Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2025 por el que se regula el régimen de fiscalización previa limitada de la función interventora, previsto en el artículo 117.2 de la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como el ejercicio de otros mecanismos de control interno previstos en la normativa autonómica

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2025 por el que se regula el régimen de fiscalización previa limitada de la función interventora, previsto en el artículo 117.2 de la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como el ejercicio de otros mecanismos de control interno previstos en la normativa autonómica
Número de edicto 5688 - Páginas 28725-28772

El artículo 117.2 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, determina que el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos y previo informe de la Intervención General, puede limitar la fiscalización previa a comprobar los siguientes requisitos básicos:

a) La existencia de crédito presupuestario adecuado a la naturaleza del gasto, y suficiente, o la imputación contable adecuada en caso de operaciones no presupuestarias.

b) La competencia del órgano que genera el gasto o la obligación.

c) El cumplimiento de las normas aplicables a los expedientes relativos a gastos de carácter plurianual y a gastos estructurales.

d) El cumplimiento de las normas sobre publicidad y concurrencia aplicables a los expedientes de gasto correspondientes.

e) Los demás aspectos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, así se determinen para cada tipo de expediente de gasto, a propuesta de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

El artículo 26 del Decreto 11/2022, de 11 de abril, por el que se regula el régimen de control interno que debe ejercer la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, desarrolla algunos aspectos de este régimen de fiscalización previa limitada, siempre que el Consejo de Gobierno haga un uso efectivo de la facultad que le atribuye el artículo 117.2 de la Ley 14/2014.

El último acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aplicó la previsión del artículo 117.2 de la Ley de finanzas fue aprobado en la sesión del día 20 de junio de 2022 y respondía, entre otras, a las novedades legislativas que afectaban a actuaciones y proyectos financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

El 21 de octubre de 2024 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears formalizó un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se establece un marco general de colaboración en materia de control interno autonómico. A través de este instrumento de colaboración, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha cedido el uso de las aplicaciones y herramientas tecnológicas integrantes de su sistema de control interno (SICON) a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El sistema de control interno es un conjunto de datos, procesos y herramientas tecnológicas que proporcionan información y que interactúan entre ellos para desarrollar las funciones de la Intervención General en todo aquello que tiene que ver con la tarea de fiscalización previa. Las principales soluciones tecnológicas que componen el sistema son las siguientes:

— Servicios de integración: permiten a los diferentes sistemas informáticos de tramitación de expedientes electrónicos que generan gasto público remitir de forma automatizada los datos y, en su caso, los documentos necesarios para ejercer las funciones de control interno.

— Aplicación ICON: sirve como canal electrónico de transmisión de los datos y los documentos de las unidades de gestión a la Intervención General para ejercer el control interno según la normativa aplicable. Esta aplicación se pone a disposición de los centros gestores que no tramitan los expedientes administrativos a través de una aplicación corporativa de gestión electrónica o, mientras no se desarrollen las integraciones necesarias, para remitir la información entre los sistemas tramitadores de expedientes y el sistema de información de control interno.

— Aplicación Módulo de la Intervención para Revisar y Organizar (MIRO): espacio de trabajo de la Intervención para preparar y ejercer las funciones de fiscalización previa.

La firma del citado convenio ha dado lugar a que la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears pueda definir un modelo innovador en materia de control interno aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y la optimización de recursos entre comunidades autónomas, con el fin de fomentar los principios de eficacia, eficiencia y buena gestión dentro de su ámbito competencial.

Así pues, uno de los primeros pasos para conseguir los objetivos que se espera alcanzar con el modelo de control interno es que la fiscalización de los expedientes de gasto se lleve a cabo mediante la comprobación de aspectos. Se pretende que todos y cada uno de los puntos del artículo 117.2 de la Ley 14/2014 se traduzcan en aspectos concretos y determinados que deben comprobarse en los expedientes que sean objeto de fiscalización previa. De este modo, la fiscalización previa limitada de los expedientes supondrá la comprobación de aspectos generales y de aspectos adicionales según el ámbito de actuación, el tipo de expediente y la actuación a revisar.

Asimismo, las soluciones tecnológicas antes mencionadas también serán empleadas para llevar a cabo otras atribuciones de la función interventora, como el informe de la Intervención previo a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones o el informe que se emite en caso de omisión de la fiscalización previa. Así, estas actuaciones también pueden aprovechar las ventajas de las nuevas aplicaciones.

Dado lo expuesto, el 28 de abril de 2025 el interventor general, de acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley 14/2014, ha emitido un informe relativo a la necesidad de dictar un nuevo acuerdo que se adapte a las herramientas y los procedimientos que utilizará la Intervención en el ejercicio de la función interventora.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda e Innovación, en la sesión del día 23 de mayo de 2025 adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente:

Primero. Establecer que los actos sometidos a fiscalización previa se organizan en tres niveles, de mayor general a más específico, denominados:

— Nivel 1 o ámbito, que agrupa los diferentes tipos de actos o negocios jurídicos según la naturaleza o el régimen jurídico aplicable.

— Nivel 2 o tipo de expediente, que califica las diferentes categorías jurídicamente previstas de los diferentes negocios jurídicos.

— Nivel 3 o actuación, en los que se recogen los diferentes trámites que se pueden producir durante la tramitación de aquel tipo de expediente concreto.

La fiscalización previa limitada consistirá en verificar los aspectos que se determinan para cada tipo de actuación en los anexos de este Acuerdo. Los aspectos son cada una de las comprobaciones que la Intervención debe llevar a cabo con carácter previo a emitir el informe para garantizar la legalidad de las actuaciones que se controlan.

Los aspectos previstos en este Acuerdo no suponen establecer trámites diferentes de los recogidos en las normas sustantivas que regulan los diferentes actos o negocios jurídicos sujetos a fiscalización.

Segundo. Ordenar la fiscalización previa limitada de todos los expedientes de gasto mediante la comprobación de los aspectos siguientes:

a) Los aspectos básicos de comprobación general previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado 2 del artículo 117 de la Ley 14/2014, recogidos en el anexo 1 de este Acuerdo.

b) Los aspectos que son comunes para diferentes tipos de expedientes y que se establecen con carácter general para todos, recogidos en el anexo 1 de este Acuerdo.

c) Los otros aspectos que, para cada tipo de actuación y por la trascendencia que tienen en el proceso de gestión, se recogen en el anexo 2 de este Acuerdo.

Tercero. Aprobar los anexos de este Acuerdo sobre los aspectos concretos sometidos a la fiscalización previa limitada de los expedientes de gasto, tanto generales como adicionales. Así, se establecen los aspectos esenciales de la gestión del gasto público que deben comprobarse de manera preceptiva en el ejercicio de la función interventora en la modalidad de fiscalización previa limitada.

Cuarto. Determinar que la normativa vigente prevé los siguientes supuestos en que la Intervención General lleva a cabo las funciones de control interno de la actividad económico-financiera autonómica de manera diferente de la fiscalización previa limitada:

— La Intervención General debe informar previamente sobre los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y las modificaciones correspondientes. Este informe debe versar sobre el cumplimiento de los aspectos de la normativa reguladora de las subvenciones vinculados a la gestión económico-presupuestaria. La emisión de este informe, que no va asociado en ningún caso a una anotación contable, no supone la fiscalización previa limitada del acto administrativo de convocatoria de la ayuda.

— La Intervención General debe informar previamente, antes de someterse a la decisión del Consejo de Gobierno, sobre la ausencia de fiscalización previa en los supuestos en que sea obligatoria, en los términos previstos en el artículo 36 del Decreto 11/2022.

En estos supuestos, la Intervención debe emitir un informe que no tiene en ningún caso carácter de fiscalización.

Quinto. Con el objetivo de facilitar la gestión y la fiscalización de las actuaciones, habilitar a la Intervención General para dictar guías de control interno en materias relevantes o de complejidad técnica o jurídica o de riesgo especial.

Corresponde a la Intervención General adoptar las medidas adecuadas para que estas instrucciones del interventor general sean de conocimiento y de aplicación generales.

Sexto. Fijar que este Acuerdo debe aplicarse a todos los expedientes que se fiscalicen a partir del ejercicio de 2025.

Séptimo. Dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2022 por el que se aplica la previsión del artículo 117.2 de la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización previa limitada.

Octavo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, en la fecha de la firma electrónica (23 de mayo de 2025)

La secretaria del Consejo de Gobierno

Antònia Maria Estarellas Torrens

La presidenta

Margarita Prohens Rigo

ANEXO 1 Aspectos generales

— Existen las anotaciones contables que acreditan la existencia de crédito. En operaciones no presupuestarias, la cuenta a la que se pretende imputar el expediente o el documento es la que corresponde.

—En el caso de expediente de gasto plurianual, consta la documentación acreditativa de que se cumplen las previsiones normativas para este tipo de gasto contenidas en la Ley de finanzas y la normativa de desarrollo. En el caso de que el órgano competente lo haya eximido de aplicar los límites que la ley establece para los compromisos plurianuales, se ha adjuntado el correspondiente certificado del acuerdo adoptado.

—En el caso de tramitación anticipada de gasto, se cumplen los artículos 64, 65 y 71 de la Ley de finanzas. Los actos que suponen la autorización o la disposición del gasto están condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente que autorice la correspondiente Ley de presupuestos generales para el ejercicio presupuestario siguiente y, en su caso, para los ejercicios presupuestarios posteriores.

—En el caso de expediente de gasto estructural o recurrente, se ha adjuntado la documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 69 de la Ley de finanzas, en concreto la autorización del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, en su caso, o el informe valorado del centro gestor, en caso contrario.

—Cuando es necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, consta el certificado de la secretaría de este órgano referente al acuerdo adoptado o, si es de aplicación el artículo 8.1.a) del Texto refundido de la Ley de subvenciones, la propuesta de acuerdo, en cuyo caso la fiscalización favorable está condicionada a la acreditación de la adopción del acuerdo.

— En el caso de expediente de gasto derivado de la ejecución de un proyecto de iniciativa pública que el Consejo de Gobierno ha declarado estratégico, está el certificado del órgano correspondiente en materia de coordinación de inversiones estratégicas o de fondos europeos en el que se acredita la inclusión del expediente en la ejecución de un proyecto declarado estratégico.

— Consta la propuesta de resolución motivada y firmada por quien corresponda y dirigida al órgano competente para resolver o, en su caso, el borrador de resolución.

—Cuando se trata de un proyecto financiado con el Fondo para Favorecer el Turismo Sostenible, consta el certificado de la secretaría de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible que lo acredita, con indicación del importe y las anualidades en que se distribuye la ayuda y, en su caso, el proyecto financiado.

ANEXO 2 Aspectos adicionales

T01 Obras

A00100 Expediente inicial. Aprobación

— Existe la aprobación del proyecto del órgano competente.

—Si procede, el contenido del informe de supervisión de proyectos emitido por la oficina técnica de supervisión o por un técnico competente de la Administración distinta del autor del proyecto es adecuado.

— Existe el acta de replanteo previo, en la que se constata la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto aprobado.

— El órgano de contratación es competente y el PCAP identifica la unidad encargada de hacer el seguimiento y la ejecución del contrato, y el responsable.

—El tipo de contrato se corresponde con su naturaleza jurídica y, si procede, se utiliza el pliego tipo correspondiente.

— El PCAP define el objeto del contrato de manera que permite comprobar que el contratista cumple las obligaciones de forma exacta.

—Se incluye el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, con el desglose previsto en el artículo 100.2 de la LCSP.

—En el caso de contrato mixto, se ha desglosado el presupuesto para cada prestación.

— La duración del contrato, el plazo de ejecución y la admisión o no de prórroga son correctos. En el caso de que se admita la posibilidad de prórroga, las condiciones en que se debe llevar a cabo son adecuadas.

—El PCAP contiene la determinación de los criterios de solvencia, los medios admitidos para acreditarlos, así como los valores mínimos admisibles.

—Si procede, el PCAP (o el documento descriptivo) prevé que la documentación sujeta a juicio de valor debe presentarse en un sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

—El PCAP establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

— El PCAP establece las condiciones especiales de ejecución del contrato mínimas que exige la normativa de aplicación.

— La forma de pago del precio prevista en el PCAP se ajusta a la legislación contractual y de finanzas.

— El PCAP prevé la posibilidad de modificar el contrato, y las condiciones, el alcance y los límites son correctos.

— Los criterios de adjudicación se ajustan a lo previsto en las guías de fiscalización de la Intervención General.

— Se propone como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad y concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 168 de la LCSP.

— Se propone como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo y se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.

—En el caso de reconocer primas o compensaciones a los participantes en un procedimiento de diálogo competitivo, el documento descriptivo fija su cuantía y consta la retención de crédito correspondiente.

—Se propone como procedimiento de adjudicación el procedimiento restringido y constan en el PCAP los criterios objetivos de solvencia de acuerdo con los cuales se elegirán los candidatos invitados a presentar proposiciones.

—Se propone como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado ordinario y se cumplen las condiciones del artículo 159.1 de la LCSP (o del artículo 52 del RDL 36/2020 cuando proceda).

—Se propone como procedimiento de adjudicación el procedimiento abierto simplificado abreviado y se cumplen las condiciones del artículo 159.6 de la LCSP (o del artículo 51 del RDL 36/2020 cuando proceda).

— Consta la retención de crédito, mediante el documento contable RU, prevista en el artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears. Si son gastos plurianuales o de tramitación anticipada, la retención de crédito se ha acreditado mediante un documento RF.

T01 Obras

A00200 Expediente inicial. Adjudicación

— En el caso de que el adjudicatario del borrador de la resolución de adjudicación no coincida con la propuesta formulada por la mesa de contratación, hay una decisión motivada del órgano de contratación.

— En el caso de que se emplee el procedimiento negociado y no se constituya una mesa, constan en el expediente las invitaciones cursadas, las ofertas recibidas, las razones para aceptarlas o rechazarlas y las ventajas obtenidas en la negociación.

— Se ha aprobado la modificación de crédito correspondiente, mediante una transferencia de crédito centralizada, para cumplir lo previsto en el artículo 80 de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears.

T01 Obras

A00400 Modificación del contrato. Aprobación del expediente

— El informe justificativo de la necesidad y la posibilidad de modificar el contrato contiene los siguientes aspectos: razones de interés público que justifican la modificación; vigencia; cálculo del precio del modificado, teniendo en cuenta el coeficiente de baja de adjudicación; indicación de las previsiones del contrato para modificarlo, y ajuste de la modificación propuesta a las previsiones.

— En el caso de modificaciones no previstas, existe un informe técnico justificativo del contenido del artículo 205 de la LCSP.

— En el caso de modificaciones no previstas, no se superan los porcentajes máximos establecidos en el artículo 205 de la LCSP.

— Existe un informe favorable del servicio jurídico correspondiente relativo a la adecuación de la tramitación de la modificación a lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la LCSP, en los términos del artículo 191 de la misma Ley, y contiene la indicación expresa de que se ha dado audiencia al contratista y que éste ha manifestado su conformidad, en el caso de modificación no obligatoria (artículo 206 de la LCSP).

— Existe el informe de supervisión del proyecto modificado o, en su caso, consta un pronunciamiento sobre la no afectación de la estabilidad, la seguridad o la estanquidad de la obra.

— Existe el acta de replanteo previo del proyecto modificado.

— Consta que el órgano competente ha aprobado el proyecto modificado.

T01 Obras

A00600 Revisión de precios. Aprobación del expediente

— El PCAP establece la fórmula de revisión de precios que se aplica.

— El informe del servicio competente se manifiesta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y la concurrencia de las circunstancias pertinentes para aplicar la cláusula de revisión de precios incluida en el PCAP.

— En el informe del servicio competente consta el cálculo del importe de la revisión de precios, que es correcto y conforme a la fórmula prevista en el PCAP.

T01 Obras

A00800 Reajuste de anualidades

— En el informe justificativo se expresan las causas del reajuste de anualidades.

— Se ha dado audiencia al contratista en cuanto al reajuste de anualidades.

T01 Obras

A00900 Certificados de obra

— El director de la obra ha validado el certificado de obra y está pendiente de que el órgano de contratación lo apruebe.

— Los importes de los certificados de obra se corresponden con los derivados de la relación valorada y el resto de documentación que se adjunta.

— En el caso de hacer un anticipo regulado en el artículo 240.2 de la LCSP, esta posibilidad está prevista en el PCAP.

— En el caso de hacer un anticipo regulado en el artículo 240.2 de la LCSP, se ha prestado la garantía exigida.

— En el caso de incluir una revisión de precios para abonarlos, se aplica la fórmula de revisión prevista en el PCAP o, en su caso, se hace de acuerdo con la normativa específica que habilita la revisión de los precios del contrato.

— La factura se adjunta con los requisitos establecidos en las normas vigentes, debidamente registrada y conformada por los servicios destinatarios de la prestación que se ha llevado a cabo.

T01 Obras

A01000 Certificado final

— Consta el certificado final expedido por el director facultativo, pendiente de que el órgano de contratación lo apruebe.

— Los importes del certificado final se corresponden con los derivados de la relación valorada y el resto de documentación que se adjunta.

— Se adjunta el acta de conformidad de la recepción de la obra (o, en el caso del artículo 246.1 de la LCSP, el acta de comprobación y medición), con la asistencia de un representante de la Intervención General, en su caso.

— En el supuesto excepcional de incluir una revisión de precios, existe un informe relativo a la cláusula de revisión del precio del contrato incluida en el PCAP, la forma en que se aplica y se calcula, así como que cumple los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP; además, este informe justifica que esta revisión de precios no se ha incluido en los certificados ordinarios.

— La factura se adjunta con los requisitos establecidos en las normas vigentes, debidamente registrada y conformada por los servicios destinatarios de la prestación que se ha llevado a cabo.

— En el caso de que en el certificado final se prevean excesos de mediciones, en términos globales no representan un incremento del gasto superior al 10 % del precio del contrato inicial, ni la inclusión de nuevos precios afecta a unidades de obra que en conjunto excedan el 3 % del presupuesto primitivo.

— En el caso de que en el certificado final se prevean excesos de mediciones, la dirección facultativa ha elaborado un informe que, en referencia a la relación valorada, identifica las unidades de obra que experimentan variación y las evalúa.

T01 Obras

A01100 Liquidación de las obras. Aprobación

— El período de garantía ha transcurrido.

— Existe el informe final del director facultativo sobre el estado de las obras.

— El director facultativo de las obras ha formulado la propuesta de liquidación del contrato de obras tomando como base de la valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato.

T01 Obras

A01150 Liquidación de las obras. Reconocimiento de la obligación

— La factura se adjunta con los requisitos establecidos en las normas vigentes, debidamente registrada y conformada por los servicios destinatarios de la prestación que se ha llevado a cabo.

T01 Obras

A01200 Aprobación de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro

— Hay un informe jurídico favorable al derecho del contratista a percibir intereses de demora y una indemnización por los costes de cobro.

— Existe un informe técnico sobre el cálculo de los intereses devengados y, especialmente, sobre el hecho de que la fecha de inicio del devengo de los intereses de demora y el tipo de interés aplicado se corresponden con los establecidos en la normativa de aplicación.

T01 Obras

A01300 Aprobación de la indemnización a favor del contratista

— Existe un informe jurídico favorable a aprobar la indemnización a favor del contratista, en el que se analizan los antecedentes, las causas y los fundamentos jurídicos.

— Hay un informe técnico sobre la cuantificación de la indemnización que se debe pagar al contratista.

T01 Obras

A01400 Resolución del contrato

— Los servicios jurídicos informan favorablemente sobre la resolución del contrato y las causas alegadas en el informe técnico correspondiente.

— El informe técnico sobre las causas que dan lugar a la resolución del contrato se ajusta a la legislación vigente y está suficientemente motivado.

— Consta la conformidad del contratista, si procede.

— En el caso de que la resolución comporte el derecho del contratista a percibir una indemnización, si ésta se propone en el mismo expediente, el informe jurídico informa favorablemente sobre el derecho del contratista a cobrarla y se adjunta un informe técnico sobre las causas y la valoración de la indemnización.

T01 Obras

A01650 Modificaciones subjetivas

— En el caso de cesión de contrato, el PCAP prevé esta opción y en la propuesta de adjudicación se menciona el informe técnico acreditativo de que se cumplen los requisitos del artículo 214 de la LCSP.

— En el caso de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad, el informe técnico acredita que el nuevo contratista cumple las condiciones de capacidad, solvencia y ausencia de prohibición de contratar; asimismo, en el caso de subsistir, se aporta el compromiso de la empresa cedente de responsabilizarse solidariamente de la ejecución del contrato.

— En el caso de modificación en la composición de la UTE, el informe técnico acredita que cumple los requisitos establecidos en el artículo 69 de la LCSP.

T02 Proyectos y obras

A01700 Aprobación del expediente

— Se aporta la justificación sobre la necesidad de emplear el procedimiento excepcional de contratación conjunta de proyecto y obras, de conformidad con el artículo 234.1 de la LCSP.

— Hay un anteproyecto o, en su caso, unas bases técnicas a las que debe ajustarse el proyecto.

— Si procede, el contenido del informe de supervisión del proyecto emitido por la oficina técnica de supervisión o por un técnico competente de la Administración distinta del autor del proyecto es adecuado.

— Si procede, se acredita la disponibilidad de los terrenos.

— El órgano de contratación es competente y el PCAP identifica la unidad encargada de hacer el seguimiento y la ejecución del contrato, y el responsable.

— El tipo de contrato se corresponde con su naturaleza jurídica y, si procede, se utiliza el pliego tipo correspondiente.

— El PCAP define el objeto del contrato de manera que permite comprobar que el contratista cumple las obligaciones de forma exacta.

— Se incluye el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, con el desglose previsto en el artículo 100.2 de la LCSP.

— En el caso de contrato mixto, se ha desglosado el presupuesto para cada prestación.

— El PCAP contiene la determinación de los criterios de solvencia, los medios admitidos para acreditarlos, así como los valores mínimos admisibles.

— Si procede, el PCAP (o el documento descriptivo) prevé que la documentación sujeta a juicio de valor debe presentarse en un sobre o archivo electrónico independiente del resto de la proposición.

— El PCAP establece los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas.

— El PCAP establece las condiciones especiales de ejecución del contrato mínimas que exige la normativa de aplicación.

— La forma de pago del precio prevista en el PCAP se ajusta a la legislación contractual y de finanzas.

— El PCAP prevé la posibilidad de modificar el contrato, y las condiciones, el alcance y los límites son correctos.

— Los criterios de adjudicación se ajustan a lo previsto en las guías de fiscalización de la Intervención General.

— Se propone como procedimiento de adjudicación el negociado sin publicidad y concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 168 de la LCSP.

— Se propone como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo y se cumple alguno de los supuestos de aplicación del artículo 167 de la LCSP.

— En el caso de reconocer primas o compensaciones a los participantes en un procedimiento de diálogo competitivo, el documento descriptivo fija su cuantía y consta la retención de crédito correspondiente.

— Se propone como procedimiento de adjudicación el procedimiento restringido y constan en el PCAP los criterios objetivos de solvencia de acuerdo con los cuales se elegirán los candidatos invitados a presentar proposiciones.

T02 Proyectos y obras

A01800 Adjudicación y compromiso del gasto

T02 Proyectos y obras

A02000 Certificados de obra

— En el primer certificado de obra, hay un proyecto con un informe favorable de la oficina técnica de supervisión o de un técnico de la Administración.

— En el primer certificado de obra, el proyecto está aprobado por el órgano competente.

— Existe el acta de replanteo previo, en la que se constata la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto aprobado.

— El director de la obra ha validado el certificado de obra y está pendiente de que el órgano de contratación lo apruebe.

— Los importes de los certificados de obra se corresponden con los derivados de la relación valorada y el resto de documentación que se adjunta.

— En el caso de hacer un anticipo regulado en el artículo 240.2 de la LCSP, esta posibilidad está prevista en el PCAP.

— En el caso de hacer un anticipo regulado en el artículo 240.2 de la LCSP, se ha prestado la garantía exigida.

— En el caso de hacer una revisión de precios el informe del servicio competente se manifiesta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 103.5 de la LCSP y la concurrencia de las circunstancias pertinentes para aplicar la cláusula de revisión de precios incluida en el PCAP.

— La factura se adjunta con los requisitos establecidos en las normas vigentes, debidamente registrada y conformada por los servicios destinatarios de la prestación que se ha llevado a cabo.

T02 Proyectos y obras

A02300 Supuestos específicos de liquidación del proyecto

— En los supuestos en que, de acuerdo con el artículo 234.3 de la LCSP, el órgano de contratación y el contratista no llegan a un acuerdo sobre los precios o, de acuerdo con el artículo 234.5 de la misma ley, la Administración renuncia a ejecutar la obra, los aspectos comprobados en la liquidación de los trabajos de redacción de los correspondientes proyectos son los relativos a la liquidación de los contratos de servicios.

T03 Suministros

A02400 Expediente inicial. Aprobación

— Hay un PPT suscrito por el servicio correspondiente y no hay incongruencias con los aspectos del cuadro de características del contrato objeto de fiscalización.

— En el caso de contrato de suministro declarado de contratación centralizada, si el expediente se separa de los contratos, los acuerdos marco o los SDA formalizados por la Central de Contratación, se adjunta un informe justificativo de las causas que fundamentan su licitación.