El Gobierno de Canarias aprueba un programa temporal para resolver los expedientes de conciliación laboral
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La Dirección General de Trabajo reforzará con siete letrados y diez auxiliares administrativos el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
En Canarias se incoan 22.000 procedimientos anuales gestionados actualmente por solo tres personas
El Consejo de Gobierno, en su reunión semanal de esta mañana, ha acordado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, poner en funcionamiento un programa cuyo objetivo es aliviar el atasco de los 3.274 expedientes de conciliación laboral de años anteriores que se encuentran a la espera de resolución, además de agilizar la tramitación de los nuevos procedimientos. Una medida necesaria teniendo en cuenta que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) lleva más de una década soportando un colapso por falta de personal debido a traslados y jubilaciones.
En Canarias se incoa una media anual de 22.000 expedientes, aproximadamente, lo que supone ochenta y ocho procedimientos diarios que están siendo gestionados actualmente por solo tres personas.
Con la activación de este plan de choque, que se prolongará durante tres años, se complementará y reforzará la plantilla con nuevo personal interino, en concreto, siete letrados, que se distribuirán de la siguiente forma: tres efectivos en Las Palmas de Gran Canaria y cuatro en Santa Cruz de Tenerife. Además, se incorporará personal administrativo, porque el Semac carece de este perfil de empleado. En total se contratarán diez auxiliares.
El programa, que contará con un presupuesto de 1,9 millones de euros, tiene como finalidad mejorar la calidad de la prestación de los servicios y contribuir al ejercicio de los derechos laborales, garantizando una eficaz respuesta y una adecuada gestión de los expedientes de conciliación laboral en la comunidad autónoma, implementando un sistema que garantice la eficiencia en la resolución de conflictos laborales y dinamizando su tramitación, permitiendo, en definitiva, que las personas trabajadoras y empleadoras vean asegurados sus derechos.
