los efectos de esta orden, tienen esta consideración las personas perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia o las personas miembros de su unidad de convivencia y también las personas que tengan el certificado emitido por los servicios sociales acreditativo de dicha situación social, tras la verificación de la ausencia o déficit grave de recursos económicos y la situación de desempleo, así como la concurrencia de alguno de los factores de exclusión social recogidos en el artículo 3 de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.

Se equiparán a las personas perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia las personas perceptoras del ingreso mínimo vital.

5. Persona emigrante retornada: de acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad, tendrán la condición de gallego retornado las personas gallegas y nacidas en Galicia que, residiendo fuera de España, retornen a la Comunidad Autónoma gallega. A los efectos previstos en esa ley, se asimilan a las personas gallegas retornadas los cónyuges o personas con unión análoga a la conyugal y los hijos e hijas de las personas gallegas y nacidas en Galicia con residencia en el extranjero que, residiendo fuera de España, se establezcan en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Los requisitos, con carácter general, para adquirir la condición de persona gallega retornada son los siguientes:

a) Ser persona gallega y nacida en Galicia.

b) Acreditar o tener relación filial, conyugal o análoga a la conyugal.

c) Estar en posesión de la nacionalidad española y estar vinculada a un ayuntamiento gallego en el padrón de residentes en el exterior antes del retorno.

d) Estar empadronado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Para adquirir esta condición de persona emigrante retornada no deben transcurrir más de dos años entre la fecha de su retorno a España y la fecha de presentación de la solicitud.

6. Persona extranjera: aquella que carezca de nacionalidad española y esté en posesión de autorización o permiso de residencia y trabajo en España.

7. Persona trans: persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

8. Persona joven: aquella que tenga menos de 30 años. Tendrá la consideración de persona joven aquella que tenga menos de 30 años, en el momento del inicio de su relación laboral.

9. Ayuntamiento rural: aquel que no cuenta con ninguna zona densamente poblada a nivel de parroquia (ZPD) según la clasificación publicada por el Instituto Gallego de Estadística (https://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl). A estos efectos, se consideran ayuntamientos rurales todos los ayuntamientos gallegos excepto los siguientes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra y Vigo.

10. Ocupaciones con subrepresentación femenina en la contratación: tomando como referencia las personas contratadas por género en el período 2019-2023 en los grupos ocupacionales según la Clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11) aprobada en el Real decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, se tienen en cuenta los grupos ocupacionales que en 2023 reflejan una diferencia porcentual de por lo menos 20 puntos entre los valores de contratación masculina y femenina, y según el cual se elabora la lista de ocupaciones con subrepresentación femenina por ocupaciones que figura como anexo II.

Artículo 6. Personas y entidades beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque carezcan de personalidad jurídica, que contraten a personas trabajadoras por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden. También pueden ser entidades beneficiarias de los incentivos los centros especiales de empleo, excepto para hacer contratos con personas con discapacidad, y las empresas de inserción laboral, excepto para hacer contratos con personas en situación o riesgo de exclusión social.

En el caso de sociedades civiles, comunidades de bienes y uniones temporales de empresas, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención que se va a aplicar para cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, correspondan a la agrupación. En el supuesto de uniones temporales de empresas, cada empresa que forme parte de esta unión deberá reunir los requisitos exigidos para acceder a las ayudas.

Las empresas que tengan cincuenta o más personas trabajadoras deberán cumplir la cuota de reserva para personas con discapacidad, conforme se da ocupación, por lo menos, al 2 % de trabajadores y trabajadoras con discapacidad sobre el total de las personas trabajadoras o, en su defecto, las medidas de carácter excepcional establecidas en el artículo 42 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y reguladas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE núm. 94, de 20 de abril). Para el cómputo del número de personas trabajadoras de la empresa se tendrán en cuenta las reglas previstas en la disposición adicional primera de dicho real decreto.

2. No podrán ser entidades beneficiarias de estas ayudas las administraciones públicas, las sociedades públicas, y las entidades vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas.

3. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones establecidas en esta orden las personas o entidades en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia:

a) Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Solicitar la declaración de concurso, ser declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o ser inhabilitadas conforme a la Ley concursal, sin que concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Dar lugar, por causa de la que fuesen declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato suscrito con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o aquellos que ejerzan la representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente.

e) No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma en los términos reglamentariamente establecidos.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos reglamentariamente establecidos.

h) Ser sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, o la Ley general tributaria.

i) No podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los puntos 5 y 6 del artículo 4 de la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, ni las asociaciones respecto de las cuales se suspendió el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley orgánica 1/2002, mientras no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

k) No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden las personas empleadoras o empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 31 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley 3/2004.

Esta circunstancia se acreditará en el momento de la solicitud mediante declaración responsable de la persona solicitante, sin perjuicio de que las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor registrado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las personas solicitantes que estén excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, conforme a lo establecido en el artículo 46 y 46.bis del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

5. En caso de que la entidad solicitante sea una institución sin ánimo de lucro, la justificación de no estar incursas en la prohibición contenida en el apartado 3.e) anterior podrá ser sustituida por una declaración responsable a la que se refiere el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 7. Incompatibilidades y concurrencia

1. Las ayudas establecidas en esta orden serán compatibles con cualquier otra ayuda para distinta finalidad de la Unión Europea, de otras administraciones públicas o entes públicos o privados, sin que, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras puedan superar el coste de la actividad subvencionada, los límites establecidos por la Unión Europea y los que establece el artículo 17.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. Respecto de las ayudas de la línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena señaladas en el artículo 1 se establece el siguiente régimen de incompatibilidades:

a) Son compatibles entre sí cada una de las líneas de ayudas siempre que la persona trabajadora por la que se solicitan los incentivos no sea la misma, con la excepción de las ayudas del apartado d) de «adaptación de puestos de trabajo» para el caso de personas con discapacidad, supuesto en el que será compatible con las demás ayudas indicadas en dicho artículo 1 para la misma persona.

b) Son incompatibles con cualquier otra ayuda que, por la contratación de las mismas personas trabajadoras, pueda otorgar cualquier Administración pública como medida de fomento de empleo. No obstante, serán compatibles, en su caso, con los incentivos en forma de bonificaciones a la Seguridad Social.

c) Los beneficios establecidos a la contratación no podrán, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 80 % del coste salarial de dos anualidades correspondiente al contrato que se subvenciona, en el caso de las contrataciones indefinidas.

d) Los incentivos establecidos para cada uno de los diferentes colectivos previstos en el artículo 24.1.a) son incompatibles entre sí. Para el caso de que una misma contratación pudiera dar lugar a su inclusión en más de uno de los supuestos para los que están previstas estas ayudas, le corresponde elegir una única opción a la persona solicitante en el anexo de solicitud.

Artículo 8. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través del formulario normalizado (anexo I) disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Deberán cumplimentarse, necesariamente, todos los campos del formulario establecidos como obligatorios y serán únicamente válidas las solicitudes que se presenten en el modelo establecido.

Las solicitudes deberán presentarse ante el departamento territorial donde tenga el centro de trabajo la persona contratada. En caso de que en una única solicitud se soliciten contratos con cuentas de cotización en distintas provincias de la Comunidad Autónoma, la solicitud podrá presentarse ante el departamento territorial que elija la persona o entidad solicitante, siempre que alguna de las cuentas de cotización corresponda a la provincia de dicho departamento territorial.

2. De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas o entidades interesadas presenta su solicitud presencialmente, se requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que sea realizada la enmienda.

3. Para la presentación electrónica podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta orden comenzará el día 31 de enero de 2025 y finalizará el 30 de septiembre de 2025.

5. La presentación de las solicitudes supone la aceptación de las obligaciones reguladas en esta orden para ser beneficiarias de la ayuda, así como la aceptación de la subvención, de ser persona o entidad beneficiaria de ella.

Artículo 9. Documentación complementaria

1. Las personas o entidades interesadas deberán aportar con la solicitud (anexo I) la siguiente documentación:

a) Cuando se actúe mediante representación, acreditación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fehaciente, solo en el caso de que no esté inscrito en el Registro General de Apoderamientos de Galicia.

b) En caso de solicitar la ayuda por el colectivo de persona con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión social, documentación acreditativa de la exclusión social, de la incapacidad o discapacidad reconocida fuera de Galicia, en su caso, de la persona trabajadora contratada.

c) En caso de solicitar la ayuda por el colectivo de persona emigrante retornada, documentos justificativos del nacimiento en Galicia de la persona trabajadora contratada y, además, en el supuesto de alegar alguna relación de parentesco con la persona nacida en Galicia, documentación que acredite el vínculo con esta.

d) En caso de solicitar la ayuda por el colectivo de persona emigrante retornada, certificado de persona emigrante retornada, expedido por las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, baja consular o cualquier otra documentación que acredite fehacientemente la residencia en el exterior y la fecha de retorno a España.

e) En caso de solicitar el incremento por persona trans, documentación que justifique haber obtenido ante el Registro Civil la rectificación de la mención relativa al sexo o bien el cambio de nombre para la asignación de uno diferente al del sexo registrado al nacer.

f) En caso de solicitar la ayuda para la adaptación de puestos, la memoria explicativa según lo dispuesto en el apartado d) del artículo 23.2, y conforme al modelo publicado en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

g) En caso de solicitar la ayuda para los incrementos de la duración anual de los contratos fijos discontinuos, declaración responsable en la que conste la fecha en la que se produce el incremento.

h) En caso de que las personas trabajadoras se hubiesen opuesto a la comprobación de los datos, documentos acreditativos de las condiciones necesarias para que el contrato sea subvencionable.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario aportar los documentos que ya hubiesen sido presentados anteriormente por la persona o entidad interesada ante cualquier Administración. En este caso, la persona o entidad interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán recabados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona o entidad interesada.

De forma excepcional, si no se hubiesen podido obtener los citados documentos, podrá solicitarse nuevamente a la persona o entidad interesada su aportación.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Si alguna de las personas o entidades interesadas presenta la documentación complementaria presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en que sea realizada la enmienda.

Las personas o entidades interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias presentadas por la persona o entidad interesada, para lo cual podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se deberá indicar el código del procedimiento (TR342C) y el órgano responsable, el número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

Artículo 10. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento el órgano gestor de la ayuda consultará automáticamente los datos incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elaborados por las administraciones públicas, excepto que la persona o entidad interesada se oponga a su consulta:

a) DNI o NIE de la persona solicitante o representante.

b) NIF de la entidad solicitante.

c) NIF de la entidad representante.

d) Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

e) Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria de Galicia.

f) Certificado de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

g) Consulta de código cuenta de cotización.

h) Consulta de las concesiones por la regla de minimis.

i) Consulta de las concesiones de subvenciones y ayudas.

j) Consulta de la inhabilitación para obtener subvenciones.

k) DNI o NIE de la persona trabajadora contratada.

l) Informe de períodos de inscripción en el Servicio Público de Empleo de Galicia de la persona trabajadora contratada.

m) Informe de la vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social de la persona trabajadora contratada.

n) Contrato laboral de la persona trabajadora por la que se solicita la subvención.

Se consultarán además los siguientes datos cuando la persona interesada haga constar en la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento correspondiente:

a) Certificado de discapacidad reconocida por la Xunta de Galicia de la persona trabajadora contratada.

b) Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación padronal de la persona trabajadora contratada.

2. En caso de que las personas o entidades interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla habilitada en el formulario correspondiente y aportar los documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso de la persona o entidad interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en el supuesto de que alguna circunstancia imposibilite la obtención de los citados datos se podrá solicitar a las personas o entidades interesadas la presentación de los documentos correspondientes.

4. La persona solicitante firmará en la declaración responsable que forma parte de la solicitud que dispone de los documentos firmados por la persona o personas contratadas, en el que autorizan o se oponen a la comprobación de sus datos, conforme al modelo del anexo III. Dicho documento podrá ser requerido por la Administración pública en cualquier momento.

Asimismo, en el caso de que alguna persona contratada por la que se solicita subvención se oponga a la comprobación de datos, lo hará constar en dicha declaración responsable y, consecuentemente, presentará los documentos que los acrediten.

Artículo 11. Enmienda de las solicitudes

La sede electrónica remitirá las solicitudes recibidas a la unidad administrativa encargada de la instrucción del expediente para que compruebe si la solicitud o documentación presentada reúne los requisitos exigidos en esta orden y, en el supuesto de que se observe algún defecto o sea incompleta la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, requerirá a la persona interesada para que la enmiende en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa la resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Artículo 12. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas o entidades interesadas deban realizar tras la presentación de la solicitud, deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona o entidad interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Artículo 13. Competencia para instruir y resolver

1. La competencia para conocer y resolver las solicitudes de ayudas y subvenciones previstas en esta orden corresponderá, por delegación de la persona titular de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración, a la persona titular del departamento territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración competente por razón del territorio.

2. El órgano competente para la instrucción de los expedientes será el Servicio de Empleo, Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Economía Social del departamento territorial de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración competente por razón del territorio, por las contrataciones que se realicen para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la respectiva provincia, y que instruirán los procedimientos de acuerdo con los criterios establecidos para dichos programas.

3. En el caso de que en un departamento territorial se presenten solicitudes con varios trabajadores dados de alta en cuentas de cotización de distintas provincias, serán competentes para instruir y resolver la solicitud en su totalidad los órganos del departamento territorial donde fue presentada la solicitud, siempre que alguna de las cuentas de cotización de la solicitud corresponda a dicha provincia.

Artículo 14. Procedimiento de concesión, instrucción y tramitación

1. El procedimiento de concesión de las solicitudes presentadas al amparo de esta orden es de concurrencia no competitiva y, por lo tanto, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, dado que por el objeto y finalidad de la subvención no resulta necesario realizar la comparación y prelación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento.

2. Se entenderá que la empresa desiste de su solicitud cuando la persona trabajadora por la que se solicita subvención cause baja en la empresa solicitante en fecha anterior a la resolución de la concesión de la ayuda, salvo que la causa de la baja del contrato sea la finalización de la duración del mismo. La empresa solicitante está obligada a comunicar esta situación al órgano ante el que solicitó la ayuda.

3. En aplicación de los principios de eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos establecidos en la Ley de subvenciones de Galicia, y siendo una convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva, la orden de prelación para la resolución de las solicitudes vendrá determinada por la fecha en la que se haya presentado la documentación completa requerida en estas bases reguladoras.

Artículo 15. Resolución y recursos

1. La resolución de otorgamiento de la subvención comprenderá la identificación de la persona o entidad beneficiaria y la cuantía de la subvención. La resolución de concesión se emitirá atendiendo a las manifestaciones contenidas en las declaraciones responsables recogidas en el formulario de solicitud, suscritas por la persona que las realiza, bajo su responsabilidad y con las repercusiones que tiene su falsedad reguladas en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

En la resolución de concesión se informará a las personas beneficiarias de que estas ayudas se someten al Reglamento (UE) nº 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, y a los reglamentos (UE) nº 717/2014, de 27 de junio de 2014 (sector pesca y acuicultura), y nº 1408/2013, de 18 de diciembre (sector agrícola).

2. Dado que los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria de esta ayuda se deben cumplir con anterioridad a la presentación de la solicitud y que las obligaciones asumidas por la persona o entidad beneficiaria se recogen en la presente orden en los artículos 20 y 26, no es necesaria la aceptación expresa o tácita de la resolución regulada en el artículo 21.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y se entiende aceptada con la presentación de la solicitud.

3. En el caso de que una solicitud de ayudas comprenda varias contrataciones y no exista crédito suficiente para atenderlas a todas, se podrá estimar parcialmente la solicitud y conceder la ayuda para aquellas contrataciones en las que exista crédito teniendo en cuenta el orden de prelación de las personas trabajadoras indicada en el anexo I. Asimismo, en caso de que el remanente de crédito existente en un proyecto sea inferior al importe que correspondería conceder según las cuantías establecidas en el artículo 24, se podrá conceder la ayuda por el importe del remanente existente, previa aceptación por la persona o entidad solicitante.

De producirse pérdidas del derecho al cobro en otras solicitudes o de llevarse a cabo las ampliaciones o redistribuciones de créditos a que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 4, se podrán atender en su totalidad las solicitudes concedidas según lo expuesto en el apartado anterior, por orden de prelación.

4. El plazo para resolver y notificar es de tres meses, que se computarán desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se dictase resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

5. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento agotan la vía administrativa y contra ellas cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano competente de la jurisdicción contencioso-administrativa y podrá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. Todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 16. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por medios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

2. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electrónica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y las entidades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general y las entidades del sector público autonómico de Galicia podrá de oficio crear la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesadas de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

4. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Si el envío de la notificación electrónica no es posible por problemas técnicos se practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones, así como la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras administraciones u otros entes públicos o privados, estatales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión según el principio de proporcionalidad a que se refiere el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 18. Forma de pago

1. El cumplimiento de los requisitos se acreditará en la solicitud mediante la declaración responsable de la persona beneficiaria, emitida bajo su responsabilidad y sin perjuicio de la comprobación de su cumplimiento con posterioridad a la resolución de concesión; en función de esa declaración responsable se resolverá la concesión de la ayuda y se procederá a su pago, una vez comprobado el cumplimiento por la persona o entidad de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de no tener pendientes de pago deudas con la Administración de la Comunidad Autónoma, en el número de cuenta, con inclusión del IBAN, indicado en la solicitud.

2. El pago de la ayuda será único en el momento de la concesión de la ayuda.

Artículo 19. Devolución voluntaria de la subvención

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, las personas o entidades beneficiarias podrán realizar, sin el requerimiento previo de la Administración, la devolución total o parcial de la subvención concedida, mediante su ingreso en la cuenta de Abanca ES82 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria de la subvención.

En todo caso, la entidad beneficiaria deberá presentar ante el órgano concedente copia justificativa de la devolución voluntaria realizada, en la que conste la fecha del ingreso, su importe y el número del expediente y denominación de la subvención concedida.

Artículo 20. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la referida Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previstas en su artículo 3.1 a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por parte de aquella de las obligaciones previstas en el título I de la citada ley.

Artículo 21. Ayudas concedidas bajo las condiciones del régimen de minimis

Estas ayudas se ampararán, según el sector al que pertenezcan las personas empleadoras y empresas beneficiarias y el ámbito de su actividad, en el Reglamento (UE) nº 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE 15.12.2023, serie L), en el Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE 24.12.2013, L352/9), y en el Reglamento (UE) nº 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE 28.6.2014, L190/45).

La aplicación del régimen de minimis implica que no se podrán superar los siguientes límites máximos.

a) La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada, en virtud de la aplicación del artículo 3.2 del Reglamento (UE) nº 2023/2831, no puede ser superior a 300.000 € durante el período de los tres años previos.

b) La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada, en virtud de la aplicación del artículo 3.2 del Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, no puede ser superior a 50.000 € durante el período de los tres años previos.

c) La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada, en virtud de la aplicación del artículo 3.2 del Reglamento (UE) nº 717/2014, no puede ser superior a 40.000 € durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

Estos límites máximos se aplican a todo el conjunto de ayudas recibidas en concepto de minimis por la empresa, independientemente de la forma en que se otorguen o del objetivo perseguido.

Para el cómputo de los límites de este régimen de ayudas se tendrá en cuenta el concepto de «única empresa» establecida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 2023/2831.

Artículo 22. Seguimiento y control

1. Sin perjuicio de las facultades que tienen atribuidas otros órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración llevará a cabo funciones de control, así como de evaluación y seguimiento de los programas.

2. Los departamentos territoriales de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración y la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales podrán comprobar, en todo momento, la aplicación de las subvenciones concedidas para los fines programados. A estos efectos, la persona beneficiaria deberá cumplir las obligaciones de comprobación que se establezcan en esta orden y en la resolución de concesión.

3. Para realizar estas funciones se podrán utilizar cuantos medios, tanto propios como ajenos, estén a disposición de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta orden y demás normas vigentes que resulten de aplicación.

Artículo 23. Acciones subvencionables

1. Para que las contrataciones, los incrementos de jornada, o los incrementos en la duración anual de los contratos fijos discontinuos sean subvencionables, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se realice con una persona que se encuadre en alguno de los colectivos señalados en el artículo 24.1.a).

b) Que las contrataciones se realicen dentro del período subvencionable, que comprende desde el 1 de octubre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2025, ambas fechas incluidas. En caso de incremento de jornada o de incremento en la duración anual del contrato fijo, dicho incremento deberá realizarse igualmente en el período subvencionable, de 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025, ambas fechas incluidas.

c) Que las contrataciones tengan lugar con anterioridad o en el mismo día de la solicitud de ayudas.

d) En el caso de ayudas para la adaptación de puestos de trabajo, que el gasto esté realizado en la fecha de presentación de la solicitud.

2. Modalidades y requisitos aplicables a cada tipo de ayudas:

a) Incentivos a la contratación indefinida inicial de personas desempleadas.

Los contratos subvencionables deberán ser de duración indefinida y la jornada a tiempo completo. Se excluyen los contratos fijos discontinuos.

Se excepcionan de la jornada a tiempo completo las contrataciones de personas desempleadas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, que podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial; la jornada a tiempo parcial será como mínimo del 50 %.

Para ser subvencionable la contratación deberá realizarse con una persona desempleada, entendiendo como desempleada la definición del artículo 5.1 de esta orden.

Las contrataciones deberán estar comunicadas a través de la aplicación contrat@ en el plazo de 10 días hábiles desde su inicio.

b) Incrementos de jornada de las contrataciones indefinidas, de tiempo parcial a tiempo completo.

Los incrementos de jornada, de las contrataciones indefinidas iniciales a tiempo parcial realizadas con cualquiera de los colectivos señalados en el artículo 24.1.a), serán subvencionables cuando alcancen el 100 % de la jornada ordinaria de la establecida en el convenio colectivo de aplicación y deben producirse en el período subvencionable y con anterioridad o en la misma fecha de la solicitud de la ayuda.

c) Incremento de la duración anual de los contratos fijos discontinuos a un mínimo de 9 meses y a jornada completa. El incremento deberá ser de, por lo menos, el 50 % sobre la duración inicial del contrato que se incrementa y debe producirse en el período subvencionable y con anterioridad o en la misma fecha de la solicitud de la ayuda. Los contratos realizados con personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social podrán ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

d) Adaptación de los puestos de trabajo o por la dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales a la persona trabajadora con discapacidad contratada, o por eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad cuyo contrato se subvenciona al amparo de esta orden. La necesidad de la adaptación o de los medios especiales de protección personal deberá contar con una memoria de la empresa en la que se acredite la necesidad de la adaptación o dotación de equipos antes citada, así como los gastos realizados, conforme al modelo que consta en la sede electrónica de la Xunta.

Artículo 24. Cuantía de los incentivos

1. Las ayudas definidas en el artículo anterior tendrán los siguientes incentivos:

a) Las contrataciones indefinidas iniciales de personas desempleadas se incentivarán con distintas cuantías base, según el colectivo al que pertenezca la persona contratada, conforme a las definiciones establecidas en el artículo 5 de esta orden:

A. Persona joven: 6.000 €.

B. Mujer: 6.000 €.

C. Persona parada de larga duración: 6.000 €.

D. Persona de 52 años o más: 6.000 €.

E. Persona emigrante retornada o persona extranjera: 6.000 €.

F. Mujeres en ocupaciones masculinizadas: 10.000 €.

G. Persona con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión social: 10.000 €. En este supuesto, si el contrato es a tiempo parcial, la cuantía del incentivo será proporcional al tiempo efectivo de trabajo en función de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, de la jornada ordinaria máxima legal.

Las cuantías indicadas anteriormente se incrementarán en un 15 % en los siguientes casos, que son acumulables entre sí:

I. En el supuesto de que el centro de trabajo (o domicilio fiscal, en el caso de carecer de este) esté situado en un ayuntamiento rural.

II. Si la persona contratada es mayor de 45 años (incremento no aplicable en la letra D del apartado anterior).

III. Personas trans.

La cuantía máxima posible a subvencionar por cada persona contratada con carácter indefinido es de 14.500 €.

b) Incremento de jornada de las contrataciones indefinidas iniciales (de jornada parcial a jornada completa): incentivo de 2.000 €. Si el incremento de jornada se realiza en personas con discapacidad, el incentivo será de 3.000 €.

c) Incremento de la duración anual de los contratos fijos discontinuos a un mínimo de 9 meses y a jornada completa: incentivo de 4.000 €.

d) Adaptación de los puestos de trabajo o por la dotación de equipamientos de protección personal: ayuda de 1.000 €.

Artículo 25. Exclusiones

Se excluyen de los beneficios regulados en esta línea de incentivos a la contratación por cuenta ajena:

a) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, o en otras disposiciones legales, así como las contrataciones de trabajadores o trabajadoras para prestar servicios en otras empresas mediante contratos de puesta a disposición.

b) Los contratos de trabajo realizados con el cónyuge, los ascendentes, los descendentes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de la empresaria o empresario o de las personas que tengan cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. No será aplicable esta exclusión cuando la persona empleadora sea una persona trabajadora autónoma que contrate como persona trabajadora por cuenta ajena a los hijos e hijas menores de 30 años, tanto si conviven o no con él o cuando se trate de una persona trabajadora autónoma sin personas asalariadas, y contrate a un solo familiar menor de 45 años que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.

c) Los contratos de trabajo realizados con las personas socias o administradoras de la entidad solicitante de la ayuda.

d) Las contrataciones indefinidas iniciales que se realicen con personas trabajadoras que en los 6 meses anteriores a la fecha de la contratación prestasen servicios en la misma empresa o grupo de empresas mediante un contrato de carácter indefinido, o en los últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal. Lo dispuesto en este párrafo será también de aplicación en los casos de sucesión de empresas previsto en el artículo 44 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

e) Las contrataciones que se realicen con personas trabajadoras por las que la misma empresa o grupo de empresas hubiera obtenido ayudas al amparo de este procedimiento: TR342C. Lo dispuesto en este párrafo será también de aplicación en los casos de sucesión de empresas previsto en el artículo 44 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Artículo 26. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias

1. Son obligaciones de las beneficiarias de estas ayudas:

a) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, así como no tener pendiente de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y realizar la propuesta de pago de la subvención.

b) Comunicarle al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos por las beneficiarias y, en su caso, la obtención concurrente de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

c) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

d) Adoptar las medidas adecuadas de difusión para dar publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dando publicidad a la ayuda concedida en la página de inicio de la web de la empresa o en otro sitio visible accesible desde la página de inicio, y colocar y mantener durante un mínimo de 12 meses, un cartel, en color y formato A3, en un lugar visible del espacio de trabajo según el modelo que consta en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en los casos previstos en esta orden.

f) Notificar la totalidad de las ayudas obtenidas, dentro del régimen de minimis en el que se encuadra esta orden, debiendo señalar además cuales de estas fueron obtenidas para la misma finalidad.

g) Facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las subvenciones.

h) Mantener en su poder el anexo III de comprobación de datos de terceras personas. Estos documentos podrán ser requeridos por la Administración pública en cualquier momento.

Asimismo, deberá informar a las personas cuyos contratos laborales se subvencionan al amparo de esta orden de los siguientes aspectos:

- De la comunicación de los datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de las competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento administrativo.

- De la posibilidad de que la Administración realice las consultas precisas para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.

- Del derecho de oposición que les asiste a que la Administración trate sus datos, supuesto en el que deberá comunicar su oposición a la Administración a los efectos oportunos.

i) Aquellas otras obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en los casos establecidos en este artículo y en el artículo 27.

En caso de incumplimiento de la obligación indicada en el apartado 1.d) de este artículo procederá el 2 % de reintegro de la ayuda total percibida al amparo de esta convocatoria.

3. Mantener en su plantilla a la persona trabajadora objeto de subvención durante un período mínimo de 36 meses contados desde la fecha de realización de la contratación, del incremento de jornada, de la duración anual del contrato fijo discontinuo o de la adaptación de puestos.

En el supuesto de extinción de la relación laboral por baja voluntaria, jubilación o fallecimiento de alguna persona trabajadora por la que se concedió la subvención, o en el caso de excedencias, la entidad beneficiaria está obligada a cubrir la vacante con una nueva contratación por la que se pueda conceder una subvención por importe igual o superior al de la persona que cause baja. Para cumplir esta obligación la empresa tiene de plazo hasta el último día del mes siguiente al de la baja. Esta nueva contratación deberá ser comunicada al órgano que concedió la ayuda y no dará lugar, en ningún caso, a una nueva subvención.

En el supuesto de que, durante el período subvencionable, se produzca una suspensión del contrato de trabajo por un período máximo de 6 meses, esta dará lugar a la suspensión del cómputo del período de mantenimiento del empleo previsto, retomándolo desde la fecha de restitución de la jornada completa hasta completar el período de 36 meses.

En el supuesto de que la suspensión se produzca por un período superior a 6 meses, será de aplicación el supuesto de reintegro parcial establecido en el artículo 27.1.a).

En caso de incentivos por incremento de la jornada de las contrataciones indefinidas de tiempo parcial a tiempo completo, de producirse una reducción de la jornada previamente incrementada a tiempo completo del trabajador por el que se concedió la ayuda, se podría admitir como sustitución, además, de una nueva contratación indefinida, el incremento de la jornada a tiempo completo de otro trabajador que estuviese a tiempo parcial en la misma empresa.

En caso de que se produzcan sustituciones, la persona beneficiaria deberá presentar los documentos firmados por la persona o personas contratadas, en el que autorizan o se oponen a la comprobación de sus datos, conforme al modelo del anexo III. En caso de que se opongan a la consulta deberá comunicarlo y presentar la correspondiente documentación.

Solo se permitirá una única substitución por persona trabajadora contratada.

4. Las personas o entidades beneficiarias de la subvención por la adaptación de puestos de trabajo deberán mantener el destino de los bienes subvencionados por el mismo tiempo que estén obligados a mantener el puesto de trabajo a cuya adaptación aquellos bienes sirven, que no será inferior al período mínimo del bien subvencionado.

5. Enviar en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución de concesión, el cartel indicado en el apartado 1.d) de este artículo.

6. Las personas o entidades solicitantes de estas ayudas podrán solicitar las ayudas de los Bonos Talento empresa para el desarrollo de proyectos formativos de corta duración, con código de procedimiento TR302D, que se convocarán para el ejercicio 2025.

Artículo 27. Incumplimiento de obligaciones y reintegro

1. Procederá el reintegro de las ayudas cuando la entidad beneficiaria incumpla la obligación establecida en el artículo 26.3 de esta orden. Por cada contratación subvencionada y no sustituida conforme a lo establecido en dicho artículo procederá el reintegro de la ayuda concedida por la persona trabajadora de que se trate.

En este supuesto hay que diferenciar entre el reintegro total, cuando no se lleve a cabo la sustitución de la persona trabajadora que causó baja, excepto en el caso de baja voluntaria, jubilación o fallecimiento de la persona trabajadora, y el reintegro parcial, que procederá en los siguientes casos:

a) Cuando se produzca la baja voluntaria, jubilación o fallecimiento de la persona trabajadora contratada y no se efectúe la sustitución o sí se efectuó la sustitución, pero esta no fue hecha en el plazo anteriormente indicado, la cuantía que se reintegrará será la correspondiente a los meses en que el puesto estuviera vacante.

El cálculo de la cuantía a reintegrar parcialmente se hará de la siguiente manera:

i. Se divide entre 36 meses el importe de la subvención concedida.

ii. Se calcula el número de meses que el puesto estuvo vacante. Se computará a estos efectos el plazo que se concede para proceder a la sustitución. Asimismo, el mes en que se lleve a cabo la sustitución se considera como mes de incumplimiento, sea cual sea el día de dicho mes en que aquella se realice.

iii. Se multiplica el importe obtenido en la primera operación (i) por el número de meses en que el puesto de trabajo estuviera vacante.

b) Cuando se efectuó la sustitución, pero esta fue hecha con una nueva persona trabajadora perteneciente a alguno de los colectivos recogidos en este programa por el que se pueda conceder una subvención por importe inferior al de la persona que causó baja, procederá el reintegro parcial de la ayuda concedida por la diferencia entre la cantidad percibida y la cantidad que correspondería a la nueva contratación, y el cálculo de la cuantía que se va a reintegrar se hará de la siguiente manera:

Si la sustitución tiene lugar en el plazo establecido en las bases reguladoras, se descontará al importe concedido por la persona que extinguió la relación laboral, la cuantía correspondiente al incremento o incrementos acumulable del 15 % sobre la cuantía base que no cumple la persona sustituida.

Cuando no se sustituya en el plazo establecido, corresponderá también el reintegro parcial por los meses en que el puesto estuviera vacante, realizándose el calculo que se indica en el apartado a) de este artículo.

Disposición adicional primera. Delegación de competencias

Se aprueba la delegación de competencias de la persona titular de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración en los directores y directoras territoriales, en el ámbito de sus respectivas provincias, para resolver la concesión o denegación de las ayudas y subvenciones previstas en esta orden, así como para autorizar, disponer, reconocer la obligación y proponer los correspondientes pagos, y para resolver los procedimientos de reintegro de las subvenciones indebidamente percibidas por las personas o entidades beneficiarias, respecto de las resoluciones de concesión de que derivan, dictadas por delegación de la persona titular de la consellería.

Se aprueba la delegación de competencias de la persona titular de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración en la persona titular de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales para la tramitación y resolución de los expedientes de redistribución de los créditos necesarios para la financiación de esta orden.

Disposición adicional segunda. Comunicación a la Base de datos nacional de subvenciones

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá la información necesaria a la Base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

Disposición adicional tercera. Comunicación de hechos constitutivos de fraude

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operación financiados en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento de la Xunta de Galicia, a través del canal de denuncias de la Xunta de Galicia, de comunicación de información en materia de integridad institucional, disponible en el siguiente enlace: https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias

Disposición final primera. Facultad de desarrollo

Se faculta la persona titular de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales para que dicte, en el ámbito de sus competencias, las resoluciones, instrucciones y aclaraciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2024

José González Vázquez
Conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración

ANEXO II

Ocupaciones con subrepresentación femenina en la contratación

Para elaborar esta relación se toman como referencia las personas contratadas por género en el período 2019-2023 en los grupos ocupacionales según la Clasificación nacional de ocupaciones (CNO-11) publicada en el Real decreto 1591/2010, de 26 de noviembre.