Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 256/90, de 13 de diciembre, por el que se delega el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León.
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En qué consiste
Explicación de la propuesta:
Mediante Decreto 256/90, de 13 de diciembre, se delegó el ejercicio de determinadas funciones de titularidad de la Comunidad Autónoma en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, incluyéndose, entre otras la siguiente: "La iniciación de oficio, ordenación, instrucción y aprobación de los expedientes de constitución de Agrupaciones de municipios para sostenimiento de plazas únicas de Cuerpos Nacionales y la aprobación de sus estatutos".
En ese Decreto de 1990 únicamente se pudo delegar a las Diputaciones Provinciales las funciones autonómicas referidas a la constitución de tales agrupaciones pues el entonces vigente Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, únicamente atribuía a las Comunidades Autónomas competencia para acordar la agrupación de municipios.
La normativa vigente reguladora del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo) atribuye a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias, acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Secretaría, Intervención y tesorería.
Los principios de subsidiariedad, eficacia y eficiencia determinan la necesidad de que una mima administración ejerza las funciones tanto para la constitución como la disolución de estas agrupaciones de municipios. En este sentido, teniendo delegadas las Diputaciones Provinciales el ejercicio de las funciones para la constitución de estas agrupaciones de municipios es coherente que se complete, con la delegación del ejercicio de las funciones para su disolución aprovechando, además, los recursos de los que dispone para el ejercicio de estas funciones, ya que estos dos "movimientos", uno, de disolución de una agrupación previa y, otro posterior, de constitución en una nueva, suelen formar parte de la gestión de estos expedientes.
Este Decreto tiene como objetivo:
Completar las funciones delegadas a las Diputaciones Provinciales de Castilla y León para agilizar la gestión de los procedimientos de agrupación de municipios para el sostenimiento de los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, incorporando al ejercicio de las funciones para la constitución de esas agrupaciones que ya tienen delegadas, las funciones de disolución.
