Pablo Rodríguez destaca el consenso institucional para sacar adelante el decreto ley de agilización de licencias
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Para su elaboración, se han mantenido encuentros con la Federación Canaria de Municipios y con agentes del sector para obtener un documento que permita dar respuesta a la emergencia habitacional, reduciendo los tiempos de tramitación
La nueva norma también ha sido avalada por el Consejo Consultivo, concluyendo que el Decreto ley 3/2025 se ajusta a la legalidad, respeta la Constitución y es garante con la autonomía local
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha comparecido este lunes, 12 de mayo, en la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias para presentar el contenido y los objetivos del Decreto Ley 3/2025, de 21 de abril, que busca agilizar la concesión de licencias urbanísticas y activar la construcción de viviendas en las islas. Para su elaboración, los dos departamentos del Ejecutivo han trabajado conjuntamente con las administraciones locales, insulares y con agentes del sector para sacarlo adelante.
Durante la comisión, en la que también ha estado presente el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que Canarias atraviesa una emergencia habitacional que requiere respuestas urgentes. "El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestras familias, y la respuesta pública no puede seguir esperando", ha asegurado. En este sentido, ha defendido que la nueva norma permite dar una respuesta directa a esa emergencia, atajando uno de los principales bloqueos actuales: los retrasos administrativos en la concesión de licencias, que encarecen los precios, frenan la inversión y dificultan la ejecución de políticas públicas de vivienda.
El consejero ha destacado que el nuevo decreto ha obtenido el respaldo de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Consejo Consultivo, cuyo dictamen ha concluido que el Decreto Ley 3/2025 está desarrollado conforme a la legalidad, respetando la Constitución y la autonomía local, reconociendo, también, que complementa al aprobado el pasado año, el 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda.
También ha señalado que la Federación Canaria de Municipios ha apoyado desde el inicio esta iniciativa, participando activamente en su redacción e incorporando muchas de sus propuestas.
Rodríguez ha puesto en valor que el decreto favorece la colaboración público-privada, permitiendo que entidades urbanísticas y colegios profesionales participen en la emisión de informes técnicos. Esto aliviará a las administraciones locales con menos recursos técnicos y permitirá agilizar los procedimientos sin renunciar al control público ni a la seguridad jurídica. Además, ha recalcado que la norma no impone obligaciones a los ayuntamientos, sino que les ofrece herramientas que podrán adoptar de forma voluntaria.
En relación con el impulso a la construcción, la norma refuerza el marco legal para ejecutar nuevas promociones, rehabilitar edificaciones inacabadas y movilizar suelo con criterios de equilibrio. Entre las medidas más destacadas se encuentra el desarrollo normativo de la figura de la vivienda asequible incentivada, una nueva tipología de alquiler regulado para familias con ingresos medios, que se sitúa entre la vivienda protegida y la libre. En esta línea, Rodríguez ha recordado que Canarias será la primera comunidad autónoma en desarrollar esta figura, que ya preveía la legislación estatal, y que establece condiciones claras de uso, renta máxima, superficie y duración del contrato.
El decreto también facilita el cambio de uso del suelo terciario a residencial, siempre que se garantice que el 40% sea destinado a vivienda protegida y el 60%a vivienda asequible incentivada; habilita la ejecución anticipada de suelos reservados a vivienda protegida y regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, permitiendo aplicar medidas de contención previstas en la ley estatal.
Finalmente, la norma modifica la Ley de Vivienda de Canarias para eliminar el sorteo como método general de adjudicación de viviendas protegidas, priorizando criterios de justicia social, equidad y necesidad.
"Este Decreto Ley no resuelve todos los problemas, pero sí pone sobre la mesa soluciones concretas, eficaces y adaptadas a la realidad de Canarias", ha concluido Pablo Rodríguez, subrayando que se trata de una herramienta clave para reforzar las capacidades de las administraciones locales en la lucha por garantizar el derecho a la vivienda.
