Bienestar Social cierra una residencia privada de mayores por atentar contra la seguridad de sus usuarios
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La orden de cierre se produce ante las graves irregularidades e insuficiencias que atentan contra la seguridad de las personas usuarias detectadas tanto por Fiscalía como por el Servicio de Inspección de Centros de la Viceconsejería de Bienestar Social
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó en septiembre de 2023 una sentencia que confirma la medida de cierre
La Viceconsejería ha mantenido contacto con las familias afectadas e incluso les ha propuesto alternativas residenciales para sus familiares residentes
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social, se ha personado en el día de hoy con el objetivo de ejecutar el cierre definitivo de la residencia de personas mayores Monte Blanco, ubicada en Tafira Alta, en cumplimiento de la resolución de cese de actividad dictada en fecha 19 de abril de 2023, confirmada por vía judicial en septiembre de 2023, y en vía administrativa, con orden de cierre definitivo, en mayo de 2024.
Para ejecutar el cierre con todas las medidas de seguridad, la Viceconsejería de Bienestar Social ha contado con la presencia de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, de acuerdo al convenio de colaboración establecido para la realización de apoyo en tareas de inspección sobre los centros y servicios sobre los que la Viceconsejería de Bienestar Social tiene competencias.
El expediente de procedimiento de cierre de la residencia Monte Blanco se produce tras la ejecución de diversas actuaciones por parte del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Bienestar Social, en las que se pone de manifiesto que la instalación no cumple con las exigencias mínimas contempladas en la legislación de servicios sociales de Canarias. Entre las múltiples deficiencias detectadas se destacan las relativas al incumplimiento de las condiciones de seguridad del establecimiento, en virtud de lo cual se ha ordenado el cese definitivo de la actividad.
El expediente se inició junio de 2017, cuando el servicio de inspección llevó a cabo la visita al centro y detectó un conjunto de deficiencias que durante todo este tiempo no han sido atendidas por los gestores de la instalación, entre ellas, no contar con itinerario accesible que comunique con la vía pública, insuficiente ancho de pasillos y de puertas y condiciones de accesibilidad aseos, a lo que hay que sumar que el inmueble no reúne condiciones mínimas de habitabilidad.
De esta forma, la instalación no tenía los aseos necesarios -contaba solo con dos para los 16 usuarios que tenía entonces, es decir, incumplía la ratio mínima de un aseo cada cuatro usuarios-, no tenía estancias básicas preceptivas de residencias para mayores dependientes y no disponía del personal debidamente cualificado para la atención de las personas usuarias ni de recursos como sala polivalente, sala de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciado por sexo.
Además, se dejaba constancia en esta visita de que la instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad, de tratarse de una vivienda.
Ante ello, se requiere a los responsables de la entidad que subsanen las deficiencias detectadas sin que hasta la fecha lo hayan realizado, con lo cual, se inicia el expediente de cierre por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería que, tras una nueva visita realizada a la instalación en 2022, levanta nueva acta en la que se recogían los numerosos incumplimientos detectados, entre otros, que carecía de los facultativos para prestar servicios obligatorios como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga o/y trabajadora social, pese a que la mayor parte de los usuarios necesitan ayuda para el desarrollo de las acciones cotidianas y que gran parte presenta dependencia severa.
Se constata, asimismo, que el inmueble no reúne las condiciones de seguridad exigibles a este tipo de establecimientos y que carece de sistema de detección de incendios, los baños no cuentan con pulsadores de llamada de emergencia y la vivienda no está adaptada para personas con movilidad reducida, que es una exigencia requerida a los hogares funcionales.
En visto de todo lo cual, con fecha 19 de abril de 2023, se dictó la orden de cierre ante las múltiples deficiencias existentes especialmente las relativas a las condiciones de seguridad del establecimiento. Contra esta medida el interesado presentó un contencioso administrativo, sin que esto supusiera la paralización de la medida.
Con fecha 5 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta una sentencia en la que se confirma la adecuación de la medida cautelar de cierre en respuesta al interés y salud de las personas residentes.
Durante el proceso de cierre, el propietario optó por cambiar la denominación de la instalación pasando a denominarla asociación Social Josephine, de carácter privado y sin plazas conveniadas con ninguna administración pública. Sin embargo, en enero de 2024, la Fiscalía Provincial de Las Palmas llevó a cabo una visita a la residencia en cuya acta se concluye, entre otras consideraciones, que en la documentación de la presumiblemente asociación titular Social Josephine tan solo consta "la única modificación del cambio de la designación de Monteblanco por Josephine, lo que evidencia la sucesión de esta última en la actividad prestada por Monteblanco, por lo tanto, se trata de una continuidad de la Residencia Monte Blanco. Además, el acta de Fiscalía constata que "no ha habido variación al respecto es estos últimos años, ni siquiera en lo relativo al desarrollo de tareas o trabajos de mantenimiento y/o adecentamiento, como pintura o sustitución de mobiliario".
Por todo lo cual, en aplicación de la normativa vigente y velando por la protección de las personas usuarias de esta instalación, con fecha 13 de noviembre de 2023, la Consejería de Bienestar Social dictó una orden en la que se confirma la medida de cierre definitivo además de imponer una multa de 232.000 euros al propietario de la instalación.
Comunicación con las familias de las personas residentes
Desde la Viceconsejería, a través del servicio de inspección de centros, se ha mantenido a las familias de las personas usuarias informadas del procedimiento realizado en todo momento, ya que se han remitido comunicaciones con fechas 22 de junio de 2023, 11 de marzo de 2024 y 7 mayo de 2024, en las que se les indica que el establecimiento debe cerrar al no reunir las condiciones de seguridad exigidas por la ley y se insta a la reubicación cuanto antes de sus familias residentes.
Además, se contactó de forma telefónica con las familias afectadas para ofrecerles alternativas en residencias privadas legales, con costes similares a los que pagaban en Monte Blanco.
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