CONSELL DE GOVERN: El Govern aprueba el Proyecto de ley de presupuestos generales autonómicos para 2025, que alcanza los 7.469,1 millones de euros
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La cifra representa un aumento de 148,4 millones de euros (+2 %) en comparación con la aprobada para el ejercicio de 2024
El aumento de 77,6 millones de euros en salud, 63,8 millones en educación y 37,1 millones en servicios sociales supone el gasto social más alto de la historia
El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha aprobado hoy el Proyecto de ley de presupuestos generales de las Illes Balears para el año 2025, que se ha establecido en 7.469,1 millones de euros. En los próximos días iniciará la correspondiente tramitación parlamentaria para aprobarse definitivamente. De este modo, concluiría la actual prórroga presupuestaria y se aprobarían los segundos presupuestos de este Govern, lo que contribuiría a la estabilidad justo cuando se cumple el ecuador de la legislatura.
Esta cifra representa un aumento de 148,4 millones (2 %) en comparación con la aprobada para el ejercicio de 2024. El presupuesto no financiero, al que el Parlament dio luz verde el 22 de octubre del año pasado, asciende a los 6.562,88 millones de euros (197,4 millones más, un 3,01 %), y el presupuesto financiero, que servirá para financiar deuda, se sitúa en los 906,3 millones (un descenso de 48,9 millones en comparación con los presupuestos de 2024, una caída del 5,1 %).
El gasto social, el destinado a educación, salud, servicios sociales y vivienda, será el más alto de la historia (4.438,7 millones de euros), de forma que supera en 216,3 millones el de 2024 (+5,1 %). El presupuesto de educación será de 1.416,5 millones de euros, 63,8 millones más que en 2024 (4,7 %). En cuanto al área de salud, tendrá un presupuesto de 2.445,9 millones de euros, 77,6 millones más (3,3 %). El presupuesto para servicios sociales será de 389,6 millones de euros, 37,1 millones más que en el anterior ejercicio (10,5 %), y el destinado a vivienda será de 186,7 millones, lo que supone un aumento de 37,8 millones (25,4 %).
Buena parte de estos incrementos se explica por las medidas que ha implantado el Govern de les Illes Balears para asegurar la captación y fidelización de los trabajadores públicos de estas áreas, y garantizar así la prestación de unos servicios públicos de calidad para los ciudadanos. Entre estas medidas, destacan la reactivación de la carrera profesional en el ámbito sanitario, la contratación de 770 docentes y 74 psicólogos en los centros educativos o la puesta en marcha de pluses de difícil y muy difícil cobertura para cubrir el máximo de plazas en todas las islas.
Además, el Govern de les Illes Balears ha sido capaz de lograr desde el diálogo y el consenso con las organizaciones sindicales un pacto de legislatura para mejorar las condiciones de todos los empleados públicos. Este acuerdo da respuesta a demandas históricas como la homogeneización de la indemnización por residencia para compensar el sobrecoste de la insularidad, a partir del 2026, y permite la recuperación de los derechos económicos y de las cantidades que el anterior gobierno congeló a los empleados públicos desde el año 2020.
Otro incremento sustancial se produce en las inversiones en materia del ciclo del agua, puesto que llega a unos históricos 200 millones de euros.
Por otra parte, el factor de insularidad del régimen especial de las Illes Balears comporta 127,8 millones de euros, que se dividen del siguiente modo: 59,18 millones para la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad; 28,9 millones para la Conselleria de Salud; 14,76 millones para la Conselleria de Educación y Universidades; 8,05 millones para la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación; 7,45 millones para la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural; 5 millones para la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua; 2,8 millones para la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, y 1,69 millones para la Conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas.
Por su parte, la financiación para los consejos insulares, que viene determinada por la Ley 3/2014, se sitúa en 546,7 millones de euros. Si se mira la distribución por islas, Mallorca recibirá 387,2 millones; Menorca, 70,8 millones; Ibiza, 77,4 millones, y Formentera, 11,3 millones. Hay que recordar que, además de estas transferencias, los consejos insulares recibirán más financiación gracias a medidas como, por ejemplo, el inicio de los anticipos de los convenios de carreteras para mejorar la seguridad viaria.
Déficit y deuda pública
El presupuesto no financiero prevé, por segundo ejercicio consecutivo, un escenario para 2025 de déficit cero, es decir, de equilibrio presupuestario. Además, el próximo año se estima reducir la deuda pública en 21,5 millones de euros (8.404,5 millones totales), si se compara con el cierre de 2024 (8.426 millones). Si se mira el volumen de deuda sobre el producto interior bruto de las Illes Balears (PIB), en 2025 se situará en el 17,7 %, un 1,1 % menos que el cierre de 2024. Esta sería la cifra más baja desde 2012, cuando se situó en el 23,5 %.
Reforma fiscal
Hay que recordar que el aumento del gasto no financiero, la previsión de equilibrio presupuestario y la reducción de la deuda —en términos absolutos y relativos— se producen con la reforma fiscal plenamente implantada, tanto en cuanto a las bonificaciones al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a las reducciones del tramo autonómico del IRPF o a las deducciones mejoradas o creadas para incrementar el ahorro y la renta disponible de los ciudadanos.
