El Govern interviene 114 botellas de vino en un restaurante de Menorca por presunto fraude en el etiquetado
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El establecimiento comercializaba un vino de la Península que hacía mención a la isla en su etiquetado
El director general Joan Llabrés ha destacado que «ante estas denuncias, actuamos con la máxima celeridad posible para evitar la competencia desleal hacia nuestros productores»
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido, en un restaurante de Menorca, 114 botellas de vino por presunto fraude en el etiquetado. El establecimiento comercializaba un vino embotellado en la Península y en las etiquetas de las botellas se hacía mención a Menorca sin estar amparadas por la Indicación Geográfica Protegida Vino de la tierra Isla de Menorca. Las inspectoras han acudido al establecimiento a raíz de una denuncia del Consell Insular de Menorca y han comprobado que las botellas no llevaban el sello ni el número oficial de control oficial de la IGP.
Por otro lado, durante la inspección también se ha confirmado cómo las etiquetas de las botellas hacían referencia a Denominaciones de Origen de la Península, como DO Rioja y DO Alella, lo que demuestra que se trata de un vino elaborado y embotellado fuera de la isla. En este sentido, el establecimiento encargaba a una bodega de fuera del archipiélago que le embotellase el vino.
El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha recordado que «solo los vinos que se elaboran bajo la IGP Vino de la tierra Isla de Menorca pueden mencionar "Menorca" en su etiquetado». Además, ha explicado que «ante estas denuncias, la Dirección General actúa con la máxima celeridad posible para evitar la competencia desleal hacia nuestros productores, así como el engaño que suponen estas prácticas para todos los consumidores».
El Govern recuerda, una vez más, que los incumplimientos de la normativa vigente pueden suponer sanciones administrativas. En el caso de las infracciones graves, las sanciones van desde los 3.000 euros hasta los 60.000.