Barbón fija los límites del Gobierno de Asturias: rechazo a que Cataluña salga del régimen común y no a la ordinalidad
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Estas imágenes pertenecen a Página Oficial del Gobierno de Asturias
Adrián Barbón ha apelado hoy a la trayectoria historia del Gobierno de Asturias respecto a la financiación autonómica. "Nuestro planteamiento es el de siempre; el de ayer, el de hoy y el de mañana", ha enfatizado. Apoyado sobre esa coherencia, el presidente del Prinipado ha puesto dos límites claros: rechazo a que Cataluña abandone el régimen común y no rotundo a la aplicación del principio de ordinalidad.
Reincorporado tras unos días de descanso, Barbón ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno y, acto seguido, ha ofrecido una rueda de prensa. Con la gran mayoría de los integrantes del Ejecutivo en la sala -sólo faltaron la titular de Salud, de baja médica, y la de Cultura, ausente-, se ha pronunciado sobre el preacuerdo negociado entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya. Si esa alianza sale adelante, el socialista Salvador Illa será presidente de la Generalitat.
"Yo soy de los que quieren que Salvador sea presidente", ha precisado Barbón, quien ha admitido que ambos han conversado recientemente. Este deseo no le ha impedido plantear sus objeciones al contenido del preacuerdo con ERC y, en especial, a dos cuestiones clave: el concierto fiscal para Cataluña y la ordinalidad.
Las comunidades autónomas forman parte de un sistema común de financiación, con dos excepciones, el País Vasco y Navarra, con régimen foral. De aplicarse lo acordado entre el PSC y Esquerra, Cataluña pasaría a una situación similar. Gestionaría sus propios ingresos y aportaría al Estado una parte (una especie de cupo). Ello detraería recursos a la caja común.
La ordinalidad es otra de las bases del entendimiento con los republicanos. Según este principio, las comunidades deben recibir en función de lo que aportan. A trazo grueso: si una es la que más da, también debe ser la que más reciba. Esto tendría efectos importantes sobre la distribución de recursos. De hecho, sólo tres comunidades -Madrid, Cataluña y Baleares- son contribuyentes netas. De alguna manera, la ordinalidad es un freno para la solidaridad interterritorial.
Barbón ha rechazado de plano tales propuestas. Al mismo tiempo, ha invocado una y otra vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano donde están representados el Gobierno del Estado y todas las comunidades en pie de igualdad- para debatir este tipo de asuntos. Así, ha defendido la multilateralidad.
El presidente ha insistido en que todos estos criterios no son nuevos para el gobierno ni para los socialistas asturianos. Están incluidos en el acuerdo alcanzado entre todos los grupos parlamentarios, salvo VOX, en la Junta General (2020); reflejados en la Declaración de Santiago firmada por ocho gobiernos autonómicos (2021); recogidos en las resoluciones del último congreso de la Federación Socialista Asturiana (2022) y expresados tanto en los programas electorales de la FSA y Convocatoria por Asturias como en el pacto de gobierno (2024).
Con estos precedentes, el Gobierno de Asturias "mantiene la posición de siempre". Con esta afirmación, Barbón ha salido al paso de las acusaciones de silencio y tibieza lanzadas por la derecha a lo largo de los últimos días. En este sentido, ha recordado que se han pronunciado tanto la presidenta en funciones, Gimena Llamedo, como el consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez.
Para el jefe del Ejecutivo, el contenido de esos documentos no deja lugar a dudas: es necesario reformar el "obsoleto" sistema de financiación, todas las comunidades necesitan más recursos, la multilateralidad y la solidaridad son indispensables y Asturias precisa que se mejore la ponderación de factores como el envejecimiento demográfico, la dispersión poblacional o la orografía, porque todos ellos encarecen la prestación de los servicios públicos.
Durante su intervención, también ha aprovechado para reiterar un compromiso: en cualquier foro en el que participe, el Gobierno de Asturias hará valer su posición, aunque sea a costa de votar en contra del criterio del Ejecutivo estatal.
