La Junta de Castilla y León lamenta la falta de receptividad del Estado para consensuar mayoritariamente el Orden del Día de la Conferencia de Presidentes
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha aceptado la propuesta de 13 comunidades autónomas sobre los temas a tratar, que son los de mayor trascendencia para los ciudadanos de España y de Castilla y León.
28 de mayo de 2025
Castilla y León | Consejería de la Presidencia
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asistido hoy a la reunión del Comité Preparatorio que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Política Territorial. El objetivo de este encuentro era el de preparar un Orden del Día definitivo y consensuado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 6 de junio en Barcelona.
El Reglamento que regula la Conferencia de Presidentes establece, en su Artículo 5.2.c), que cualquier punto propuesto por la mayoría de comunidades autónomas debe entrar, de forma automática, a formar parte del Orden del Día. Pese a ello, en la reunión de hoy, el ministro ha decidido incumplir este Reglamento y no ha incluido la propuesta conjunta y mayoritaria de 13 de las 19 comunidades y ciudades autónomas.
En concreto, los puntos que ha propuesto la Junta de Castilla y León han sido los siguientes:
- El debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y el rechazo a la mutualización de la deuda de las comunidades autónomas anunciada por la ministra de Hacienda.
- La respuesta a las sucesivas crisis de las infraestructuras estratégicas de competencia estatal: ferroviarias, de transportes y de telecomunicaciones.
- La inseguridad generada en torno al modelo energético actual tras la crisis del apagón.
- La reafirmación del control de las fronteras nacionales y de la inmigración como competencias exclusivas del Gobierno de España.
- Y la búsqueda de soluciones por parte del Ministerio de Sanidad ante la carencia de médicos y enfermeros, en especial en ciertas especialidades.
Al margen de estos cinco temas, el Gobierno de España propuso, de forma previa y por escrito, la inclusión de dos puntos en el Orden del Día: la educación y la vivienda. La Junta de Castilla y León, al igual que el resto de los gobiernos autonómicos, aceptó estas propuestas y las amplió en el siguiente sentido:
- La implicación del Gobierno de España en la financiación de la educación gratuita de 0 a 3 años, por estar financiada actualmente al 100 % por la Junta de Castilla y León.
- Y la aprobación de medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.
En la reunión de hoy, vistas las peticiones efectuadas por las comunidades autónomas, el Estado ha respondido con otra nueva propuesta que también resultaba insuficiente, pues dejaba fuera el análisis de las infraestructuras críticas ferroviarias (supresión de una decena de paradas de trenes: 6 en Segovia, 2 en Medina del Campo y 2 en Puebla de Sanabria), de transportes (supresión de casi 400 paradas de autobús en líneas regulares) y de telecomunicaciones (en torno a un 20 % del territorio de la Comunidad con nula o deficiente cobertura de Internet), tan importantes para Castilla y León. También dejaba fuera el debate con el objetivo de avanzar en un nuevo modelo de financiación autonómica, la insuficiencia de profesionales sanitarios y el control de fronteras e inmigración.
En consecuencia, y tras la correspondiente votación y oposición mayoritaria de las comunidades autónomas, en este momento no existe Orden del Día para la Conferencia de Presidentes convocada para el 6 de junio en Barcelona por la negativa del Gobierno de España a escuchar la voz mayoritaria de las autonomías y a cumplir la norma que regula este órgano, el de máximo nivel para el diálogo y la cooperación entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha exigido al Gobierno de España que reconsidere su negativa en los próximos días: "El presidente del Gobierno tiene la obligación legal y ética de escuchar qué tienen que decir los presidentes autonómicos, que mayoritariamente quieren encontrar soluciones a los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, problemas comunes a todo el territorio español y que, en el caso de Castilla y León, afectan de forma especial a su población".
