Consulta Pública Previa sobre el Proyecto de Decreto de Contratación Pública de Castilla-La Mancha

La norma que se propone, se fundamenta en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, como norma básica estatal.

En el ámbito autonómico, la reorganización administrativa en materia de contratación pública se llevó a cabo mediante la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, cuyo desarrollo se materializó en el Decreto 74/2018, de 23 de octubre de regulación de la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades y del sistema de contratación centralizada.

Esta nueva norma trata de corregir la ausencia de desarrollo de las competencias que en materia de contratación corresponden a esta Comunidad autónoma, limitando su capacidad para adaptar el régimen contractual a las particularidades organizativas, económicas y sociales del ámbito autonómico y para ejercer una gobernanza eficaz en esta materia.

Asimismo, la dispersión de medidas relativas a la contratación estratégica a través de diversas normas regionales reguladoras de ámbitos distintos al contractual, y la inseguridad jurídica que ello genera. La centralización de todas estas medidas en una norma específica, como es este decreto, permite su mejor conocimiento y aplicación por parte de nuestros órganos de contratación, impulsando la transformación social, económica, medioambiental y la innovación en Castilla-La Mancha, con la introducción de cláusulas de este tipo en nuestros contratos.

Por otro lado, el actual diseño del sistema de contratación centralizada presenta limitaciones para atender de manera eficaz y coordinada las necesidades comunes de los distintos órganos de contratación autonómicos, lo que compromete la eficiencia, homogeneidad y racionalización del gasto público en los procesos de adquisición.

Finalmente, la carencia de un propio tribunal de recursos contractuales, al encomendarse su resolución al TACRC, priva a nuestra comunidad autónoma de la necesaria especialización en el ámbito contractual, al no aprovechar nuestros propios recursos, materiales y humanos, perdiendo experiencia y conocimiento en esta materia. Asimismo, la creación de un órgano de resolución propio implica el acercamiento de esta institución a los órganos de contratación y a las licitadoras castellano-manchegas, reforzando la transparencia, la seguridad jurídica y, sobre todo, la confianza de la ciudadanía en la buena administración y gestión de los procedimientos de contratación.

El Decreto pretende unificar y agrupar todos los aspectos relativos a la contratación pública de la región en un único texto legal que simplifique su aplicación a operadores y gestores, y facilite la participación de las PYMEs en la contratación pública regional.

Con la aprobación del Decreto se prevé la creación de un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en Castilla-La Mancha, que conlleve una resolución más ágil y cercana a los órganos de contratación y a las licitadoras de la región, así como la mejora en la eficiencia del sistema de contratación pública en el ámbito autonómico.

• Situar a la región de Castilla-La Mancha a la vanguardia de una contratación pública moderna, eficiente, transparente y comprometida con el interés general.
• Reforzar el papel de la contratación estratégica como instrumento para impulsar un desarrollo regional más justo, inclusivo y resiliente.
• Hacer de la contratación regional una contratación responsable y de calidad, introduciendo medidas orientadas a la contratación pública verde y socialmente responsable, la reserva de contratos.
• Acercar la contratación a la ciudadanía, introduciendo medidas de simplificación en los procedimientos de contratación, y facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en nuestros contratos.
• Optimizar los procesos administrativos, reducir los tiempos de tramitación y garantizar un mayor control y trazabilidad de las actuaciones, mediante la implantación de la contratación electrónica en todas las fases y en todos los trámites del proceso, la creación de nuestra propia plataforma de contratación y la utilización de un moderno gestor de expedientes de contratación.
• Regular la profesionalización de los empleados del sector público que realicen o participen en alguna tarea relacionada con la contratación pública.
• Crear el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla-La Mancha, con competencia para la resolución de los recursos en su ámbito territorial de aplicación.

El Decreto se postula como el instrumento jurídico idóneo para dotar a la legislación autonómica de una norma complementaria de la legislación básica estatal, que regule las particularidades materiales y organizativas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia contractual, no existiendo otras soluciones alternativas, regulatorias o no regulatorias.