CONSELL DE GOVERN: Sanción de 170.136 euros a una promotora por obras ilegales en una zona protegida de Cala Mestella
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El expediente sancionador se resuelve tras el reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa
La finca afectada se encuentra en la punta d'en Bellet, dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre
La entidad Sky and Sand, SL ha pagado una sanción de 170.136,78 euros por haber ejecutado una reforma integral y diversas construcciones sin autorización ni declaración responsable en una finca situada en Cala Mestella, en el término municipal de Santa Eulària des Riu (Eivissa). Los hechos tuvieron lugar dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
La denuncia fue formulada el 31 de octubre de 2023 por el celador de Costas y Litoral y posteriormente validada por los servicios técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral. Las obras ilegales incluían la reforma de una vivienda unifamiliar de 631 m², la construcción de dos porches, la remodelación de la piscina y de la terraza, pavimentaciones exteriores y otras intervenciones en el entorno de la finca.
El importe inicial de la sanción se fijó en 283.561,30 euros, pero la empresa reconoció su responsabilidad y solicitó el pago voluntario del importe reducido, acogiéndose a las reducciones previstas en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015. El pago se formalizó el 20 de enero de 2025 y el importe final quedó establecido en 170.136,78 euros.
Aun así, Sky and Sand, SL mantiene la obligación de restituir las obras ejecutadas y devolver la finca a su estado legal anterior. La empresa dispone de un plazo de seis meses para llevar a cabo la restitución, previa obtención de la correspondiente licencia urbanística municipal. Esta actuación es independiente del pago de la sanción y está prevista en el artículo 95 de la Ley de Costas.
Una vez finalizadas las tareas de reposición, la empresa deberá comunicar formalmente la restitución a la Dirección General de Costas y Litoral, que verificará su cumplimiento.
Este caso ejemplifica la voluntad del Govern de aplicar con firmeza la normativa de protección del litoral y de garantizar que cualquier actuación en zona de servidumbre de protección cuente con las autorizaciones necesarias y respete la legalidad vigente.
