El Gobierno inicia la revisión de las 2.987 alegaciones al anteproyecto de Ley del Uso Turístico de Vivendas
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La consejera de Turismo y Empleo ha mostrado su satisfacción por la respuesta ciudadana en esta fase de la tramitación de la futura norma
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, avanzó este viernes que su departamento comenzará a analizar las 2.987 alegaciones recibidas una vez finalizado el trámite de audiencia y el periodo de información pública del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, con el fin de estudiar su contenido e incorporar aquellas ideas que contribuyan a enriquecer el documento.
De León resaltó que "el gran número de aportaciones presentadas muestra el interés que está generando la normativa y estamos muy contentos con la respuesta ciudadana", tal y como se demostró también en la fase de consulta pública previa, desarrollada entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre de 2023, donde se recibieron un total de 5.083 aportaciones.
La responsable autonómica señaló que "aunque faltan por contabilizar las que se han presentado por registro y a las que se ha dado trámite de audiencia, en un primer análisis de estas alegaciones se evidencia que hay un respaldo generalizado a que es necesario regular fenómenos como el del alquiler vacacional".
Entre las observaciones planteadas destacan las referidas a los porcentajes de reserva del suelo destinado al uso residencial, considerando que el diez por ciento que plantea el anteproyecto es insuficiente.
Por otro lado, la consejera aludió a otras alegaciones "que generan preocupación", como la referida a la posibilidad de destinar viviendas de protección oficial al uso turístico, algo que va en contra de su propia naturaleza.
En paralelo a la información pública y al trámite de audiencia, se han mantenido reuniones con los ochenta y ocho ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM); con los cabildos insulares y, de manera significativa, con las islas verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como con los colegios profesionales.
A partir de este momento, se iniciará el proceso de clasificación y sistematización para dar una respuesta adecuada a las alegaciones recibidas.
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