Abierta consulta pública sobre la regulación del facilitador judicial para personas con discapacidad intelectual
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Nieves Lady Barreto: "Canarias tendrá una norma que garantice la participación de estas personas ante la justicia en condiciones de igualdad efectiva"
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha abierto hoy el periodo de consulta pública previa a la aprobación de una norma que regule la figura de los facilitadores, como personal experto que prestan apoyo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las sedes judiciales de la comunidad autónoma.
"Nuestro objetivo es garantizar la participación de las personas con discapacidad en las actuaciones procesales en condiciones de igualdad efectiva y para ello vamos a poner en marcha en Canarias un marco normativo que regule la figura del facilitador judicial, con la intención de ponerlo en marcha esta legislatura", señaló la consejera.
El facilitador judicial es la persona que con los conocimientos y las capacidades precisas va a trabajar para auxiliar a la persona con discapacidad ante el sistema de justicia, asegurando que se produce una comunicación, comprensión e interacción eficaz con el entorno durante los procedimientos judiciales. Es, por lo tanto, un medio al servicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
La norma debe determinar, entre otros aspectos jurídicos, los requisitos de formación y/o experiencia para el adecuado desempeño de la función que desarrolla en los órganos jurisdiccionales, partiendo de que el facilitador no debe hablar en nombre de las personas con discapacidad, ni tampoco del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de decisiones, ya que su papel debe consistir en asistir, ayudar y colaborar para que estas personas cuenten con las atención y adaptaciones precisas para el adecuado ejercicio de sus derechos.
En este periodo de consulta pública se recabará la opinión de la ciudadanía, de las organizaciones más representativas sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias.
El periodo de consulta pública estará abierto hasta el 27 de septiembre y se puede consultar en el siguiente enlace:
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