Junta y colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz firman el convenio para asesoramiento jurídico a afectados por ocupación ilegal de viviendas

La Junta de Extremadura y los colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz han firmado este lunes un convenio de colaboración para orientación y asistencia profesional a particulares afectados por la ocupación ilegal de inmuebles destinados a vivienda. Para ello, habrá un turno especializado de abogados en ejercicio por parte de los Colegios de Cáceres y Badajoz, que prestarán asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata a quienes soliciten la prestación del servicio, encaminándolos adecuadamente a la solución efectiva del conflicto, según ha explicado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, tras la firma del convenio. La atención se realizará presencialmente o a través de un teléfono que prestará servicio en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Las consultas telefónicas serán atendidas directamente por el letrado designado para cada día, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El Colegio de Abogados de Badajoz ha habilitado tres teléfonos: 924590705, 924 590706 y 924 590707. Las personas interesadas en contactar con el Colegio de Abogacía de Cáceres debe llamar al 672159026. Además, se ha dispuesto una dirección específica de correo electrónico en cada Colegio para consultas en línea disponible las 24 horas del día. En el caso del Colegio de Cáceres esa dirección de correo electrónico es serviciosocupacion@icac.es; y en el caso del de Badajoz: serviciosocupacion@icab.es. Para el supuesto en que las circunstancias lo aconsejen, el convenio también contempla que podrá concertarse, tras la correspondiente consulta en línea o telefónica, una atención presencial que será convenientemente informada al Letrado Coordinador que se designe. Para la puesta en marcha de esta medida, el Gobierno extremeño aporta 50.000 euros este año, 25.000 euros a cada Colegio de Abogados. El convenio tiene una duración de un año y podrá prorrogarse anualmente, hasta un máximo de dos años. "Esta medida es un compromiso del Gobierno presidido por María Guardiola para defender los derechos de las familias, y que no se va a poner de perfil ante un problema que, solo el pasado año, afectó a más de un centenar de ciudadanos extremeños", ha recalcado el consejero, que ha indicado que el derecho de propiedad es el más amplio poder reconocido por el ordenamiento jurídico a favor de una persona sobre un bien de su propiedad, "y la ocupación ilegal provoca inseguridad en la población, además de distorsiones en el mercado de la vivienda". Con este convenio, ha subrayado Martín Castizo, se pretende "ayudar a garantizar el derecho a la propiedad privada, reconocido por el ordenamiento jurídico español, así como reforzar la seguridad jurídica y generar certidumbre en la ciudadanía". Muchos propietarios, ha explicado, dejan de alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas, algo que reduce la oferta, sube los precios y dificulta el alquiler a las personas más vulnerables. Por todo ello, el consejero ha agradecido la predisposición de los colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres que desde hace seis meses han venido trabajando en este convenio, representados en la firma por el decano pacense, Ildefonso Seller Rodríguez; y por el vicedecano cacereño, Luis Bohoyo García. Seller Rodríguez ha explicado que la puesta en marcha de este convenio se producirá en un plazo de 30 días en el Servicio de Justicia Gratuita, señalando que "este servicio está concebido para poder informar a los propietarios afectados por esta cuestión". Por su parte, el vicedecano del Colegio de la Abogacía de Cáceres, Luis Bohoyo, ha reiterado el agradecimiento a la Administración para afrontar posibles soluciones y ha subrayado que este convenio no ha olvidado la parte humana y social de esta problemática. "Los colegios de abogados, principalmente a través del Servicio de Justicia Gratuita siempre hemos prestado nuestro servicio a la sociedad" ha explicado, señalando que "nosotros no podemos atajar o tratar la otra cara, que es la humana o social que corresponde a la Administración, pero que son dos caras que deben ir cogidas de la mano". ALGUNOS DATOS Los últimos datos del Ministerio del Interior señalan que en el año 2024 se registraron en Extremadura 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes, 104 hechos denunciados por personas que se han sentido víctimas o perjudicadas, y la detención de 24 personas. Además, la Junta de Extremadura trabaja también para erradicar este problema en las viviendas de promoción pública. Así, el pasado año se desocuparon 92 viviendas que se encontraban ocupadas ilegalmente. En tan solo 5 de ellas fue necesario llevar a cabo lanzamientos, mientras que 87 de ellas fueron recuperadas gracias a las negociaciones de las trabajadoras sociales de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. El consejero ha estado acompañado en la firma firma y presentación del convenio por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua.