Gobierno y sindicatos acuerdan los criterios que regirán los procesos selectivos de la oferta empleo público de la Administración General
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Se mantiene el sistema de concurso -oposición, pero se dará un mayor peso al examen para "primar el esfuerzo" y agilizar los procesos
Santander- 15.07.2024
El Gobierno de Cantabria y los sindicatos UGT, CCOO, SIEP, CSIF y SUC han alcanzado un acuerdo sobre los criterios que regirán los procesos selectivos de las ofertas de empleo público (OEP) de 2023 y 2024 en la Administración General, formada por 770 plazas, 563 de ellas de turno libre.
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y los representantes sindicales han rubricado hoy el acuerdo, que mantendrá el sistema de concurso-oposición de anteriores ofertas para las plazas de turno libre, si bien se dará más peso a la fase de oposición -al examen-, tras haber concluido los procesos de estabilización y reducir de forma importante la tasa de interinidad.
En concreto, para los nuevos procesos de concurso-oposición, se establece una valoración en la fase de concurso del 25 por ciento del total y en la fase de oposición del 75 por ciento. Los criterios de valoración de méritos (25 por ciento) serán distribuidos un 18 por ciento en la valoración de los servicios prestados en el mismo cuerpo o escala, categoría o especialidad al convocado en cualquier administración pública, con un cómputo máximo de 60 meses completos, y el 7 por ciento restante, por la superación de la fase de oposición en anteriores procesos sin haber conseguido plaza dentro del mismo cuerpo o categoría.
En palabras de la consejera de Presidencia, se trata de "buen acuerdo", que "cumple con las expectativas de ambas partes", "pone en valor el empleo público", "prima el esfuerzo, la constancia y la experiencia" y "servirá para seleccionar a los mejores candidatos en beneficio de la Administración y la sociedad de Cantabria". Urrutia ha apuntado que, si bien no ha sido suscrito por todas las organizaciones sindicales, tampoco cuenta con la oposición de ninguna de ellas.
Y es que, tras concluir todo el proceso negociador en la mesa sectorial y el comité de empresa, Isabel Urrutia ha destacado que el Gobierno ha cedido en su planteamiento inicial de convocar las plazas sin fase de concurso, con el fin de rejuvenecer la plantilla pública y en la línea mostrada por otras comunidades autónomas y la Administración del Estado. "Nuestra premisa fundamental es introducir criterios objetivos, que nos permitan una valoración de méritos rápida, introducir la simplificación y no retrasar la ejecución de la OEP", ha explicado la consejera.
Por ello, ha incidido en que existen tres razones para "defender" el acuerdo, una vez que han finalizado los grandes procesos de estabilización de empleo público en la Administración General, ya no hay temporalidad de larga duración y es necesario renovar las plantillas.
En segundo lugar, ha señalado que es necesario organizar procesos selectivos más agiles en su ejecución: "no puede ser que tardemos más de un año desde la convocatoria hasta el ingreso", y, por último, ha defendido dar un trato de igualdad de oportunidad a los ciudadanos y primar el esfuerzo.
"Una excesiva ponderación de la fase de concurso afecta al principio de igualdad en el acceso del empleo público y desincentiva a nuevos opositores jóvenes (...). Hay que abrir el abanico, todos tiene derecho a entrar en la carrera pública", ha subrayado la consejera de Presidencia en su intervención en el Gobierno, donde ha abogado, además, por retener el talento y, al mismo tiempo, valorar el esfuerzo y la experiencia del personal interino, tal y como se va a conseguir con este acuerdo.
Según ha añadido, el acuerdo alcanzado determina también que será el porcentaje de temporalidad estructural, la evolución de la edad media de la plantilla y el porcentaje de incorporación de jóvenes los criterios que determinen la elección del sistema de selección de futuras convocatorias, a partir de 2025.
Por último, Urrutia ha agradecido el trabajo de los empleados públicos y responsables de la Dirección General de Función Pública, así como la disposición de los sindicatos firmantes del acuerdo. Han demostrado, ha señalado, que con entendimiento, diálogo y negociación "se consigue más y mejor para el interés general y en defensa del servicio público".
