Proyecto de decreto por el que se regula la Oficina de Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias Sanitarias en la CAC y el procedimiento de reclamaciones, solicitudes de información y sugerencias del Sistema Canario de la Salud

La principal función de la Oficina que se pretende regular es la defensa de los derechos y deberes de pacientes y personas usuarias de la sanidad canaria, con el objetivo de conseguir una mejora en la sanidad y de mayor calidad para la población, así como la información suficiente en el Sistema Canario de la Salud.

Se ha constatado un crecimiento importante de la demanda en la actuación de la citada Oficina por parte de la ciudadanía. Este incremento de demanda, unido al hecho de que la configuración y procedimientos actuales fueron adaptados en el año 2001, requiere abordar una necesaria actualización, al objeto de que la Oficina se ajuste a las nuevas necesidades existentes.

Con la simplificación de los procedimientos, adaptándolos a la verdadera naturaleza jurídica de los expedientes que se tramitan, en especial las reclamaciones en el ámbito sanitario, y con una pertinente agilización administrativa, se conseguirá mayor eficacia y eficiencia en la actuación de la Oficina, que derivará en un mejor ejercicio de sus funciones de defensa de derechos de las personas usuarias sanitarias, al dotar de mayor operatividad a la tramitación de las reclamaciones, solicitudes de información y sugerencias presentadas en relación a los centros sanitarios privados, procurando la agilización del sistema, siempre bajo la supervisión de los órganos competentes de la Administración sanitaria en la materia.

Por otro lado, se pretende con esta iniciativa definir mejor el ámbito de las solicitudes de información y de las reclamaciones, evitándose asimismo duplicidades en la calificación de los expedientes, de cara a garantizar los derechos de las personas usuarias sanitarias, lo que permitirá obtener información objetiva a partir de las reclamaciones.

Se hace necesario asimismo dotar de mayor operatividad a la tramitación de las reclamaciones, solicitudes de información y sugerencias presentadas en relación a los centros sanitarios privados, procurando la agilización del sistema, siempre bajo la supervisión de los órganos competentes de la Administración sanitaria en la materia.

Por último, se busca la ampliación de los principios informadores del desarrollo de la actividad de la Oficina y se ha de adaptar la posibilidad de disponibilidad de hojas de reclamaciones por parte de los centros, servicios y establecimientos sanitarios a las posibilidades y realidades tecnológicas del momento, así como a la posibilidad de utilización de sede electrónica a tales efectos.