El Gobierno refuerza la Dirección General de Función Pública con una Unidad Administrativa Temporal
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Esta nueva sección tendrá una vigencia inicial de tres años y un coste de personal autorizado para su implementación de 4.154.811 euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el refuerzo de los distintos servicios de la Dirección General de Función Pública con la creación de la Unidad Administrativa Temporal que tiene como fin favorecer la normalización de los procesos, vinculado a las medidas de eficacia y de eficiencia que se implementen para la transformación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Unidad Administrativa Temporal tendrá una vigencia inicial de tres años, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2028, que puede prorrogarse si fuera preciso para culminar los objetivos o acuerde la extinción anticipada de la misma si los fines para los que fue constituida estuviesen cumplidos.
El coste de personal autorizado para su implementación asciende a la cantidad de 4.154.811 euros, distribuido en cuatro periodos. En 2025, del 1 de junio al 31 de diciembre, tendrá un coste de 759.844 euros. Tanto en 2026 como en 2027 el coste ascenderá a 1.384.937 euros, mientras que para 2028, del 1 de enero al 31 de mayo, se estima un gasto de 652.092 euros.
Los puestos de trabajo de la Unidad Administrativa Temporal tendrán naturaleza coyuntural, no siendo incorporados de forma permanente en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de su incorporación en el Sistema de Información de Recursos Humanos correspondiente. Estos podrán ser provistos de forma temporal por cualquiera de los sistemas de provisión de tal naturaleza, incluida la reasignación temporal de efectivos y la adscripción provisional, así como mediante los sistemas de provisión definitiva de libre designación o por concurso.
A través de esta Unidad se refuerza el centro directivo con perfiles profesionales informáticos que impulsen una amplia lista de necesidades de desarrollo informático para una respuesta más ágil, eficaz y eficiente de los procesos de gestión reduciendo las tareas mecánicas, así como perfiles profesionales del Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General y el del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, a fin de poder impulsar los procesos de ordenación de los recursos humanos y de asesoramiento y gestión jurídica de las competencias.
Incremento de la actividad
La Dirección General de Función Pública ha tenido que ejecutar la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2018, la del año 2019, así como convocar los procesos selectivos derivados de la Oferta del año 2020 y 2021 a fin de evitar su caducidad, lo que supone un total de 189 convocatorias y en las que está implicada la adjudicación definitiva de más de 3.000 plazas. Esto ha supuesto una intensa y sobredimensionada actividad para la Dirección General, simultaneando en el tiempo más de 200 procesos selectivos y estando a su vez pendiente, en la actualidad, la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2022 y de los años siguientes.
En particular, las Ofertas de Empleo Público de los años 2020 y 2021 han supuesto la gestión de más de 21.000 solicitudes para la adjudicación de 900 plazas de personal funcionario de carrera, a lo que se unen más de 3.000 plazas en proceso de estabilización.
Además, también ha dirigido sus esfuerzos en dar respuesta cumplida a las necesidades urgentes y extraordinarias de personal funcionario interino para el conjunto de la Administración General, dado que este centro directivo tiene encomendada la gestión de la totalidad de las listas de empleo de la Administración General para efectuar los llamamientos y nombramientos de todo el personal funcionario interino.
Esta Dirección General tiene también que hacer frente a los cambios organizativos de la Administración, a la aplicación de nueva normativa reguladora del empleo público y a la jurisprudencia que ha ido recayendo en la materia, lo que se traduce en la necesidad de intensificar su labor de planificación y ordenación de los recursos humanos y de desarrollo de los aplicativos informáticos de información de recursos humanos ante una Administración más nutrida de competencias.
Por otro lado, el Gobierno también está impulsado la aprobación, por primera vez, de determinados instrumentos de planificación en materia de empleo público como son el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, los Planes de Igualdad de la Administración y la actualización de los protocolos en materia de acoso laboral y de protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.
