El Gobierno inicia la tramitación del proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias
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Se toma en consideración el informe de oportunidad, objetivos y principios generales de la iniciativa presentada por la Consejería de Presidencia
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, iniciar la tramitación de la primera Ley del Sistema de Seguridad Pública de Canarias. El objetivo es reorganizar el sistema canario de seguridad y establecer un salto cualitativo competencial para la Policía Autonómica.
En este sentido, la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en particular, su artículo 148, da al Gobierno de Canarias un nuevo marco competencial en el ámbito de la seguridad, que precisa de un desarrollo legal que garantice la eficacia del sistema al integrar todos los agentes implicados en un mismo modelo y marco legal, dando seguridad jurídica y generando un marco normativo estable.
El informe de oportunidad se justifica en la diversidad de normas que regulan el Sistema Canario de Seguridad y la complejidad de su aplicación por las modificaciones y adaptaciones legislativas, fundamentalmente Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias; la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, y por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Además, quince años después de la creación de la Policía Autonómica -Cuerpo General de la Policía Canaria-, el Gobierno está apostando por el crecimiento del cuerpo y su despliegue territorial, con presencia permanente en todas las islas.
La nueva redacción estatutaria comprende la competencia para establecer políticas de seguridad públicas, medidas y acciones diseñadas por el Gobierno de Canarias para la protección de personas y bienes.
Se determina, por tanto, el modelo de seguridad pública para esta Comunidad Autónoma y la integración en dicho modelo de la policía autonómica y las propias policías locales, en una estrategia común y coordinada entre todas ellas, y alineadas con el modelo socioeconómico y geográfico de nuestro archipiélago.
Entre los objetivos de la nueva ley se encuentra determinar los órganos de las administraciones públicas canarias competentes en materia de seguridad pública y de sus órganos de coordinación; disponer el alcance y estructura de la planificación, en sus diferentes niveles, de la seguridad pública; concretar la integración de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la estructura de la seguridad del Estado y resolver la participación, derechos y obligaciones de la ciudadanía en materia de seguridad.
Además, se establecen, en sentido amplio, las funciones de la Policía Autonómica Canaria en materia de seguridad pública; se crea un modelo de seguimiento, inspección y control, en diferentes niveles, para el buen funcionamiento y excelencia de la Policía Canaria, compuesta por la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, y regula un modelo de participación de la Policía Autonómica Canaria y los cuerpos de Policía Local Canaria, en cuanto a competencias comunes y delegación de las competencias específicas de unos cuerpos en otros, determinado los criterios necesarios, su alcance y condiciones.
Por último, se busca establecer un marco común de acceso, promoción, formación, de capacitación y actualización profesional continuado de la Policía Canaria en su conjunto.
