El Gobierno aprueba un decreto ley para racionalizar el Empleo Público de Canarias
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La norma incluye las medidas urgentes y necesarias para reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la agilización de los procesos selectivos
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy miércoles, 31 de julio, un decreto ley que racionaliza el Empleo Público de Canarias, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. Esta norma permite adoptar medidas urgentes y necesarias que den solución a los problemas actuales y agilicen las mejoras en la Función Pública, mientras se tramita la nueva ley de Empleo Público de Canarias en el Parlamento.
El decreto ley plantea soluciones a los problemas actuales en la selección de personal de los nuevos empleados públicos, las listas de empleo, el empleo público temporal y la gestión de los recursos humanos. También se abre a la colaboración con los ayuntamientos para listas de empleo compartidas y para asumir el Gobierno los procesos de selección del personal en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Entre los objetivos generales contemplados en el decreto ley está la optimización de los tiempos de ejecución de los procesos de selección, permitiendo una más rápida provisión de puestos con personal de nuevo ingreso, además de mejorar el contenido de los procesos de selección para las futuras generaciones de empleados públicos.
Asimismo, estimula el capital humano ya existente mediante el fomento de la promoción interna, favoreciendo que accedan a niveles de mayor responsabilidad como parte esencial de su carrera profesional.
Entre otros aspectos, se constituyen y gestionan las listas de empleo para el nombramiento de personal temporal de manera que se garantice en mayor medida el mérito y la capacidad, así como para gestionar de una forma más eficiente y ágil los llamamientos y los nombramientos reduciendo los tiempos que se tarda en cubrir las necesidades urgentes.
El decreto ley adopta medidas que garanticen la reducción de la temporalidad, tanto en el número de veces que se acude a esta medida como el tiempo en que se prolonga, evitando con ello incurrir en abuso de temporalidad.
La norma también contempla medidas concretas de gestión de recursos humanos que permitan una actuación más eficiente y acorde con las necesidades de la administración, superando regulaciones que han quedado obsoletas y son contraproducentes.
